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Nota: A continuación publicamos artículos periodísticos, que consideramos de interés público, en lo referente a los temas de delitos económicos y financieros, crimen internacional organizado, delitos de cuello blanco, trafico internacional de personas, terrorismo, y todo lo concerniente que permita informar y prevenir como es la política de U.S. InterAmerican Affairs, citando la fuente de información y con el único propósito de servicio público. (algunos artículos han sido publicados originalmente en ingles y  traducidos al español)  -  U.S. Inter-Affairs, International Division

 

 

 

 

 

 

BankAtlantic pagará una multa de $10 millones

GERARDO REYES

El Nuevo Herald Abril 26 2006

BankAtlantic, una de las instituciones financieras más grandes del sur de la Florida, acordó pagar $10 millones al gobierno de Estados Unidos por fallas en su sistema de detección de operaciones de lavado de dinero presuntamente producto del narcotráfico, informó ayer desde Washington el Departamento de Justicia.

''Los controles internos inefectivos, pruebas independientes inefectivas, correctivos inefectivos... llevaron a un fracaso por parte del BankAtlantic en el reporte oportuno de transacciones sospechosas y en prevenir adecuadamente el uso del banco para el lavado de dinero'', afirma la declaración factual de un acuerdo judicial firmado por representantes del banco y funcionarios de la división de confiscaciones y lavado de dinero del Departamento de Justicia.

En un documento de información criminal radicado en la corte Federal de Fort Lauderdale, la fiscalía acusó al banco de un cargo por no mantener un programa contra el lavado. El banco se acogió a un acuerdo judicial de postergación de un encausamiento.

El presidente del banco, Alan B. Levan, reconoció que hubo deficiencias en el cumplimiento de la ley para prevenir el lavado.

''Desde entonces [cuando fueron notificados de la acción] hemos trabajado incansablemente para asegurar que estamos cumpliendo la ley y otras regulaciones... estamos contentos de que hemos dejado este tema en el pasado'', dijo Levan en una declaración publicada por el banco en su sitio en internet. El acuerdo judicial no identifica los nombres de los cuentahabientes involucrados ni de los beneficiarios finales de las operaciones de lavado, pero sí describe la forma en que una de las sucursales del banco fue usada para depositar los dividendos producto presuntamente de la venta de drogas.

 Según la declaración factual, oficiales encubiertos de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA) recibían dinero en efectivo, entre $150,000 y $500,000, de recaudadores callejeros que trabajaban para narcotraficantes.

En espera de las instrucciones de los expertos en lavado de la organización criminal, la DEA depositaba el dinero en una cuenta encubierta de un banco.

Al recibirse las instrucciones, los agentes se percataron de que más de $7 millones debían ser depositados en varias cuentas del BankAtlantic manejadas por el gerente de una sucursal. El gerente no fue identificado.

A pesar de que las cuentas donde fue depositado ese dinero mostraban varias señales obvias, ''que debían poner en alerta a BankAtlantic de un creciente riesgo de lavado'', el banco no identificó ni reportó las actividades sospechosas, afirma el sumario.

Entre las actividades sospechosas, los investigadores señalaron el flujo de transferencias cablegráficas de numerosas cuentas en Estados Unidos e internacionales, cuyos fondos eran enviados luego, en cheques o en forma cablegráfica desde estas cuentas, a individuos y empresas generalmente dedicados el negocio de exportación en Colombia, y no relacionados en nada con los remitentes.

El movimiento de una de las cuentas sospechosas fue analizado durante cuatro años y arrojó actividades que definitivamente debían encender las alarmas antilavado del banco, según el gobierno.

Según el documento, el gerente de la sucursal del banco tenía estrecha amistad con las personas relacionadas con las cuentas sospechosas

 

Declaraciones del Presidente Busch en Nueva York, sobre la responsabilidad Corporativa
 

Regent Wall Street
Nueva York, Nueva York

EL PRESIDENTE: Gracias a todos. Muchísimas gracias por esa cálida bienvenida. Me complace volver a estar en la Ciudad de Nueva York. La Ciudad de Nueva York es un símbolo único de la creatividad y el carácter y la capacidad de recuperación de los Estados Unidos. Durante los últimos 10 meses, los neoyorquinos han mostrado a un mundo que observaba el verdadero espíritu de su ciudad, (aplauso) un espíritu que respeta la pérdida, recuerda a sus héroes y sigue adelante con determinación y con confianza.

La gente de esta ciudad está escribiendo uno de los capítulos más grandiosos de la historia de nuestra nación, y todos los estadounidenses están orgullosos de Nueva York. (Aplauso.)

He venido a la capital financiera del mundo para hablar sobre un serio problema para nuestros mercados financieros y la confianza en la cual se respaldan. Los delitos que se están descubriendo en algunos sectores del mundo corporativo de Estados Unidos están amenazando el bienestar de muchos trabajadores y muchos inversionistas. En este momento, la mayor necesidad económica de Estados Unidos son altos estándares éticos, estándares que se hacen cumplir por leyes estrictas y son respaldados por los dirigentes responsables del comercio.

La atracción de utilidades inquietantes a fines de los años 1990 dio lugar a abusos y excesos. Con la aplicación estricta de la ley y estándares éticos más altos, debemos iniciar una nueva era de integridad en el mundo corporativo de Estados Unidos.

Quiero agradecerle a Bill por su presentación. No hay como ser reciclado. (Risas y aplausos.) Pero gracias por invitarme. Es un honor para mí conocer a su familia y al Tío Jack. (Risas y aplausos.)

Agradezco mucho que el Secretario O'Neill y el Secretario Evans viajen hoy conmigo. Quiero agradecerles a los miembros de la delegación de Nueva York, los Senadores Schumer y Clinton, además del Congresista Fossella y el Congresista Rangel. Agradezco tanto al alcalde, mi amigo, el alcalde, por estar acá para saludarme al salir del helicóptero. Gracias, señor alcalde, y gracias por la gran labor que está realizando en Nueva York. (Aplauso.)

Es un honor para mí que el Cardenal Egan esté acá. Y valoro tanto ver a John Whitehead, el presidente del Lower Manhattan Development Corporation. Y gracias a todos por venir, también.

La economía estadounidense, nuestra economía, está basada en la confianza, la convicción que nuestro sistema de libre empresa continuará siendo uno de los más poderosos y más prometedores del mundo. Esa confianza está justificada. Al fin y al cabo, la tecnología estadounidense es la más avanzada del mundo. Nuestras universidades atraen el talento del mundo. Nuestros trabajadores y rancheros y agricultores pueden competir con cualquiera en el mundo. Nuestra sociedad retribuye el trabajo duro y la ambición honesta, lo cual atrae a nuestras orillas a gente de todas partes del mundo que comparte nuestros valores. La economía estadounidense es el sistema más creativo y emprendedor y productivo jamás ideado. (Aplauso.)

Podemos estar confiados porque Estados Unidos está dando todos los pasos necesarios para combatir y ganar la guerra contra el terrorismo. Estamos reorganizando el gobierno federal para proteger al territorio nacional. Estamos acorralando a los terroristas que procuran crear caos. Mi compromiso, y el compromiso de nuestro gobierno, es total. No aplacaremos hasta que los crueles homicidas hayan sido encontrados, desorganizados y vencidos. (Aplauso.)

Podemos estar confiados debido a los logros asombrosos de los trabajadores y empresarios estadounidenses. A pesar de lo que pasó el año pasado, desde la desaceleración económica hasta el ataque terrorista, la productividad de los trabajadores ha aumentado en un 4.2 por ciento durante los últimos cuatro trimestres. Durante el primer trimestre de 2002, la economía tuvo una tasa de crecimiento anual que supera el seis por ciento. Aunque queda mucho trabajo por hacer, los trabajadores estadounidenses han desafiado a los pesimistas y han sentado las bases para una recuperación sostenida.

Estamos confiados porque estamos procurando reformas a favor del crecimiento en Washington, D.C. El año pasado aprobamos el mayor recorte tributario en una generación, el cual fomentó la creación de puestos de trabajo y aumentó el gasto de los consumidores en el momento adecuado. Para bien del crecimiento a largo plazo, le estoy pidiendo al Congreso que haga permanentes los recortes tributarios. Le estoy pidiendo al Congreso que se me sume para promover el libre comercio, el cual abrirá mercados nuevos y creará mejores puestos y estimulará la innovación. Le pido al Congreso que colabore conmigo para aprobar un proyecto de ley de seguro contra el terrorismo, para dar a las compañías la seguridad que necesitan para crecer y construir. (Aplauso.) E insistiré en, y si es necesario, impondré la disciplina en los gastos federales para que podamos cumplir con nuestras prioridades nacionales sin socavar nuestra economía.

Tenemos mucho por lo cual estar confiados en los Estados Unidos. Sin embargo, nuestra economía y nuestro país necesitan un tipo adicional de confianza, la confianza en el carácter y la conducta de todos nuestros dirigentes del comercio. La economía estadounidense está de subida actualmente, mientras que la fe en la integridad fundamental de los dirigentes estadounidenses del comercio está siendo menoscabada. Casi todas las semanas traen noticias mejores sobre la economía y el descubrimiento de fraudes y escándalos, problemas que se iniciaron hace mucho tiempo pero que están saliendo a la luz ahora.

Nos hemos enterado de algunos dirigentes del comercio que obstruyen la justicia y engañan a los clientes, falsifican documentos, ejecutivos del comercio que abusan de la confianza y del poder. Nos hemos enterado de funcionarios ejecutivos principales que ganan miles de millones de dólares en bonos justo antes que sus empresas quiebren, dejando que los empleados y los jubilados y los inversionistas sufran. Las páginas de negocios de los diarios estadounidenses no deberían lucir como las páginas de escándalos.

La gran mayoría de los hombres y mujeres de negocios son honestos. Tratan bien a sus empleados y a sus accionistas. No toman atajos éticos y su trabajo ayuda a crear una economía que es la envidia del mundo.

Sin embargo, los actos muy publicitados de decepción han debilitado la confianza de la gente. Demasiadas corporaciones parecen estar disociadas de los valores de nuestro país. Estos escándalos han dañado la reputación de muchas empresas buenas y honestas. Han perjudicado a la bolsa. Y lo peor de todo, están perjudicando a millones de personas que dependen de la integridad de los negocios para su sustento y su jubilación, para su tranquilidad de espíritu y su bienestar económico.

Cuando los abusos como este comienzan a aflorar en el mundo corporativo, es hora de reafirmar los principios y las reglas básicas que hacen que el capitalismo funcione: cuentas honestas y personas honestas, y leyes contra el fraude y la corrupción bien aplicadas.

Toda inversión es un acto de fe y la fe se logra con la integridad. A la larga, no existe capitalismo sin conciencia; no existe riqueza sin carácter.

Y entonces, hoy nuevamente hago un llamado a una nueva ética de responsabilidad personal en la comunidad del comercio; una ética que aumente la confianza de los consumidores, haga que los empleados estén orgullosos de sus compañías y nuevamente recobre la confianza del pueblo estadounidense.

Los dirigentes del comercio más respetados del país, entre ellos muchos reunidos hoy acá, toman esta ética muy en serio. La Business Roundtable, la New York Stock Exchange, el NASDAQ han propuesto todos directrices para mejorar la conducta y la transparencia corporativa. Éstas incluyen requisitos que miembros independientes conformen la mayoría del directorio de una empresa; que todos los miembros de los comités de auditoría, nominación y compensación sean independientes; y que todos los planes de opción de compra de acciones sean aprobados por los accionistas. Hago un llamado a las bolsas de valores a que adopten estas reformas sensatas, estas reformas de sentido común, tan pronto como sea posible.

La auto-regulación es importante, pero no es suficiente. El gobierno no puede remover los riesgos de las inversiones, lo sé, o la oportunidad del mercado. Pero el gobierno puede hacer más para promover la transparencia y asegurarse que los riesgos sean justos. Y el gobierno puede asegurar que aquellos que violen la confianza del pueblo estadounidense serán castigados.

Reformas audaces y detenidamente consideradas deben exigir la integridad sin entorpecer la innovación ni el crecimiento económico. Desde las leyes antimonopolistas del Siglo XIX hasta las reformas de ahorros y préstamos de épocas recientes, Estados Unidos ha afrontado los problemas financieros cuando han surgido. Estas medidas que estoy proponiendo siguen esta tradición y deben ser acogidas por toda compañía honesta en los Estados Unidos.

Primero, emplearemos toda la fuerza de la ley para exponer y arrancar de raíz la corrupción. Mi gobierno hará todo en su poder para poner fin a los días de falsificar las cuentas, distorsionar la verdad y violar nuestras leyes.

Hoy, por decreto presidencial, creo un nuevo Corporate Fraud Task Force (Destacamento de Fraude Corporativo), encabezado por el Procurador General Adjunto, el cual tendrá como blanco los fraudes importantes de contabilidad y otras actividades criminales en las finanzas corporativas. El destacamento operará como una fuerza especial de crímenes financieros, la cual supervisará la investigación de embaucadores corporativos y hará que rindan cuentas.

También estoy proponiendo nuevas y duras sanciones penales para el fraude corporativo. Esta ley duplicará de cinco a 10 años las sentencias máximas para aquellos declarados culpables de crímenes financieros. Defraudar a los inversionistas es un delito serio y el castigo debe ser tan serio como el crimen. Le pido al Congreso que refuerce la habilidad de los investigadores de la SEC para que congelen temporalmente los pagos indebidos a ejecutivos corporativos y que apruebe leyes más estrictas para prevenir la destrucción de documentos corporativos para esconder crímenes.

En segundo lugar, estamos sacando la contabilidad corporativa de las tinieblas para que el público inversionista tenga una noción verdadera y justa y puntual de los activos y los pasivos de las compañías que se cotizan en la bolsa. La mayor transparencia expondrá a las compañías malas y, tan importantemente, protegerá la reputación de las buenas.

Para exponer la corrupción corporativa, hace cuatro meses le pedí al Congreso fondos para colocar 100 nuevos agentes del orden en la SEC. Y hago un llamado al Congreso para que tome medidas rápidas sobre esta solicitud. Hoy anuncio que mi gobierno le está pidiendo al Congreso $100 millones adicionales durante el próximo año para darle a la SEC los agentes y la tecnología que necesita para hacer cumplir la ley. Si hay más escándalos escondidos en el mundo corporativo de Estados Unidos, debemos encontrarlos y exponerlos, para que podamos comenzar a recobrar la confianza de nuestro pueblo y el ímpetu de nuestros mercados.

También he propuesto un Accountability Plan for American Business (Plan de Responsabilidad para los Negocios Estadounidenses) de diez puntos, concebido para brindar mejor información a los accionistas, designarles responsabilidades precisas a los funcionarios corporativos y desarrollar un sistema de auditoría más poderoso e independiente. Este plan se asegura que la SEC tome medidas enérgicas y afirmativas.

Los funcionarios corporativos que se beneficien de falsos informes contables deben perder el derecho a todo el dinero ganado por medio del fraude. Un ejecutivo cuya compensación está ligada al rendimiento de su compañía gana más dinero cuando le va bien a la compañía. Eso está bien y eso es justo cuando la contabilidad es legítima. Sin embargo, cuando la compañía usa la decepción, la decepción en la contabilidad para esconder la realidad, los ejecutivos deben perder toda su compensación, toda su compensación, adquirida por medio del engaño.

A los dirigentes corporativos que abusen de la confianza del público nunca se les debe otorgar esa confianza nuevamente. La SEC debería poder castigar a los dirigentes corporativos que han abusado de su poder al prohibirles de poder desempeñarse nuevamente como funcionarios corporativos o miembros del directorio de una corporación cotizada en la bolsa. Si un ejecutivo es culpable de fraude categórico, su renuncia no es suficiente. Sólo una prohibición de ocupar altos puestos en otra compañía puede proteger a los otros accionistas y empleados.

Mi plan de responsabilidad también requiere que los funcionarios ejecutivos principales garanticen personalmente los balances anuales de sus firmas. Actualmente, un funcionario ejecutivo principal firma un certificado nominal y lo hace simplemente en nombre de la compañía. En el futuro, la firma de un funcionario ejecutivo principal también debe ser su certificación personal de la veracidad y equidad de las declaraciones de situación financiera. Cuando uno firme una declaración, dará su palabra y deberá cumplir con ella.

Y ya que los accionistas de los Estados Unidos necesitan tener confianza en las declaraciones de situación financiera inmediatamente, la SEC ha ordenado que los dirigentes de casi mil compañías públicas grandes certifiquen que la información financiera que presentaron durante el año pasado buena y fue exacta.

También he hecho un llamado para que la SEC adopte reglas nuevas para garantizar que los auditores sean independientes y no estén comprometidos por conflictos de intereses.

La Cámara de Representantes ha aprobado una ley necesaria para fomentar la transparencia y la responsabilidad en los negocios estadounidenses. El Senado también necesita tomar medidas rápidas y responsables para que pueda promulgar una buena ley.

En tercer lugar, mi gobierno protegerá los intereses de los pequeños inversionistas y los titulares de pensiones. Más de 80 millones de estadounidenses son dueños de acciones y muchos de ellos son nuevos en el mercado. Comprar acciones les da una oportunidad de acumular riqueza a largo plazo y este es el tipo de inversión responsable que debemos promover en los Estados Unidos. Para promover la propiedad de acciones, debemos asegurarnos que los analistas den consejos honestos y que los planes de pensiones traten justamente a los trabajadores.

Los analistas de valores deben ser consejeros fiables, no vendedores con intenciones encubiertas. Debemos prevenir que los analistas promuevan a compañías malas porque resultan ser clientes de su propia firma para consejos sobre emisiones de seguros o fusiones. Este es un conflicto total de intereses y haremos cumplir enérgicamente las nuevas reglas de SEC contra esta práctica, reglas que entran en vigor hoy.

Y las bolsas deben asegurarse que los analistas asesores den y los términos que utilicen tengan un significado real para los inversionistas. "Compre" no debería ser la única palabra del vocabulario de un analista. Y nunca debería decir "retenga" cuando en realidad quieren decir "venda".

Los pequeños inversionistas tampoco deberían tener todo en su contra cuando se trata de administrar sus propios fondos para la jubilación. Mi propuesta de reforma de pensiones trataría a los ejecutivos corporativos igual que los trabajadores durante los llamados periodos de bloque cuando se prohíbe que los empleados realicen transacciones en sus cuentas. Lo que es justo para los trabajadores es justo para los jefes. (Aplauso.)

Mi propuesta de reformas da a los trabajadores información trimestral sobre sus inversiones. Da a los trabajadores más acceso a asesoría sólida sobre inversiones y les permite diversificar las acciones de la compañía. La Cámara de Representantes ha aprobado estas medidas; urjo al Senado a que haga lo mismo.

Las leyes y regulaciones más estrictas serán de ayuda, serán de ayuda.

Sin embargo, al fin de cuentas, la ética del comercio estadounidense depende de la conciencia de los dirigentes del comercio de Estados Unidos. Necesitamos hombres y mujeres de buen carácter, quienes conozcan la diferencia entre la ambición y la avaricia destructiva, entre los riesgos justificados y la irresponsabilidad, entre la iniciativa y el fraude.

Nuestras facultades de administración de empresas deben ser maestros con principios sobre lo correcto y lo incorrecto, y no deben sucumbir a la confusión moral ni al relativismo. Nuestros dirigentes del comercio deben sentar expectativas altas y claras de conducta, demostradas por su propia conducta. Los dirigentes responsables del comercio no deben abandonar el barco durante épocas difíciles. Los líderes responsables no cobran inmensos bonos cuando baja dramáticamente el valor de la compañía. Los dirigentes responsables no llevan a casa miles de millones de dólares en compensación mientras sus compañías se preparan a declararse en bancarrota, arrasando con las tenencias de los inversionistas.

Todos dentro de una compañía deben cumplir con altos estándares. Pero la carga de la responsabilidad pertenece correctamente al funcionario ejecutivo principal. Los CEOs dictan el curso ético de sus compañías. Dictan el tono moral por las decisiones que toman, el respeto que les muestran a sus empleados y su avenencia a rendir cuentas por sus acciones. Dictan el tono moral al mostrar su desaprobación de otros ejecutivos que desacreditan al mundo de los negocios.

Y una de las maneras principales que los CEOs dictan el tono ético es por medio de su compensación. Los términos de su sueldo envían un mensaje claro sobre si un líder comercial está dedicado al trabajo en equipo o al enriquecimiento personal. Indican a uno si su objetivo principal es la creación de riqueza para los accionistas o la acumulación de riqueza para sí mismo.

Actualmente la SEC requiere una declaración anual de la compensación del CEO. Pero esta información a menudo está enterrada en un largo poder notarial de accionistas y rara vez vista, rara vez vista, por los accionistas. Desafío a todos los funcionarios ejecutivos principales en los Estados Unidos a que describan en el informe anual de sus compañías, de manera prominente, en lenguaje sencillo, los detalles sobre sus términos de compensación, incluso salario y bonos y beneficios. Y el CEO, en ese informe, también debe explicar por qué sus términos de compensación son en el interés de la compañía a la que presta servicios.

Aquellos que ocupan cargos en los directorios corporativos tienen responsabilidades. Urjo a los miembros de directorios que revisen la calidad de los balances de sus compañías; a que hagan preguntas difíciles sobre los métodos de contabilidad; a que exijan que las firmas de auditoría no tengan obligaciones con el CEO; y a que se aseguren que la compensación a los ejecutivos principales esté de acuerdo con la realidad y el sentido común. Y desafío a los comités de compensación a que pongan fin a todos los préstamos por la empresa a los funcionarios corporativos.

Los accionistas también necesitan dejarse oír. Deberían exigir un directorio atento y activo. Deberían exigir miembros del directorio realmente independientes. También deberían exigir que los comités de compensación retribuyan el éxito a largo plazo, no el fracaso. Los accionistas deben exigir que se rindan cuentas no sólo durante las malas épocas, sino especialmente durante las épocas de bonanza, cuando la contabilidad falla a menudo. Los accionistas conforman el grupo más importante de una compañía y deberían actuar como tal.

Los años 1990 fueron una década de tremendo crecimiento económico. Como nos estamos enterando ahora, también fue una década durante la cual la promesa de utilidades rápidas permitió que las semillas del escándalo brotaran repentinamente. Se ganó muchísimo dinero, pero demasiado a menudo se pusieron los estándares de lado. Sin embargo, el sistema empresarial estadounidense no nos ha fallado. Algunas personas deshonestas le han fallado a nuestro sistema. Ahora viene la urgente labor de hacer cumplir la ley y reformar, impulsada por una nueva ética de responsabilidad.

Aún mostramos que los mercados pueden ser tanto dinámicos como honestos, que la riqueza y la prosperidad perdurable se forjan sobre la base de la integridad. Al reafirmar los mejores valores de nuestro país, reclamaremos la promesa de nuestra economía.

Los líderes en esta sala le dan una brújula ética al sistema de libre empresa y la nación los respeta por ello. Necesitamos esa influencia ahora más que nunca. Quiero agradecerles por ayudar a restaurar la confianza de la gente en el comercio estadounidense. Quiero agradecerles por su amor por el país. Y quiero agradecerles por darme la oportunidad de venir y dirigirme a ustedes hoy.

Que Dios los bendiga a todos. (Aplauso.)

 

El Sistema Financiero Suizo frente al Lavado de Dinero

Embajada Suiza en los EE.UU.

Que es la Plaza Financiera Suiza?

El sector financiero suizo (Bancos, Aseguradoras, Agentes, Asesores) representa el 11% del Producto Bruto Interno y genera unos 220.000 empleos. 120.000 de estos trabajan en alguno de los 369 bancos, de los cuales cerca de 150 son propiedad de extranjeros. Suiza tiene un rol destacado a nivel mundial en el negocio de gestión de patrimonio. Unos 2500 Billones de dólares estadounidenses son administrados, de los cuales el 56% de este dinero pertenece a extranjeros. Las instituciones financieras suizas están presentes en todo el mundo donde emplean unas 190.000 personas.

Mas de 150 años de estabilidad política, una larga experiencia, de transparencia, hicieron de la plaza financiera suiza un líder global. Suiza garantiza al inversor nacional y extranjero discreción y protección. Simultáneamente dispone de modernos instrumentos para combatir el lavado de dinero, el fraude fiscal y delitos económicos.

Suiza ya no es un santuario para los fondos de origen criminal

Berna, 16.02.2005. Los fondos de Abacha bloqueados en Suiza representan un importe total de 505 millones de dólares. De esta suma, 458 millones de dólares pueden ser ya restituidos a Nigeria, ya que el Tribunal federal ha confirmado, en los puntos principales, la decisión de restitución tomada por la Oficina federal de justicia (OFJ). El Tribunal federal considera, sin embargo, que la procedencia delictiva del resto de los fondos de Abacha no es manifiesta. Esta es la razón por la cual 40 millones de dólares permanecerán, por el momento, bloqueados en Suiza, mientras que otros 7 millones de dólares serán transferidos a una cuenta bloqueada en Nigeria. Nigeria se ha comprometido a utilizar las sumas restituidas para financiar varios proyectos de ayuda al desarrollo. En el caso Abacha, Suiza ha demostrado una vez más que no es un santuario para los fondos de origen criminal y que actúa de manera enérgica contra la utilización abusiva de sus instituciones financieras. En su decisión de 18 de agosto de 2004, la OFJ establecía que la mayor parte de los fondos de Abacha bloqueados en Suiza eran manifiestamente de origen delictivo y ordenaba, por ello, su restitución a Nigeria. Posteriormente, en su sentencia de 7 de febrero de 2005, el Tribunal federal ha llegado igualmente a la conclusión de que la mayor parte de estos fondos, es decir, alrededor de 458 millones de dólares, es manifiestamente de origen criminal y que esta suma puede ser, por tanto, restituida a Nigeria sin que sea necesario que exista una decisión para su confiscación por parte del Estado requirente. Esta posibilidad permitirá una restitución rápida de los fondos al país perjudicado. En este ámbito, Suiza ha sido el primero, de todos los países donde se han encontrado fondos malversados, en restituirlos a Nigeria sobre la base de una decisión de sus autoridades.

40 millones de dólares siguen bloqueados en Suiza…
Por el momento, siguen bloqueados en Suiza haberes por un importe de 40 millones de dólares, ya que el Tribunal federal estima que no se reúnen las condiciones necesarias para restituirlos sin que exista una decisión sobre su confiscación. Se presume, en cualquier caso, que estos fondos son igualmente de origen criminal, ya que están sometidos al poder de decisión de una organización criminal. Corresponderá a los poseedores de esos fondos aportar pruebas de lo contrario, a falta de las cuales la OFJ ordenará su restitución a Nigeria.

…y 7 millones de dólares serán transferidos a una cuenta bloqueada en Nigeria
En lo que concierne a una pequeña parte de los haberes de Abacha bloqueados en Suiza, que representan 7 millones de dólares, el origen delictivo es sólo probable. Estos fondos serán, pues, transferidos a una cuenta bloqueada en Nigeria. Las autoridades de este país no podrán disponer de ellos hasta que no se haya dictado una sentencia sobre su confiscación.

Ahora que ya es firme la sentencia de la OFJ sobre la restitución, la Fiscalía del cantón de Ginebra va a desbloquear los fondos de Abacha, que se encuentran congelados como consecuencia de una sentencia dictada en el marco de un procedimiento penal cantonal. Posteriormente, la OFJ ordenará la transferencia de los fondos al Banco Internacional de Pagos, en beneficio de Nigeria.

Fondos destinados a proyectos de ayuda al desarrollo
Durante la primavera de 2004, tanto el Presidente de Nigeria, D. Olusegun Obasanjo, como su Ministra de Finanzas, Dña. Ngozi Okonjo-Iweala, declararon a las autoridades suizas que los haberes de Abacha restituidos a Nigeria serían destinados a proyectos de ayuda al desarrollo en favor de la población pobre y rural, en los campos de la salud pública y de la educación, así como para la construcción de infraestructuras (carreteras, suministro de agua y de electricidad). Suiza y Nigeria coinciden en que la utilización de estos fondos debe hacerse con la mayor transparencia. Actualmente, ambas partes están llevando a cabo conversaciones sobre las modalidades concretas que permitirán verificar cómo serán utilizados estos fondos.

Varios años de colaboración
Desde 1999, las autoridades suizas han colaborado estrechamente y con éxito con las autoridades nigerianas en el caso Abacha, apoyándose en una legislación eficaz (en particular, la Ley sobre el blanqueo de dinero y la Ley sobre cooperación penal internacional). Además de los numerosos documentos de cooperación remitidos a Nigeria, Suiza ha restituido ya más de 200 millones de dólares a este país, gracias a acuerdos entre las personas concernidas y las autoridades nigerianas, y como resultado de las decisiones de confiscación de la Fiscalía del cantón de Ginebra.

El Secreto Bancario

El secreto bancario suizo protege los datos de los clientes ante particulares y autoridades públicas. Similar al secreto profesional de los médicos y abogados, es una expresión de la protección de la esfera privada de los ciudadanos.

Pero este secreto no es absoluto. Es levantado cuando existan sospechas sobre actividades criminales (Terrorismo, crimen organizado, lavado de dinero, corrupción, defraudación fiscal, etc.)

En Suiza no existen cuentas anónimas. El Banco está obligado a conocer la identidad del titular de la cuenta y dado el caso, del verdadero beneficiario de esa cuenta.

Muchos otros países hacen uso del secreto bancario. Los aplicados en Luxemburgo y en Austria son los más similares al suizo.

Una Plaza Financiera Limpia e Integra como prioridad para Suiza

Una Plaza Financiera internacional puede ser confiable solamente cuando el flujo ilegal de dinero es combatido. Suiza dispone para esto de una de las leyes más modernas y rigurosas a nivel mundial contra el lavado de dinero.  Además le brinda asistencia jurídica a otros países para rastrear y bloquear bienes de origen criminal. La Plaza Financiera Suiza es un puerto poco recomendable tanto para ladrones comunes como para delincuentes políticos. Los casos Montesinos (Perú), Milosevic (Yugoslavia) o Abacha (Nigeria), muestran solo algunos casos en los que Suiza colaboró exitosamente con países extranjeros en la identificación, bloqueo y devolución de fondos.

La Plaza Financiera y los temas Fiscales

En Suiza la simple evasión fiscal (la no declaración o declaración falsa de impuestos), en contraposición con el fraude fiscal no es un delito penal. Sin embargo, la evasión fiscal es castigada con altas multas. Suiza brinda asistencia jurídica solo cuando se trata de fraude fiscal. Esto significa cuando alguien para evadir impuestos hace uso de documentos adulterados como balances, libros u otros certificados de terceras personas. No obstante, Suiza no es un paraíso fiscal. Un impuesto anticipado del 35% que se aplica en forma automática en la fuente, a los beneficios activos ( intereses, rentas, dividendos), impide de manera eficaz la evasión fiscal. Este impuesto es el más alto de todos los países industrializados miembros de la OECD

Suiza colabora activamente en cuestiones de cooperación fiscal internacional. Con relación a la propuesta de la Unión Europea de imposición sobre el ahorro y los intereses, Suiza preconiza una solución basada en el modelo del impuesto anticipado suizo compatible con la tradición fundamental suiza de proteger la
esfera privada

Como tomo contacto con un Banco Suizo?

Los Bancos Suizos más importantes disponen en Internet de información sobre sus servicios financieros. Accediendo al sitio de Internet de la Asociación Suiza de Banqueros se puede acceder al listado de los bancos asociados a esta entidad con sus correspondientes enlaces: www.swissbanking.org. También puede ver una selección de bancos en el siguiente sitio privado de Internet: http://www.swissmoney.net/direct.htm

La Embajada no dispone ni brinda informaciones bancarias o financieras, como tampoco asesoramiento en la apertura de cuentas bancarias.

Como obtengo información acerca de una cuenta bancaria en Suiza?

a) En caso de un delito

El secreto bancario no protege a criminales. En el caso de un delito, un juez suizo puede levantar el secreto. Capitales ilegales son rastreados, confiscados y restituidos al propietario.

Suiza le brinda asistencia jurídica a otros países si se sospecha que fondos de origen ilegal han sido depositados en bancos suizos. La ley federal sobre la asistencia jurídica internacional en materia penal fue revisada en los años 90 con el propósito de facilitar y acelerar los pedidos de asistencia de terceros países.

En síntesis, los requisitos necesarios para solicitar asistencia jurídica son los siguientes: La entidad extranjera responsable de la investigación penal (juez, fiscal) debe formular un pedido en el que describa de manera clara y precisa los hechos del crimen, presente los artículos del código penal –español- aplicables y fundamentar su sospecha de que por ese delito bienes ilegales han sido depositados en Suiza. En la medida que ese delito sea punible en suiza, las autoridades aceptarán el pedido. Para obtener informaciones o para bloquear una cuenta en Suiza, las autoridades necesitan de algunos datos elementales para
identificar la cuenta, tales como localidad y nombre de la institución bancaria. La simple presunción acerca de la posible existencia de una cuenta en Suiza no es dato suficiente.

Puede encontrar más información acerca de la prestación de asistencia jurídica en materia de asuntos penales en la siguiente página de Internet:
http://www.ofj.admin.ch/i/index.htm. Ante consultas adicionales, la Embajada se encuentra a su disposición.

b) Ante demandas civiles

También ante demandas civiles (p. ej. Divorcio, Alimentos, Herencias, Quiebras, etc.) es posible obtener informes o bloquear una cuenta bancaria en Suiza. Cuando el titular de la cuenta no se declare voluntariamente dispuesto a levantar el secreto bancario, es necesaria la decisión de un juez suizo. Desde el extranjero dicha solicitud tal debe ser presentada como un pedido de asistencia jurídica. En general el Convenio de la Haya sobre la obtención de pruebas en el extranjero (ley No. 23.480) constituye el instrumento legal idóneo para conseguir esta información. Dado que en demandas civiles es más complejo el procedimiento y las posibilidades de oposición del contrario son mayores que en los casos penales, es aconsejable contratar un abogado en Suiza. En estos casos también la simple suposición de la existencia de una cuenta en Suiza no es suficiente. Para poder proceder el juez en Suiza debe disponer de los datos necesarios para identificar la cuenta (Localidad, Institución Bancaria).

Informes sobre una Cuenta en un Banco Suizo en un Tercer País

La obtención de informes depende del derecho vigente en el país en el cual esa cuenta se encuentra. Las autoridades suizas carecen de medios legales o medidas para actuar sobre bienes que se encuentren fuera de su jurisdicción.

Bienes depositados en Bancos Suizos antes y durante la Segunda Guerra Mundial

En el caso de bienes que fueron depositados en bancos suizos antes o durante la segunda guerra mundial es responsable actualmente el así denominado “Claims Resolution Tribunal” a las demandas de las víctimas -o de sus herederos- de la persecución del Nacionalsocialismo  El plazo para presentar reclamos finalizó en Agosto de 2001.

Otras Cuentas Inactivas / Desconocidas en Bancos Suizos

Aquellas personas que suponen de la existencia de bienes en un banco suizo desconocido, sobre los cuales tienen derecho, pueden solicitar al Ombudsman de los Bancos Suizos la búsqueda de esos bienes. Este trámite tiene un costo de CHF 100.-Esta posibilidad de búsqueda se limita a bienes desconocidos. En consecuencia, no se aplica a relaciones activas o terminadas entre un cliente y su banco suizo.

Ombudsman de los Bancos Suizos - Schweizerischer Bankenombudsmann
Schweizergasse 21
Postfach 1818
8021 Zürich

 

Autoridades comienzan a ocupar bienes adquiridos con dineros del tráfico de personas

Diario el Tiempo Enero 26 de 2006

La ofensiva, con fines de extinción de dominio, está a cargo de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía y la Dijín de la Policía.

La cacería a estas propiedades, la primera que se realiza contra propiedades adquiridas con dinero procedente de ese delito, comenzó hace unos días con una operación en Pereira contra una red dedicada a enviar mujeres como trabajadoras sexuales a Japón.

En la primera etapa del operativo, fueron ocupados seis lujosos apartamentos y casas en condominios cerrados, localizados en exclusivos sectores en Pereira y Dosquebradas (Risaralda). A esto se suma la ocupación de una reconocida empresa. Estos bienes están avaluados en cerca de tres mil millones de pesos.

Según el proceso, los bienes habrían sido adquiridos con los dineros producto de esas actividades ilícitas.

Parte de las ganancias de la explotación sexual era entregada por las mujeres a los miembros de la organización en cuentas bancarias situadas en Europa y en Colombia.

La investigación nació luego de la captura, en el 2004, de María Victoria Morales, señalada de ser la cabeza de la red que enviaba las mujeres desde Colombia a Hong Kong, donde al parecer eran contactadas por la temida mafia de la Yakuza.

Eran engañadas

A través de seguimientos e interceptaciones telefónicas, las autoridades descubrieron que la mujer, junto con algunos miembros de su familia, contactaba a las jóvenes para trabajar en modelaje y espectáculos, pero finalmente terminaban en prostitución.

Junto a María Victoria fueron detenidos Ubeni Velásquez, John Alexander Gaitán, Egner de Jesús Velásquez, Lorena Velásquez, Luis Carlos Montoya Ramírez y Ricardo Arturo Morales, quienes terminaron haciendo confesiones.

Contra ellos pesa una medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, por trata de personas y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la Fiscalía “las casas pertenecen a miembros de una misma familia dedicada a la trata de personas”.

La organización, según la Dijín, engañaba a sus víctimas ofreciendo un trabajo bien remunerado en Japón.

“Para ello, (las mujeres) debían adquirir una deuda de aproximadamente 15 mil dólares– más 30 millones de pesos– que supuestamente serían pagados en los primeros tres meses de trabajo”, señalan los investigadores.

Pero cuando llegaban a Hong Kong, las enviaban a diferentes lugares del territorio asiático, donde, señala el expediente, eran “retenidas y sometidas a maltrato físico y explotación sexual.
Además, la deuda adquirida terminaba siendo pagada hasta tres veces y su familia en Colombia era sometida a amenazas”.

Giros de miles de dólares

Ante la justicia, Ubeni Velásquez, una de las detenidas, admitió que trabajó en prostitución en Hong Kong para María Victoria Morales, a quien le giró cerca de 10 mil dólares.

John Gaitán, compañero de la jefe de la banda, dijo que vivió con ella en Hong Kong donde hizo giros por más de 23 mil dólares. También dijo que recibió consignaciones, entre 1998 y el 2004, por 105 mil dólares. Egner de Jesús Velásquez, primo de Morales, aceptó recibir giros por 18 mil dólares.

Lorena Velásquez, prima de Morales, dijo que recibió consignaciones por 59 mil dólares y que parte del dinero la utilizaba para pagar pasajes aéreos, ropa y documentos de la mujeres.

 

Una mujer relata cómo fue contratada para ‘lavar’ euros

 Diario el Tiempo Abril 14 de 2006

La cita fue a las 7 en punto de la mañana en un concurrido centro comercial del occidente de Bogotá.

Dos hombres sentados en una camioneta y acompañados de una señora cercana a los 50 años esperaban la llegada de cuatro mujeres jóvenes. Días antes las había contactado por intermedio de conocidos para ofrecerles trabajo por un solo día, cuya ganancia sería de unos 50 mil pesos, por cambiar algunos euros.

Una vez llegaron al carro, la principal recomendación que les hizo la señora es que preguntaran estrictamente lo necesario y que no contaran nada, porque sabían quiénes eran ellas y dónde vivían sus familias.

La mujer que relata esta historia tiene 24 años. Ella asistió a la cita con un pantalón negro y una blusa blanca que le resaltaba su cuerpo delgado, porque les pidieron mostrarse atractivas.

Cuando se subió al carro, preguntó: "Bueno, cómo es lo del trabajo".

"Es muy simple –dijo uno de los hombres de acento caleño– nosotros les vamos entregando euros y ustedes los cambian por pesos. Eso no tiene problema. Les pagamos el 1 por ciento de lo que alcancen a cambiar".

La señora les dio otras explicaciones. Les aconsejó estar tranquilas porque lo que iban a hacer no es delito, sino que se trataba de una forma de pagar impuestos. En las casas de cambio –les advirtió– les pedirán la cédula, les preguntarán dónde viven y alguna referencia.

Empezaron el recorrido en un centro comercial. A cada una le dieron inicialmente unos 2 mil euros. Las siguieron los dos hombres que no les quitaban los ojos de encima.

Durante todo el día, el grupo recorrió distintas casas de cambio en la ciudad. Cada una cambió entre 40 y 50 millones de pesos. El dinero lo iban van entregando a los dos hombres. Solo se detuvieron unos 30 minutos al mediodía para un almuerzo corriente.

En cada una de las casas dijeron la misma historia. Sin pensarlo, sus datos fueron quedando registrados. La mujer dice que lo hizo porque estaba sin trabajo. Fue reportada en las bases de datos de las casas de cambio ante las autoridades y ahora está dispuesta a colaborar con la justicia porque dice que no sabía lo que hacía.

En todo caso, esta persona hizo parte de una de las nuevas modalidades del denominado ‘pitufeo’, que consiste en lavar divisas en pequeñas cantidades.

La Fiscalía y la Policía están ahora tras estas bandas que cada día buscan a personas para legalizar dinero extranjero por 50.000 pesos diarios.

Muchas personas contratadas para cambiar euros y dólares en casas de cambio no saben que pueden ser registradas en bases de datos y ser vinculadas a casos de lavado de activos.

Así son las modalidades del ‘pitufeo’

  1. Las organizaciones delictivas, especialmente la mafia, utilizan ‘mulas’ para ingresar al país millonarias sumas de dinero en euros y dólares, producto de sus actividades ilícitas.

  2. Las autoridades también han detectado que a través de algunas casas de cambio los ‘narcos’ consignan el dinero, en cantidades pequeñas y a nombre de distintas personas.

  3. Los delincuentes contactan en especial a hombres y mujeres jóvenes desempleados, de bajo nivel académico. Unos para cambiar la plata que llega en efectivo y otros para cobrar los giros.

  4. Ellos cambian millonarias sumas de euros y dólares en casas de cambio, sin saber que sus nombres pasarán a los reportes de las autoridades y serán vinculados al delito de lavado de dinero.

 

Legislación de Estados Unidos pone en las mismas condiciones a víctimas y terroristas

The Washington Post

Por la Ley Patriota, cualquiera que ayude, así sea a la fuerza, a un grupo terrorista, es considerado un peligro para la seguridad nacional de E.U.

Varios editoriales de la prensa estadounidense critican por estos días la posición asumida por la administración Bush que, por cuenta de la Ley Patriota, pone bajo el mismo rótulo a quienes llegan a este país en busca de asilo y a los terroristas.

Como ejemplo, el diario 'The New York Times' expone el caso de dos colombianos. El primero, forzado por paramilitares a excavar una tumba sin saber si terminaría reposando en ella. El segundo, el de una mujer que le ofreció un vaso con agua a un guerrillero de las Farc que se acercó a su casa. En ambas circunstancias, E.U. ha negado la posibilidad de que sean admitidos en el país como refugiados o asilados pues, a su juicio, “las acciones equivalen a proporcionar apoyo material a una organización terrorista”, denuncia el diario.

Esta es la situación, según reportes del Comité para las Refugiados e Inmigrantes (Uscri) y la Alta Comisaría de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), de otros 2.000 colombianos y cientos de miles de personas alrededor del mundo a los que se les ha cerrado la puerta a E.U. por estar “vinculados” con agrupaciones terroristas, así sean sus víctimas.

Esta “injusticia”, como la catalogan los principales medios de E.U –entre ellos, editoriales de 'The New York Times', 'The Washington Post' y 'Los Ángeles Times'–, es producto de la 'Patriotic Act', una ley aprobada por el Congreso de E.U. tras los atentados del 11-S y que acaba de ser renovada.

La intención original de la Ley, entre otras cosas, era impedir que miembros de grupos terroristas utilizaran el programa de reubicación y asilo que maneja el Departamento de Estado para ingresar al país.

Sin excepciones

El problema está en que al renovarlo, los legisladores ampliaron la definición de quién es un terrorista y/o sus asociados para incluir a cualquier persona que haya tenido vínculos con un grupo armado así sea indirecto.

La ley, por ejemplo, no contiene excepciones que excluyan a personas forzadas a respaldar a uno de estos grupos, o para niños y mujeres, o para aquellos que hicieron contribuciones mínimas que datan de hace más de 40 años.

Es el caso de disidentes cubanos que se opusieron a Fidel Castro en la década de los 60 o de los miembros del Congreso Nacional Africano que luchó contra el régimen del Apartheid en Suráfrica.

Incluso, previene sobre el ingreso de aliados de E.U. como miembros de la Alianza Norte, que lucharon hombro a hombro con las tropas de E.U.durante la invasión de Afganistán para derrocar al régimen talibán.

De acuerdo con el Uscri, la ley también afecta a miles de personas que, tras ser perseguidas por brutales regímenes en Myanmar, Somalia y Liberia, escaparon confiadas en que se les ofrecería una segunda oportunidad en E.U.

Mencionan el caso de una mujer en Liberia a la que le asesinaron a su padre y que fue violada en repetidas ocasiones por rebeldes en ese país que la mantuvieron secuestrada durante varios días.
Su caso, fue referido por la propia Acnur, pues su petición de asilo fue rechazada porque la mujer se vio obligada a lavar ropa para los guerrilleros que la retenían y eso ahora es considerado apoyo material a un grupo armado.

“Esta ampliación de la ley es irresponsable y cruel contra personas que ya de por sí son víctimas de estos grupos y que merecen un lugar en E.U.” editorializó el 'Post'.

Llaman a rectificar

En Colombia, decía 'Los Ángeles Times', las Farc secuestran civiles y exigen recompensas por su devolución. También cobran impuestos de guerra, bajo amenaza en regiones que controlan.

“Ahora a 2.000 personas que enfrentaron tales circunstancias, y que abandonaron el país tras ser cataloga-dos refugiados por la ONU, se les ha negado refugio en E.U.”, sostiene el diario. Más grave aún, la ONU –el organismo internacional que se encarga de referir a E.U. a candidatos para recibir asilo–, ha dejado de recomendar a los colombianos en esta situación pues no cumplen con los nuevos parámetros establecidos por E.U.

De acuerdo con el presidente del Comité Judicial de la Cámara, James Sensenbrenner, que apadrinó este aparte de la ley, la administración Bush cuenta con el poder de realizar excepciones caso por caso si así lo decide. Pero hasta el momento, ninguna se ha presentado.

Para el 'Post', el Congreso debe corregir cuanto antes este error que está haciendo pagar a justos por pecadores.

 

En Colombia aumenta 120% decomiso de dólares ilegales

Associated Press

El director general de aduanas informó el miércoles que el ingreso de dólares ilegales aumentó en Colombia en un 120% en los primeros seis meses de 2006, al llegar el decomiso a cerca de 15 millones de dólares.

Juan Ortiz aseguró al Servicio de Noticias del Estado que se levantaron 216 actas de retención del dinero. El 40% de las personas involucradas precisó desconocer la norma que prohibe el ingreso o salida de divisas por más de 10.000 dólares, mientras que el 60% lo hizo de forma fraudulenta.

El funcionario explicó que ha pedido la colaboración de las agencias de viajes para que informen a sus clientes sobre la restricción que existe con el ingreso de divisas en efectivo.

El Banco de la República, con funciones de banca central, determinó a partir de 2004 controlar el ingreso o salida del país de moneda extranjera en efectivo como un mecanismo que evita el lavado de activos.

La violación a este control acarrea, la retención del papel moneda, una multa del 30% sobre el exceso de los 10.000 dólares permitidos por ley y en caso extremo la condena por blanqueo de dinero con una pena mínima de ocho años de prisión.

 

Casinos, ¿para quién? Para lavar dinero?

Luis Rubio

Diario la Opinion Los Angeles
 

Pocos temas causan tanta confusión y ruido como el de los casinos. Igualmente falsos son los temores exagerados de sus detractores como las promesas irredentas de desarrollo que postulan sus proponentes. En los casinos se confrontan dos mundos incompatibles: el de los moralistas y mojigatos que ven amenazada su visión del mundo, con el de los monopolistas usureros que suponen (o prometen, casi siempre en forma gratuita) que sus pingües ganancias son extendibles a las comunidades en que se establecen. Ambos extremos en el debate argumentan con vehemencia sus posturas, generando más barullo que información comprensible y útil para la sociedad y las autoridades responsables del tema. Como tema económico que es, el de los casinos, tiene que evaluarse desde una perspectiva económica: ¿en qué medida contribuyen al desarrollo económico del lugar en que se establecen? Es desde este punto de vista que tiene que determinarse su conveniencia.

Los males asociados a los casinos son bien conocidos. Desde tiempos remotos, los casinos han sido un vehículo excepcionalmente propicio al desarrollo de mafias, narcotraficantes, evasores de impuestos y otros oficios ilegales que requieren de mecanismos diversos para legalizar sus ingresos o, como se dice hoy en día, para lavar su dinero. Y, en realidad, es difícil imaginar un mecanismo más simple para legitimar dineros mal habidos: una persona llega con carretadas de dinero en efectivo, compra fichas para jugar en el casino y, luego de ganar o perder algo de su dinero, vuelve a la caja del establecimiento para entregar las fichas y obtener un cheque. El dinero que comenzó siendo ilegal ha sido íntegramente lavado: el delincuente puede ahora ir a un banco y depositar el cheque, argumentando que se trata de ganancias de un buen día, lleno de suerte, en el casino más cercano.

Aunque claramente se trata de una caricatura, la escena no es del todo irreal. No por casualidad los casinos han sido uno de los blancos favoritos de las autoridades monetarias y judiciales en todos los países en que existen. Pero muchos países han logrado limpiar esos negocios e introducir reglas que impiden el lavado del dinero, lo que reduce sensiblemente la probabilidad de que éstos caigan en manos de esas mafias y sus intereses colaterales.

Una buena estructura reguladora y una supervisión adecuada a través de la presencia inteligente y eficiente de las autoridades, así como una política de concesión de licencias que se guíe por los criterios adecuados y cuide que las empresas concesionarias sean expertas en la operación limpia y legal de los casinos, garantizaría la honorabilidad de estos establecimientos. En este sentido, por lo menos en un plano conceptual, no existiría argumento alguno para impedir la operación de casinos en el país. Sin embargo, dada nuestra historia de concesiones, regulaciones y efectividad en la supervisión gubernamental, las preguntas que los mexicanos nos tenemos que hacer son muy evidentes: ¿Habrá la regulación idónea? ¿La supervisión será eficaz? ¿Las concesiones se otorgarán por mérito?

Una segunda línea de crítica a los casinos tiene su origen en la percepción de que el juego que se practica en esos lugares corrompe y que, por esa razón, debe ser vedado en el territorio nacional. Esta fuente de preocupación no es nueva y los casinos no son su único blanco. La misma preocupación existe en torno a diversos programas televisivos, películas pornográficas, múltiples publicaciones y otras manifestaciones que atentan contra el statu quo. A diferencia de la problemática de las mafias y el lavado de dinero, en el tema de la moralidad se enfrentan dos formas muy específicas de concebir al mundo: por un lado, la de quienes creen que debe existir una moral y que todo mundo debe aceptarla y seguir sus lineamientos, y la de quienes creen que tienen derecho a actuar y manifestarse de acuerdo a sus propios valores y principios. Se trata de diferencias filosóficas fundamentales que, simplemente, no se van a resolver. Pero el punto medular en esta discusión se refiere a un tema un tanto distinto: si el gobierno debe estar facultado para velar por la integridad moral de la sociedad.

La moral y el crimen organizado tienen dinámicas propias que son parte natural de cualquier debate en torno al establecimiento de casinos y toda la parafernalia con que vienen asociados. Pero el debate sobre este tipo de actividad debería centrarse en donde es más vulnerable: en el plano económico. Los argumentos en favor del establecimiento de casinos siempre ignoran los temas morales y criminales para concentrarse en los beneficios económicos. Sostienen que los casinos son imanes naturales del turismo y que generan una gran derrama económica, razón por la cual --de autorizarse-- se convertirían en una fuente inagotable de ingresos para el país y para las localidades en que operan. La lógica parece impecable.

Pero la experiencia en otros países no ha sido tan exitosa. Si bien es cierto que algunos casinos funcionan de maravilla, emplean a un número importante de gente y atraen turismo, la mayor parte de los experimentos en esta materia es menos buena. El ejemplo que con más frecuencia se utiliza para abogar en favor de los casinos es el de Las Vegas, en Estados Unidos.

Sin embargo, diversos estudios muestran que Las Vegas es la excepción y no la regla. Se trata de una excepción por tres razones: primero, porque esa ciudad se creó ex profeso para el desarrollo de los casinos y, por lo tanto, no llegaron a sustituir u opacar a ninguna otra actividad económica; segundo, porque los casinos de esa localidad se encuentran tan lejos de cualquier otra cosa, que los turistas gastan todo su dinero en el lugar, generando una gran derrama económica. Esta situación difícilmente se repetiría en caso de que los casinos se instalaran en ciudades previamente existentes. Finalmente, Las Vegas es un ejemplo falaz porque su éxito residió en el monopolio que por décadas detentó en el vecino país. Es cierto que la competencia ha dañado poco a Las Vegas, pero no ha levantado al resto de los casinos que, tratando de copiar el ejemplo, se han creado a diestra y siniestra en Estados Unidos.

La experiencia, sobre todo estadounidense, ha sido mala, esencialmente por dos razones. En primer lugar, porque el supuesto milagro económico que se asocia con los casinos no se ha materializado. Los empleos adicionales que se han creado bajo su amparo han sido muy pocos y típicamente de bajo nivel salarial. Además, por lo general, han substituido a otras fuentes de empleo que han desaparecido como consecuencia del establecimiento de estos negocios. Es decir, el beneficio neto ha sido relativamente pequeño. Quizá más importante, el costo de oportunidad de esos empleos acabó siendo prohibitivo en un sinnúmero de casos: es decir, la existencia de los casinos impidió que se desarrollaran otro tipo de inversiones por ser incompatibles con dicha actividad, lo que disminuyó el beneficio para las comunidades respectivas.

Pero la experiencia norteamericana también ha sido mala por una segunda razón: las "externalidades negativas", como dicen los economistas, o las consecuencias no deseadas del establecimiento de los casinos han sido significativas. Algunos costos se elevaron de manera extraordinaria: desde los asociados al entrenamiento y el sueldo de más policías y de toda la estructura judicial y de supervisión, hasta los de mantenimiento de la infraestructura urbana, la limpieza, etcétera. Algunos estudios también incorporan el costo que para la sociedad implica el vicio, la desintegración familiar y demás que con frecuencia surge del juego. Un estudio al respecto concluye con una frase lapidaria: "Una vez que se toman en cuenta todos los costos adicionales, es difícil saber quién se beneficia excepto los dueños de los casinos".

Los costos indirectos --tanto sociales como políticos-- de la operación de casinos son muy difíciles de determinar. Cada sociedad tiene distintas perspectivas al respecto: en algunos lugares la existencia de casinos se ha asociado de manera causal con el crecimiento de la criminalidad, esta vez relacionada con jugadores compulsivos que incurren en deudas enormes que no pueden sufragar. En algunos países europeos se ha establecido una correlación entre el juego y la baja productividad, y en todos ha crecido el gasto fiscal para supervisar la operación de los casinos y patrullar las calles aledañas y actividades colaterales.

Aunque es obvio que los costos sociales se elevan con la instalación de casinos, también lo es que una administración juiciosa tanto de la autorización de casinos, como de su operación, podría redundar en beneficios, ciertamente marginales, para el país. Pero lo anterior sólo sería válido en la medida en que existiera la estructura reguladora idónea y la eficacia en la supervisión. Dada nuestra experiencia en estos menesteres, la probabilidad de que esta condición se cumpla es irrisoria. Además, lo que la experiencia internacional muestra es que, aun si se descuentan todos los efectos negativos de la instalación de casinos, este tipo de negocios no constituye un instrumento para el desarrollo económico. En este sentido, es imperativo entender a los casinos como negocios para sus dueños y no como panaceas para el desarrollo. La pregunta es si estamos dispuestos a cargar con los costos sociales que esos negocios generan.

 

Blanqueo de dinero e hipocresía económica

Xavier Caño Tamayo - Diario la Opinion,Los Angeles

Según los cálculos realizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la ONU, anualmente se blanquean en el mundo más de 600,000 millones de dólares conseguidos por el delito organizado en todo el mundo. Ese lavado de enormes cantidades de dinero sucio es imposible sin el concurso~y la complicidad de buena parte del sistema financiero legal

Al hablar de dinero negro o sucio es preciso hacer algunas precisiones previas. Se denomina~así tanto al dinero obtenido en actividades delictivas como al proveniente de la evasión de impuestos, pero las cifras que vamos a dar se refieren al dinero que es fruto del crimen organizado.

Ese es un dinero negro que se lava o blanquea, según el término acuñado hace más de 60 años en Chicago, en el esplendor de los gángster, para utilizarlo en el sistema económico legal. Según los cálculos realizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la ONU, anualmente se blanquean en el mundo más de 600,000 millones de dólares conseguidos por el delito organizado en todo el mundo; este dinero se lava utilizando el sistema bancario legal.

Para hacerse una idea del enorme volumen de dinero blanqueado, esta cantidad es equivalente a un tercio de las reservas en divisas de todos los bancos centrales. Todo un pellizco que se obtiene, sobre todo, con la venta de cocaína, heroína y, en menor volumen, otras drogas ilegales. Según cálculos de la ONU, entre 350,000 millones y 400,000 millones de dólares son beneficios del narcotráfico. Muy buena parte de esos cientos de miles de millones de dólares, cuando están blanqueados, se invierten en deuda estatal en varios países y se hace de forma arriesgada, en productos especulativos y frágiles que buscan un rendimiento alto y rápido.

Es decir, los grandes delincuentes de este mundo controlan una parte muy importante de la deuda oficial de los países más vulnerables. Esa actitud y actividad especulativas del crimen global organizado han influido de forma importante en las crisis económico-financieras de los 80 y de los 90 (Latinoamérica, Sudeste asiático). Y entonces se pone en marcha un proceso perverso que coloca aún más en las manos del delito organizado global las economías de los países más frágiles. Los organismos financieros globales obligan a los países en crisis a tomar medidas de austeridad económica que empujan al cierre de las empresas y el aumento del desempleo; entonces crece la economía sumergida que es campo abonado para la economía criminal global.

Este proceso es tan evidente que así lo reconoció la ONU en su conferencia para la prevención del delito de El Cairo en 1995: "La penetración de los sindicatos del delito ha sido favorecida por los programas de ajuste estructural que los países endeudados se han visto obligados a aceptar para tener acceso a los préstamos del FMI".

Ya tenemos el panorama a la vista: por un lado, un volumen de dinero negro equivalente a un tercio de los depósitos oficiales de divisas de todo el mundo se blanquea y mete en el sistema legal, apoderándose lenta e implacablemente de buena parte de las economías más frágiles; por otro lado, ese lavado de enormes cantidades de dinero sucio es imposible sin el concurso~y la complicidad de buena parte del sistema financiero legal. No podría ser de otro modo.

El blanqueo de dinero preocupa oficialmente mucho a los poderes legales de nuestra Tierra. Se creó el Grupo de Acción Financiera (GAFI) que pretende controlar la limpieza de las operaciones bancarias y del comercio internacional en todo el orbe. También han surgido numerosas iniciativas como la Conferencia Anual Internacional sobre Lavado de Dinero, grupos policiales específicos contra el blanqueo en varios países, etc.

Pero toda la acción ejecutiva del GAFI, por ejemplo, consiste en publicar anualmente listas negras y grises sobre estados que no son suficientemente beligerantes contra el blanqueo de dinero. Y las actuaciones de la policía especializada, cuanto más, logran desmontar grupos dedicados al blanqueo de dinero que han conseguido lavar 50 millones o 150 millones de dólares en un año o en cuatro años.

En el blanqueo de dinero negro proveniente del delito organizado hay que tener en cuenta que esa actividad puede ser artesanal o al por mayor; hay que matizar que el problema grave es el blanqueo al por mayor.

Por ejemplo, si la policía desarticula un grupo fuera de la ley en Madrid que ha blanqueado unos 50 millones de dólares en el año 2000 eso está bien, pero nos interesa mucho más que se esclarezca el blanqueo de 200,000 millones de dólares en Estados Unidos, provenientes del saqueo de la URSS al privatizar el patrimonio público, y del delito organizado en ese país.

Ese proceso de blanqueo dio lugar a la creación de un subcomité~ en el Senado de EU y a multas a 32 bancos norteamericanos, pero no hubo ningún macrojuicio con docenas de magnates financieros procesados, habida cuenta de la magnitud de la cantidad blanqueada; sí lo hubo tras la llamada Operación Casablanca que desmontó una red en la que, curiosamente,~ sólo aparecieron implicados bancos mexicanos cuyos dirigentes fueron los únicos juzgados y condenados en México; en EU los juzgaron en ausencia y reclamaron su extradición, cosa que las autoridades mexicanas no autorizaron.

Lo que está fuera de toda duda es que las grandes entidades financieras se prestan al blanqueo de enormes cantidades de dinero negro por lo que perciben jugosas comisiones. Es impensable imaginar el blanqueo de dinero negro sin la colaboración y la lealtad de algunos --bastantes-- grandes bancos de actuación internacional.

Lo cierto es que, frente a las rasgaduras de vestidos de los organismos económicos globales ante el blanqueo de dinero, la solución está más al alcance de la mano de lo que pudiera temerse: acabar con la impunidad de los paraísos fiscales, medios imprescindibles para blanquear.

Más de 50 paraísos fiscales en todo el mundo garantizan a los delincuentes globales la posibilidad de blanquear todo el dinero del delito organizado. Desde Liechtenstein hasta la isla de Man y las Bahamas, pasando por Bermudas, Islas Vírgenes, Filipinas, Tonga, Panamá, Islas Mauricio, Aruba o Fidji y un largo etcétera aseguran la máxima opacidad y oscuridad a los cientos de miles de operaciones electrónicas financieras que lavan miles de millones de dólares. Los primeros paraísos fiscales nacieron durante la Guerra Fría de la mano de Gran Bretaña en territorios formalmente independientes, pero bajo el control o fuerte influencia de las autoridades británicas.

Hoy acogen más de cinco billones de dólares y son sede de un millón de sociedades y compañías, la mayoría de las cuáles apenas disponen de un pequeño despacho. Tapaderas.

~Y, con los paraísos fiscales, el secreto bancario, uno de los principales dogmas del neoliberalismo, garantiza la libertad de los grandes delincuentes globales para blanquear tanto dinero sucio como el equivalente a la suma del Producto Interno Bruto (PIB) de los estados de rentas bajas de la Tierra. En 1994, la conferencia de la ONU para la prevención del Delito Transnacional decidió que había que luchar contra el delito organizado global atacándole en los beneficios, pero sólo fue capaz de acordar una recomendación: "Que los sistemas económicos sean más transparentes para reducir la vulnerabilidad de las actividades legítimas frente a la explotación de las organizaciones", y pidió que las leyes sobre el secreto bancario fueran menos estrictas. Pero el secreto bancario continúa.

Entre tanto, el blanqueo de dinero erosiona las instituciones financieras, modifica la demanda de dinero en efectivo, desestabiliza las tasas de interés y el tipo de cambio, aumenta la inflación de los países donde los delincuentes globales actúan bajo referencia y afectan a la estabilidad financiera de los países más vulnerables. Paraísos fiscales y secreto bancario garantizan la continuidad del blanqueo de dinero.~En última instancia, los delincuentes organizados globales son partidarios y practicantes de la desregulación total, el sueño dorado de cualquier neoliberal que se precie

 

Declaración de Lopez Obrador acusando a líderes de ser "delincuentes de cuello blanco" asusta al empresariado

Diario las Americas

MÉXICO -- La cúpula empresarial mexicana expresó su preocupación por las declaraciones del candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien dicen acusó a sus líderes de ser “delincuentes de cuello blanco” y traficantes de influencias.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Luis Barraza, envió una carta a López Obrador en la que señala que estas acusaciones se suman a otras del candidato cuando afirmó que los empresarios no pagan impuestos.
Estas frases, dijo Barraza, han generado “serias inquietudes en el sector productivo”.
El líder del CCE afirma que estas declaraciones resultan contradictorias, pues en otros mensajes López Obrador habla de acercamiento y conciliación con los distintos actores de la sociedad.
Esta agria polémica marca el final de la campaña presidencial mexicana que termina este miércoles con mítines masivos y una serie de duros mensajes televisivos que provocaron la polémica entre sectores empresariales y el candidato de izquierda y puntero en las encuestas, López Obrador.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula económica del país, hizo transmitir anuncios televisivos en los que pide a los mexicanos mantener las políticas públicas que se han ejercido en los últimos 10 años.
“Apostarle a algo distinto implicaría retroceso”, señala el anuncio.
“No son empresarios, son traficantes de influencias los que están haciendo esta campaña. Son delincuentes de cuello blanco los que no quieren que verdaderamente cambien las cosas en nuestro país, pero ya va les va llegar la hora, este 2 de julio”, arremetió el lunes López Obrador, ante 50.000 personas en Toluca. El CCE respondió con un comunicado a estas acusaciones en el que las califica como “un acto irresponsable que surge al calor de las contiendas electorales” y asegura que sus spots son “claramente apartidistas” y “válidos, sin distingos, para todos los candidatos”.
No obstante, acusa a López Obrador de generar “serias inquietudes en el sector productivo”.
El Instituto Federal Electoral (IFE) se limitó a pedir prudencia a los empresarios para “no incurrir en una posible inducción del voto hacia algún candidato o coalición”.
Otro spot más duro aún, que muestra la imagen del presidente venezolano Hugo Chávez, escenas violentas en Venezuela y que pide al votante que no defienda “con violencia” sus convicciones políticas, hizo que el IFE exigiera su retiro inmediato, tras una queja del gobierno de Caracas.
Hace un mes, el tribunal electoral ordenó al Partido Acción Nacional (oficialista) retirar otros anuncios que también usaban la imagen del mandatario venezolano.
En los últimos seis años, México ha estado gobernado por el conservador PAN, cuyo candidato, Felipe Calderón, sigue a López Obrador muy de cerca en los sondeos.
“Seré un presidente incluyente, tolerante y respetuoso de todos”, aseguró Calderón en un mítin en Querétaro (centro), aunque el candidato panista no olvidó acusar a López Obrador de “espanta-chambas (empleos)”.
“La pobreza no se alivia con promesas falsas, la pobreza no se alivia con mentiras a la gente”, acusó Calderón, en referencia a las promesas de su rival.
La candidatura de Calderón se vio empañada en los últimos días por acusaciones de que su cuñado, Diego Zavala, se benefició con contratos gubernamentales en los últimos años. Además, este martes, el IFE anunció que había comenzado una investigación sobre el presunto uso indebido del padrón por parte de Calderón, después de que una emisora de radio revelara que a través de su página de internet se podía acceder a los datos personales de los inscritos en él.
Los partidos políticos tienen acceso al padrón pero sólo para comprobar su validez y cualquier otro uso es un delito electoral, por lo que el Instituto Federal Electoral también presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”
Unos 71 millones de electores están convocados productivo”.
El Instituto Federal Electoral (IFE) se limitó a pedir prudencia a los empresarios para “no incurrir en una posible inducción del voto hacia algún candidato o coalición”.
Otro spot más duro aún, que muestra la imagen del presidente venezolano Hugo Chávez, escenas violentas en Venezuela y que pide al votante que no defienda “con violencia” sus convicciones políticas, hizo que el IFE exigiera su retiro inmediato, tras una queja del gobierno de Caracas.
Hace un mes, el tribunal electoral ordenó al Partido Acción Nacional (oficialista) retirar otros anuncios que también usaban la imagen del mandatario venezolano.
En los últimos seis años, México ha estado gobernado por el conservador PAN, cuyo candidato, Felipe Calderón, sigue a López Obrador muy de cerca en los sondeos.
“Seré un presidente incluyente, tolerante y respetuoso de todos”, aseguró Calderón en un mítin en Querétaro (centro), aunque el candidato panista no olvidó acusar a López Obrador de “espanta-chambas (empleos)”.
“La pobreza no se alivia con promesas falsas, la pobreza no se alivia con mentiras a la gente”, acusó Calderón, en referencia a las promesas de su rival.
La candidatura de Calderón se vio empañada en los últimos días por acusaciones de que su cuñado, Diego Zavala, se benefició con contratos gubernamentales en los últimos años. Además, este martes, el IFE anunció que había comenzado una investigación sobre el presunto uso indebido del padrón por parte de Calderón, después de que una emisora de radio revelara que a través de su página de internet se podía acceder a los datos personales de los inscritos en él.
Los partidos políticos tienen acceso al padrón pero sólo para comprobar su validez y cualquier otro uso es un delito electoral, por lo que el Instituto Federal Electoral también presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”
Unos 71 millones de electores están convocados

 

Gran Jurado: corrupción en agencia de vivienda

Por Vivian Crucet
DIARIO LAS AMÉRICAS

Un reporte de un Gran Jurado que se dispuso desde el otoño del 2005 por la Fiscalía Estatal de Miami Dade para investigar la administración de fondos en la Autoridad de Viviendas de Miami Dade, emitió su reporte final este viernes indicando que este organismo operaba con “amiguismo y corrupción”.
Este reporte sale a solo dos semanas que se descubrieran errores sustanciales que montan a millones de dólares en cuanto al Departamento de Urbanización y Viviendas ( HUD en inglés) del propio condado Miami Dade, ya que se ha pagado a urbanizadores para que construyeran viviendas a bajo costo y estos proyectos no se han llegado a realizar.
Analistas e investigadores de HUD a nivel federal, llegaron a Miami esta semana para averiguar dónde está el dinero y procurar su recuperación.
En este reporte, se indica que la Autoridad de Vivienda de Miami Dade es la sexta más grande en la nación, con un portafolio de $200 millones y gerencia de valores que suman los $800 millones.
Sin embargo, la investigación conducida por el Gran Jurado, puntualiza que la Oficina de Desarrollo Comunitario y Económico recibió $9 millones en concesiones monetarias ( “Community Development Block Grant”) para actividades de desarrollo y revitalización.
Casi un 40 porciento de las auditorias señalan que 80% de estos fondos se utilizaron para gastos personales y no para construcciones de casas.
Del programa “Surtax” que ofrece la oportunidad de comprar casa a personas que nunca han sido propietarios, con dos prestamos, uno bancario y otro de bajo porcentaje por medio del condado, se puntualiza que 25% de estos propietarios revendieron la casa sin pagarle después al condado y que la mayoría de las personas a las que se calificaron, no podrían hacerlo o porque no eran propietarios de primera vez, o porque sus ganancias eran o muy bajas o muy altas, según los requisitos. Los archivos no tenían guardada la mayoría de la documentación.
Igualmente, $14 millones de estos fondos de “Surtax”, se utilizaron en gastos no relacionados con las viviendas “en una manera que parece una violación de la ley”, dice el reporte. A la vez, se les hizo prestamos a urbanistas sin requerir por parte de ellos el pago de la tarifa de impacto del 1% en el interés de los prestamos.
“ Realmente hemos descubierto un historial de funcionarios públicos del condado a quienes o no les importa o no hacen su labor como es debido, sin supervisar o chequear con efectividad las iniciativas de viviendas del condado”, indican los integrantes del Gran Jurado.
Finalizan demandando que se haga una revisión total y que se involucre a la Oficia del Alcalde, a todos los Comisionados, el Administrador del condado y a todos los jefes de departamentos.


 

A EEUU le preocupa “debilidad” del sistema Judicial Panameño

Agencia EFE

El embajador de Estados Unidos en Panamá, William Eaton, expresó hoy su preocupación por lo que considera la “debilidad” del sistema judicial panameño que permite la impunidad de los poderosos y los políticos.
El diplomático estadounidense ofreció estas declaraciones a los periodistas, quienes le preguntaron sobre el asunto en momentos que llegaba al Ministerio Público (MP) para efectuar una visita a la procuradora general de Panamá, Ana Matilde Gómez.
Eaton señaló al respecto que “mi preocupación es la debilidad del sistema judicial aquí en Panamá”.
“Hay una cultura lamentable de impunidad para los poderosos aquí en Panamá y también con oficiales del gobierno, a veces, con los ricos, los que tienen poder”, indicó el diplomático.
El gobierno panameño no ha emitido ninguna reacción ante las declaraciones de Eaton. El asunto judicial ha llamado la atención de la opinión pública en las últimas semanas, a raíz de la muerte por envenenamiento del jefe antidrogas y antiterrorismo de la Policía Técnica Judicial (PTJ) de Panamá Franklin Mauricio Brewster, así como la renuncia del fiscal primero antidrogas del MP, Patricio Candanedo.
Candanedo, quien dirigió en Panamá la operación policial internacional “Océanos Gemelos” que desmanteló el cártel del narcotraficante colombiano Pablo Rayo Montaño, renunció y alegó la falta de apoyo y un “clima de hostilidad” contra él desde que culminó esa labor, en la que también participó Brewster.
Candanedo atribuyó los “ataques y reproches” a sectores que podrían estar vinculados directamente o indirectamente a personas afectadas por sus investigaciones. La procuradora negó en su momento que se haya producido una crisis en el MP por la renuncia de Candanedo y la muerte de Brewster.
Por su parte, el Canal 2 de la televisión panameña destacó que Eaton también expresó que su país sigue empeñado en ayudar a las autoridades judiciales en su lucha para combatir la corrupción y el crimen organizado.
El embajador estadounidense reveló además que para septiembre próximo se organiza un encuentro entre fiscales de su país y de Panamá, según la fuente.
 

 

Embajador de EEUU en Panamá aclara que no buscaba intervenir en asuntos internos

Agencia EFE

El embajador de EEUU en Panamá, William Eaton, aclaró hoy que sus recientes comentarios sobre sus preocupaciones por la corrupción y la justicia no tuvieron la intención de entrometerse en los asuntos internos del país. El diplomático ofreció una rueda de prensa, después de entrevistarse con el vicepresidente primero y ministro panameño de Relaciones Exteriores, Samuel Lewis Navarro, quien le invitó a la Cancillería para que precisara sus comentarios.
Indicó que sus comentarios “no fueron hechos con la intención de entrometerme en los asuntos internos de Panamá” y que deben ser interpretados “como las preocupaciones de un buen amigo cuyo gobierno tiene interés en un Panamá libre de corrupción”.
Eaton reconoció que en EEUU “tenemos también nuestros retos contra la corrupción”. Recalcó el apoyo del gobierno estadounidense a los esfuerzos de Panamá y de su presidente, Martín Torrijos, para combatir este flagelo. En los últimos dos años EEUU ha brindado a Panamá ayuda técnica en esta materia por un monto de dos millones de dólares, recordó Eaton.
Eaton también señaló que de manera continua su gobierno, a través del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), comparte con el de Panamá información para sus investigaciones y el combate a la corrupción.
El embajador señaló el pasado jueves a la prensa que “hay una cultura lamentable de impunidad para los poderosos aquí en Panamá y también con oficiales del Gobierno, a veces, con los ricos, los que tienen poder”. Expresó que su país sigue empeñado en ayudar a las autoridades judiciales panameñas en su lucha para combatir la corrupción y el crimen organizado.
Sobre estas declaraciones, Eaton dijo hoy a Efe que se puede considerar como un asunto superado, pero “que la conversación sobre la corrupción continúa, pues es un problema de ambos países”.
Por su aprte, Lewis señaló que el diálogo con Eaton fue “franco” y sobre temas de interés mutuo, como la cooperación entre ambos países en la lucha contra la corrupción y el delito organizado.
Manifestó que espera que en este proceso de cooperación “trabajemos de una manera abierta como lo hemos venido haciendo, para que esa lucha sea lo más efectiva posible”.
También agradeció la cooperación de EEUU, “que ha sido demostrada no solamente en palabras y en apoyo teórico, sino también en apoyos concretos a través de programas” y proyectos.
Lewis remarcó que la corrupción “es una preocupación compartida” entre los dos países, sobre la que continuará el diálogo, al igual que sobre otros temas de interés mutuo.

 

¿Qué es Lavado de Dinero? Investigaciones del IRS Servicio de Impuestos U.S.

Fuente Fincen U.S.


El término “lavado de dinero” se refiere a las actividades y transacciones financieras que son realizadas con el fin de esconder el origen verdadero de fondos recibidos.   En la mayoría de los casos, dicho dinero es ganado de manera ilegal y la meta es darle a ese dinero ilegal la apariencia de que proviene  de una fuente legítima.

¿Por qué IRS-CI,  Internal Revenue Services - Criminal Investigations  (Servicio de Rentas Internas Depto. de Investigación Criminal) por sus siglas en inglés, está  involucrado en investigaciones de Lavado de Dinero?

Una simple mirada a los periódicos es prueba de que los crímenes relacionados o motivados por dinero figuran en la mayoría de la actividad criminal en la nación.  La evasión de impuestos, corrupción pública, fraude en los servicios de salud, lavado de dinero y el narcotráfico, son ejemplos de los tipos de crímenes relacionados o motivados por el dinero. En estos casos, una investigación financiera es a menudo importante para  obtener una convicción.  Por esta razón, IRS-CI es una de las principales agencias  involucradas en investigaciones de lavado de dinero.

El lavado de dinero es un  crimen complejo de detalles intrínsecos, el cual usualmente involucra  numerosas transacciones y negocios financieros a través de todo el mundo.  IRS-CI tiene los investigadores financieros  y la destreza o conocimiento necesario para poder “rastrear el dinero”.

IRS-CI se enfoca en el lavado de dinero donde esta clase de conducta  viola las leyes de impuestos.  De acuerdo al IRS, el lavado de dinero es la manera mediante la cual los criminales evaden el pago de impuestos de ingresos ilegales al esconder el origen y la cantidad de la ganancia.  El lavado de dinero es en efecto, evasión contributiva activa.

Cuando no se pudo enjuiciar a "Al Capone"  por otros crímenes, el Servicio de Impuestos Internos  pudo obtener una convicción en su contra por evasión de impuestos.   Cuando un Al Capone completamente sorprendido salía de la Corte Federal, dijo: “Esto es absurdo.  ¡Ustedes no pueden cobrar impuestos sobre ingresos ilegales!” 

Si las leyes de lavado de dinero hubieran existido en los años 1930, Capone también hubiera sido acusado por estos delitos.  Desde octubre de 1986, cuando se aprobó la Ley Para el Control de Lavado de Dinero, miembros del  crimen organizado y muchos otros individuos han sido acusados y convictos por evasión de impuestos y lavado de dinero.

Cuando un criminal tiene una gran cantidad de ingresos ilegales, tiene que hacer algo con ese dinero para esconderlo del IRS.  Los criminales intentan lavar el dinero para que tenga una apariencia legítima, y así permitirles gastarlo o invertirlo en bienes sin la  intervención del IRS y las consecuencias contributivas.

Una de las maneras de lavar fondos ilegales es mover el dinero fuera de los Estados Unidos y luego introducirlo al país de nuevo,  de una manera limpia, usualmente disfrazado en forma de préstamo.  Otro método es canalizar o mezclar el dinero a través de varias actividades de negocio, para que de esta forma se le pueda dar una apariencia de origen legal al dinero.

¿Por Qué Una Investigación Financiera?
Las investigaciones financieras son por naturaleza,  intensas con relación a la documentación requerida.  Involucran por ejemplo, récords sobre cuentas bancarias o archivos de bienes raíces, los cuales apuntan hacia el movimiento del dinero.  Cualquier documento que pertenezca o que refleje la secuencia de eventos que apuntan hacia  el movimiento de dinero es importante.  La meta primordial en una investigación financiera es poder identificar y documentar el movimiento de dinero durante el transcurso de un crimen.  El enlace entre el origen del dinero, quién lo recibe, cuándo es recibido, y dónde es guardado o depositado, puede aportar  pruebas sobre la  actividad criminal.

Las investigaciones de IRS-CI que involucra casos de ingresos ilegales provenientes del lavado de dinero, son un componente vital  de la Estrategia Nacional Contra el Lavado de Dinero de la nación americana.  Las largas horas que conlleva el rastrear y documentar indicios financieros, nos permite que la investigación se dirija hacia los individuos involucrados en el lavado  de dinero y eventualmente al líder de la empresa criminal.

Un análisis financiero completo y la reconstrucción de la actividad ilegal (por ejemplo una organización de narcotráfico o una artimaña de abuso en fideicomisos), podrían documentar las actividades financieras relacionadas a ingresos no reportados en  declaraciones de impuesto  y lavado de dinero, los cuales son una clave para asegurar una convicción.

El lavado de dinero crea una economía clandestina  no tributaria que afecta la solidez de nuestro sistema económico.  Es una amenaza global que surge en nuestros sistemas financieros.

Historia – Lavado de Dinero  
La División Criminal (IRS-CI) fue establecida en el año 1919, y comenzó su primera investigación de narcóticos contra un traficante de opio de Hawai a principio de los años 1920, obteniendo el único cargo que pudimos: evasión de impuestos.  En aquél momento, millones de dólares estaban siendo lavados a través de instituciones financieras, sin pagar impuestos y los fondos siendo usados  en la compra de bienes y activos.  No había ningún otro rastro de papel en la institución bancaria, excepto records de la cuenta bancaria si el dinero era depositado.  Los bancos no tenían  la obligación de reportar las transacciones de grandes cantidades de dinero en efectivo.

En el 1970, el Congreso aprobó la Ley de Privacidad  Bancaria (Banking Secrecy Act, BSA, por sus siglas en inglés).

Con la aprobación de la ley BSA se introdujo el Informe de Transacción en Efectivo (Currency Transaction Report, CTR, Forma 4789); el Informe de Transportación  Internacional de Efectivo e Instrumentos Monetarios ( Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments, CMIR, Form 4790); y el Informe de Cuentas  Bancarias y Financieras  Extranjeras. ( Report of Foreign Bank and Financial Accounts, FBAR, Form TD F90-22.1).

La Ley de Privacidad  Bancaria creó un cause monetario en papel necesario para que los agentes de la ley y el orden pudieran rastrear los dólares sobre los cuales  no se pagan impuestos y los millones de dólares que están siendo lavados a través de bancos en los Estados Unidos. IRS-CI ha podido rastrear los datos para interrumpir y desmantelar, a través de estas investigaciones, y enjuiciar y confiscar bienes, de las más grandes organizaciones de drogas y lavado de dinero en la nación.

El IRS de Hoy

Aunque el fraude contributivo y la evasión de impuestos son de prioridad  para  el IRS-CI, los informes de efectivo y el lavado de dinero también son áreas de énfasis para el Servicio de Impuestos Internos.

Informe de Dinero en Efectivo – Lavado de Dinero

El Informe de Transacción de Efectivo (CTR por sus siglas en inglés) apareció cuando se aprobó la Ley Para el Informe de Transacciones en Efectivo y Extranjeras, mejor conocida como la Ley de Privacidad Bancaria (BSA por sus siglas en inglés), en el 1970.  Para el año 1975, solamente 3,418 CTR’s habían sido  presentados en los Estados Unidos.

Cuando la primera versión del CTR fue introducida, la única manera de informar transacciones sospechosas de menos de $10,000 era si el cajero del banco llamaba a un agente para proveer esa información.  Esto se debió primordialmente, a la preocupación de las instituciones financieras con relación a la Ley de Derecho a la Privacidad Financiera.  El 26 de octubre de 1986, con la aprobación de la Ley Para el Control de Lavado de Dinero, el Derecho a la Privacidad Financiera dejó de ser un obstáculo.

Como parte de la nueva ley, el Congreso dejó establecido que una institución financiera no puede ser expuesta a sanciones por proveer información de transacciones sospechosas a las agencias de ley y el orden.  Como resultado, la siguiente versión del CTR contenía un encasillado para marcar cuando se reportaban transacciones sospechosas.  Este  proceso estuvo en efecto hasta abril de 1996, cuando se introdujo el Informe de Transacción Sospechosa (Suspicious Activity Report, SAR por sus siglas en inglés).

Los informes de dinero en efectivo han cambiado desde que fueron introducidos en el 1970.  Ahora existen diferentes requisitos para diferentes tipos de instituciones financieras y no-financieras.

Estatutos Federales – Lavado de Dinero

El Código de Impuestos Internos del IRS tiene jurisdicción total sobre las violaciones criminales del Código de Impuestos Internos  (IRC por sus siglas en inglés), Título 26 del Código de Estados Unidos.  El Código de Impuestos Internos, Sección 61(a) define el ingreso bruto como “….todo  ingreso derivado de cualquier fuente”.  Esto ha sido aceptado en  los tribunales para incluir ingresos derivados de fuentes ilegales, tales como narcotráfico, desfalco, extorsión, fraude en seguros médicos, fraude en quiebras y otros crímenes.   Los estatutos criminales primarios (primary criminal statutes)  incluyen evasión de impuestos,  presentar declaración de impuestos falsa, y no presentar declaración de impuestos, entre otros.

Adicionalmente,  el Código de Impuestos Internos,
Sección 6050 I, requiere que cualquier negocio u ocupación, excepto instituciones financieras, reporte todo dinero efectivo recibido mayor de $10,000 en la Forma 8300.  Este requisito ha creado un impedimento significativo contra  el uso de fondos ilícitos por parte de narcotraficantes y otros involucrados en actividades ilegales en la compra de artículos de lujo, tales como vehículos, joyas y botes.  Las instituciones financieras proveen información similar en un Informe de Transacción en Efectivo.

Estatutos y Leyes Federales Aprobadas por el Congreso

Título 31, Código de Impuestos Internos, Sección 5331 – fue aprobada en el año 2001 como resultado de la Ley Patriota y duplica las provisiones de  reportar del Código de  Impuestos Internos, Sección 6050 I (Forma 8300).   El reporte dual de esta información ahora se puede proveer al IRS y al Departamento del Tesoro, Red Para el Cumplimiento de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés). 

Título 31 Código de Estados Unidos, Sección 5332 – También como resultado de la Ley Patriota, surge el Estatuto de Dinero en Efectivo Voluminoso. El IRS-CI tiene jurisdicción para investigar las violaciones a este estatuto.  Esto afecta a cualquier individuo que transporte o intente transportar dinero en efectivo  u otros instrumentos monetarios en exceso de  $10,000, desde un lugar en los Estados Unidos a otro lugar fuera de los Estados Unidos, o desde un lugar fuera de los Estados Unidos hacia dentro de los Estados Unidos, y con conocimiento lo esconde con el propósito de evadir los requisitos de reportar dicha transacción bajo el Título 31, Código de Estados Unidos 5316.  

Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1960 – El IRS tiene jurisdicción para investigar las violaciones al Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1960, el cual requiere a los Negocios de Servicios de Dinero que estén registrados con el Gobierno Federal. 

Ley de  Privacidad Bancaria (BSA por sus siglas en inglés) – La Ley de Informes de Dinero en Efectivo y Transacciones Extranjeras, Ley Pública No. 91-508, Título II, al igual que los requisitos de las instituciones financieras de mantener archivos, se dieron a conocer como la Ley de  Privacidad Bancaria (BSA).  La ley BSA dicta a que se reporten ciertas transacciones realizadas con una institución financiera (Forma 4789), y estipula el deber de divulgar las cuentas en el extranjero (TD F90-22.1), y el reportar la transportación de dinero en efectivo en exceso de $10,000 a través de las fronteras de los Estados Unidos (Forma 4790). 

La Ley Sobre el Control de Lavado de Dinero de 1986 

EL IRS-CI investiga y recomienda el procesamiento judicial por violaciones al Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 y 1957.    Estos estatutos hacen ilegal el realizar ciertas transacciones financieras con ganancias generadas a través de actividades ilegales  tales como el narcotráfico, fraude en el Medicare y desfalco, entre otros. 

Confiscación de Bienes – El programa de confiscación de bienes es una de las herramientas más efectivas del gobierno Federal contra el tráfico de drogas, lavado de dinero y el crimen organizado.  En conjunto con otras agencias federales y estatales, el IRS-CI utiliza leyes de confiscación para desmantelar empresas criminales al confiscarle sus bienes y activos.  La mayoría de los estatutos de confiscación de IRS-CI son el resultado de investigaciones de lavado de dinero y de dinero en efectivo bajo el Título 18 y el Título 31

 

 El FMI y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Fuente: Fondo monetario Internacional Washington

  El lavado de dinero es un proceso en virtud del cual los activos obtenidos o generados a través de actividades delictivas se transfieren o encubren, a fin de disimular sus vínculos con el delito. En ciertos casos, las actividades terroristas se financian con ingresos generados mediante actividades ilegales, y los perpetradores deben encontrar la forma de  blanquear los fondos para poder usarlos sin atraer la atención de las autoridades. El FMI viene participando desde hace mucho tiempo en los programas internacionales de lucha contra el lavado de dinero, pero después del 11 de septiembre de 2001, frente a los llamamientos formulados por la comunidad internacional, ha intensificado considerablemente sus actividades en este terreno, ampliándolas para incluir también la lucha contra el financiamiento del terrorismo.

¿Por qué son motivo de preocupación el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?

La comunidad internacional ha dado prioridad a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los objetivos de esta labor son, entre otros, proteger la integridad del sistema financiero internacional, eliminar los recursos de que disponen los terroristas y dificultar el uso de los beneficios derivados de estos delitos. Para el FMI, las posibles consecuencias del lavado de dinero en sus países miembros son motivo de especial inquietud, pues esas actividades podrían generar riesgos para la solidez y estabilidad de las instituciones y los sistemas financieros y aumentar la volatilidad de los flujos internacionales de capital.

El problema tiene un alcance mundial. Quienes blanquean el dinero se aprovechan de las diferencias que existen entre los sistemas nacionales de prevención y transfieren sus fondos a las jurisdicciones con sistemas jurídicos deficientes o ineficaces. Si los países no afrontan los problemas del lavado de dinero, el crimen puede consolidarse aún más. Además, el lavado de dinero puede reducir la inversión extranjera directa si se percibe que los sectores comercial y financiero de un país están expuestos al problema del lavado de dinero.

¿Cómo se combaten el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?

El Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), un organismo formado por 33 miembros que fue creado en la Reunión Cumbre del Grupo de los Siete celebrada en 1989 en París, está encargado de elaborar normas de alcance mundial para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Funciona en estrecha colaboración con otros organismos internacionales fundamentales, incluidos el FMI, el Banco Mundial,  las Naciones Unidas y organismos regionales tipo GAFI, la mayoría de los cuales participan en sus reuniones en calidad de observadores.

Para definir las medidas que los gobiernos nacionales deberían adoptar a fin de aplicar programas eficaces de lucha contra el lavado de dinero, el GAFI formuló y publicó sus Cuarenta Recomendaciones, que constituyen un marco básico, de aplicación universal, para los sistemas legales y de fiscalización, la aplicación de la ley y la labor de los organismos fiscalizadores y de supervisión. Con el tiempo esta norma internacional se ha ido modificando para adecuarla a las nuevas tendencias y técnicas del lavado de dinero y a la experiencia adquirida. Esto ha incluido una revisión exhaustiva de las Cuarenta Recomendaciones, en 2003, y de la metodología de evaluación, en 2003 y 2004.

Después del 11 de septiembre de 2001, el GAFI amplió sus cometidos más allá del lavado de dinero y accedió a utilizar sus recursos técnicos en una iniciativa mundial de lucha contra el financiamiento del terrorismo. En una reunión plenaria extraordinaria del GAFI celebrada en Washington en octubre de 2001, se formularon las 8 Recomendaciones Especiales Contra el Financiamiento del Terrorismo, una nueva norma internacional destinada a complementar las 40 Recomendaciones. Posteriormente, esta norma se ha ido ampliando y actualmente comprende nueve recomendaciones.

¿Qué función desempeña el FMI en esta lucha?

El FMI contribuye de varias formas a la labor de la comunidad internacional, dentro de sus principales ámbitos de competencia. Puesto que es una institución que colabora con otros organismos, integrada por casi todos los países del mundo, el FMI es un foro natural para compartir información, formular estrategias comunes y promover políticas y normas beneficiosas, todo lo cual es fundamental para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT). Asimismo, el amplio acervo de conocimientos técnicos del FMI, fundados en su amplia experiencia en la conducción de evaluaciones del sector financiero, la provisión de asistencia técnica en dicho sector y el ejercicio de la supervisión de los sistemas económicos de sus países miembros, es especialmente útil para evaluar la observancia, por parte de los países, de las normas sobre ALD/LFT, y para elaborar programas para ayudarles a abordar las deficiencias observadas.

Después del 11 de septiembre de 2001, el FMI siguió ampliando y profundizando su participación en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.  Uno de los acontecimientos más importantes en este proceso tuvo lugar en marzo de 2004, cuando el Directorio Ejecutivo del FMI acordó que se llevaran a cabo evaluaciones de las actividades ALD/LFT y se suministrara asistencia técnica como parte de la labor habitual del FMI. También acordó ampliar esta labor a fin de abarcar la totalidad de las recomendaciones del GAFI. En la actualidad, la labor del FMI abarca principalmente tres áreas:

  • Evaluaciones: Todas las evaluaciones de los puntos fuertes y las deficiencias del sector financiero conducidas en el marco del Programa de evaluación del sector financiero (PESF) o el programa sobre centros financieros extraterritoriales incluyen una evaluación del régimen ALD/LFT en las jurisdicciones pertinentes. Estas evaluaciones, llevadas a cabo por el FMI, el Banco Mundial, el GAFI o los organismos regionales tipo GAFI, se usan para medir la observancia de las 40 + 9 recomendaciones del GAFI, de acuerdo con una metodología común. Desde junio de 2002, se han efectuado 89 evaluaciones ALD/LFT en todo el mundo, y el personal del FMI ha participado en 38 de ellas.

  • Asistencia técnica: Junto con el Banco Mundial, el FMI aumentó en forma significativa la asistencia técnica a los países miembros para el fortalecimiento de los marcos  legales, regulatorios y financieros orientados a las actividades de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y de sus unidades de inteligencia financiera. Desde enero de 2002, el Banco y el FMI han suministrado más de 300 proyectos de asistencia técnica, casi las dos terceras partes de ellos en el curso de los últimos 18 meses.

  • Formulación de políticas: Los funcionarios del FMI y el Banco Mundial se han ocupado activamente de investigar y analizar las prácticas internacionales para la aplicación de los regímenes ALD/LFT como base para proveer asesoramiento en materia de políticas y asistencia técnica. Estas actividades han sido cuidadosamente coordinadas con el GAFI y los organismos regionales tipo GAFI. Se ha hecho especial hincapié en las remesas, dada su importancia macroeconómica, especialmente en los países en desarrollo. Las publicaciones del FMI sobre el tema incluyen una guía de referencia sobre ALD/LFT, manuales sobre unidades de inteligencia financiera y legislación para la lucha contra el financiamiento del terrorismo, documentos sobre operaciones “hawala” y sistemas de remesas, y documentos sobre temas tales como el impacto del terrorismo en los mercados financieros y la integración de medidas

 

Las Consecuencias del Lavado de Dinero y el Delito Financiero

Fuente: U.S. Information Agency Washington

Por John McDowell, asesor principal de política,
y Gary Novis, analista de programas,
Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos
y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos

  El lavado de dinero tiene un efecto corrosivo en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país, dicen dos funcionarios del Departamento de Estado.

Esta práctica distorsiona las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra bancaria, quita al gobierno el control de la política económica, daña la reputación del país y expone a su pueblo al tráfico de drogas, el contrabando y otras actividades delictivas, agregan.

Dadas las ventajas tecnológicas que emplean actualmente quienes lavan dinero, dicen McDowell y Novis, se requiere un alto nivel de cooperación internacional para tenerlos a raya.

   El lavado de dinero es la forma en que el delincuente trata de asegurarse de que, al final de cuentas, el delito pague. Este requisito demanda que los delincuentes, bien sea narcotraficantes, delincuentes organizados, terroristas, traficantes de armas, chantajistas o estafadores con tarjetas de crédito, disfracen el origen de su dinero ilegal para evitar que sea detectado y que se les enjuicie cuando lo utilizan.

El lavado de dinero es esencial para lograr el funcionamiento efectivo de prácticamente toda forma de delincuencia transnacional y organizada. Los esfuerzos para combatirlo, que tienen por objeto impedir o limitar el desarrollo de la capacidad de los delincuentes de utilizar ganancias mal obtenidas, son un componente tan básico como eficaz de la lucha contra el delito.

El lavado de dinero generalmente implica un conjunto de transacciones múltiples para disfrazar el origen de los ingresos financieros de tal manera que los delincuentes puedan utilizarlos sin comprometerlos. Dichas transacciones generalmente tienen tres etapas:

     

  1. colocación de las ganancias en instituciones financieras (mediante depósitos, giros cablegráficos y otros medios);

     

     

  2. estratificación (distanciar de su origen las ganancias procedentes de actividades ilícitas por medio de varias capas de transacciones financieras complejas) y,

     

     

  3. integración (el proceso de emplear una transacción aparentemente legítima para disfrazar ganancias ilícitas). Mediante estos procesos el delincuente trata de transformar los beneficios monetarios derivados de actividades ilícitas en fondos con un origen aparentemente legal.

     

El lavado de dinero tiene potencialmente consecuencias devastadoras económicas y sociales, así como para la seguridad; es el combustible con que traficantes de drogas, terroristas, comerciantes ilegales en armas, funcionarios públicos corruptos y demás pueden operar y ampliar sus actividades ilícitas. Actualmente el alcance internacional del delito va en aumento y los aspectos financieros de éste son más complejos debido al rápido avance de la tecnología y la mundialización de la industria de los servicios financieros.

Los modernos sistemas financieros, además de facilitar el comercio legítimo, permiten también a los delincuentes ordenar el traslado de millones de dólares instantáneamente por medio de computadoras personales y antenas que reciben señales de satélites. Debido a que el lavado de dinero depende hasta cierto punto de sistemas y operaciones financieras existentes, las opciones que tiene el delincuente para lavar el dinero están limitadas sólo por su imaginación. El dinero se lava por intermedio de las casas de cambio de moneda, casas de corretaje de bolsa, comerciantes en oro, casinos, vendedores de automóviles, compañías de seguros y sociedades mercantiles. Los servicios de transacciones bancarias privadas, los bancos extraterritoriales, las sociedades ficticias, las zonas de libre comercio, los sistemas de telégrafo y la financiación comercial, todos pueden encubrir actividades ilícitas. Al hacerlo, los delincuentes manipulan los sistemas financieros en Estados Unidos y el exterior.

El lavado de dinero desenfrenado puede erosionar la integridad de las instituciones financieras de un país. Debido al alto grado de integración de los mercados de capital, esta actividad puede también afectar adversamente las monedas y las tasas de interés. Finalmente, el dinero lavado fluye hacia los sistemas financieros mundiales, donde puede socavar las economías y monedas nacionales. Por tanto, el lavado de dinero no es sólo un problema de aplicación de la ley, representa también una grave amenaza a la seguridad nacional e internacional.

VULNERABILIDAD DE LOS MERCADOS EN DESARROLLO

El lavado de dinero es un problema no solamente en los principales mercados financieros y centros extraterritoriales del mundo, sino en los mercados en desarrollo. De hecho, todo país integrado en el sistema financiero internacional corre peligro. A medida que los mercados en desarrollo abren sus economías y sectores financieros, llegan a ser progresivamente blancos viables de esta actividad.

Los esfuerzos intensificados de las autoridades de los principales mercados financieros y en muchos centros financieros extraterritoriales, para combatir esta actividad ofrecen un incentivo más para que los delincuentes trasladen sus actividades a los mercados en desarrollo. Hay pruebas, por ejemplo, de envíos transnacionales crecientes de dinero en efectivo hacia mercados que tienen sistemas deficientes para detectar y registrar la colocación de dinero en efectivo en el sistema financiero, así como una inversión creciente por grupos de delincuentes organizados en bienes raíces y otros negocios en los mercados en desarrollo. Desafortunadamente, los efectos negativos del lavado de dinero tienden a magnificarse en estos mercados.

Un examen detenido de algunos de estos efectos negativos, tanto en el campo microeconómico como en el macroeconómico, ayuda a explicar por qué el lavado de dinero es una amenaza tan compleja, especialmente en los mercados en desarrollo.

EFECTOS ECONOMICOS DEL LAVADO DE DINERO

Uno de los efectos microeconómicos más graves del lavado de dinero se hace sentir en el sector privado. A menudo, quienes lo practican emplean compañías de fachada que mezclan las ganancias de actividades ilícitas con fondos legítimos, para ocultar ingresos mal habidos. En Estados Unidos, por ejemplo, la delincuencia organizada ha utilizado pizzerías para encubrir ganancias procedentes del tráfico de heroína. Estas compañías de fachada tienen acceso a fondos ilícitos considerables, lo que les permite subvencionar sus artículos y servicios a niveles por debajo de los precios del mercado.

En algunos casos las compañías de fachada pueden ofrecer productos a precios por debajo del costo de fabricación. Por consiguiente, estas compañías tienen una ventaja competitiva sobre las compañías legítimas que obtienen sus fondos en los mercados de capital. Ello hace difícil, si no imposible para los negocios legítimos competir con las compañías de fachada de financiación subvencionada, situación que puede tener como resultado que las organizaciones delictivas desplacen negocios en el sector privado.

Es obvio que los principios de administración de estas empresas ilícitas no son consecuentes con los principios tradicionales de libre mercado de los negocios legítimos, lo que resulta en más efectos negativos macroeconómicos.

Debilitamiento de la integridad de los mercados financieros: Las instituciones financieras que dependen de ganancias ilícitas tienen otra tarea difícil en la administración acertada de sus bienes, obligaciones y operaciones. Por ejemplo, grandes sumas de dinero lavado pueden llegar a una institución financiera y luego desaparecer repentinamente, sin aviso, mediante traslados telegráficos ocasionados por factores fuera del mercado, tales como operaciones de aplicación de la ley. Ello puede presentar problemas de liquidez y pánico bancario.

De hecho, varias quiebras bancarias en todo el mundo se han atribuido a la actividad delictiva, incluyendo la quiebra del primer banco Internet, el Banco de la Unión Europea. Por otra parte, algunas crisis financieras de los años 90 tenían importantes componentes de delito o fraude, tales como el escándalo de fraude, lavado de dinero y soborno del BCCI y en 1995 el desplome del Banco Barings cuando se desintegró un arriesgado plan de transacciones en derivados que estaba manejado por un agente en una subsidiaria.

Pérdida del control de la política económica: Michael Camdessus, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, ha calculado la magnitud del lavado de dinero entre 2 y 5 por ciento del producto interno bruto del mundo, o aproximadamente 600.000 millones de dólares, por lo bajo. En algunos países de mercados en desarrollo es posible que estas ganancias ilícitas empequeñezcan los presupuestos gubernamentales, con el resultado de que los gobiernos pierden el control de la política económica. De hecho, en algunos casos, la magnitud misma de la base acumulada de bienes de las ganancias lavadas puede emplearse para acaparar el mercado o monopolizar las pequeñas economías.

El lavado de dinero también puede afectar adversamente las monedas y las tasas de interés cuando sus practicantes reinvierten los fondos donde sus planes tienen menos posibilidad de ser detectados, en lugar de hacerlo donde la tasa de rendimiento es más elevada. El lavado de dinero puede acrecentar la amenaza de la inestabilidad monetaria debido a la distribución inadecuada de recursos ocasionada por la distorsión artificial de los precios de bienes y productos básicos.

En suma, el lavado de dinero y el delito financiero pueden tener como resultado cambios inexplicables en la demanda monetaria y mayor inestabilidad de los flujos de capital internacional, las tasas de interés y los tipos de cambio. La naturaleza imposible de predecir de esta actividad, aunada a la inherente pérdida del control de la política, pueden hacer difícil establecer una política económica atinada.

Distorsión económica e inestabilidad: Los que lavan dinero no están interesados en generar utilidades de sus inversiones, sino en proteger sus ganancias. Por tanto, "invierten" sus fondos en actividades que no necesariamente rinden beneficios económicos para el país donde están los fondos. Además, según sea el grado en que el lavado de dinero y el delito financiero desvían los fondos, de inversiones sólidas hacia inversiones de baja calidad que ocultan las ganancias, el crecimiento económico se afectará. En algunos países, por ejemplo, se han financiado industrias completas, como la de la construcción o la hotelera, no debido a una demanda real, sino al interés a corto plazo de los dueños del dinero lavado. Cuando estas industrias ya no les interesan, las abandonan, lo que causa el desplome de estos sectores y un daño inmenso a las economías que mal pueden darse el lujo de tales pérdidas.

Pérdida de rentas públicas: El lavado de dinero disminuye los ingresos tributarios gubernamentales y, por tanto, perjudican indirectamente a los contribuyentes honrados. También hace más difícil la recaudación de impuestos. Esta pérdida de rentas públicas generalmente significa tasas de impuestos más elevadas de lo que sería si las ganancias del delito, que no pagan impuestos, fueran legítimas.

Riesgos para los esfuerzos de privatización: El lavado de dinero amenaza los esfuerzos de muchos estados para introducir reformas en sus economías mediante la privatización. Las organizaciones delictivas tienen los medios económicos para hacer una mejor oferta que la de los compradores legítimos por empresas de propiedad del estado. Además, aunque las iniciativas de privatización son a menudo económicamente beneficiosas, también pueden servir de vehículo al lavado de fondos. En ocasiones anteriores, los delincuentes han podido comprar marinas, lugares de veraneo, casinos y bancos para ocultar sus ganancias ilícitas y favorecer sus actividades.

Riesgo para la reputación: Los países no pueden darse el lujo de manchar su buen nombre y el de sus instituciones financieras con su relación con el lavado de dinero, especialmente en la economía mundial actual. La confianza en los mercados y la importante función económica que cumplen las utilidades las erosionan el lavado de dinero y los delitos financieros, como el lavado de ganancias ilícitas, el fraude financiero generalizado, la especulación bursátil que saca ventaja de la información interna y los desfalcos. El mal nombre a que dan lugar estas actividades disminuye las oportunidades mundiales lícitas y el crecimiento sostenible, en tanto que atrae a las organizaciones delictivas internacionales con reputaciones indeseables y metas de corto plazo. El resultado puede ser la disminución del desarrollo y el crecimiento económico. Además, cuando un país adquiere mala reputación financiera es muy difícil borrarla y se requieren recursos gubernamentales considerables para solucionar un problema que pudo evitarse con medidas apropiadas contra el lavado de dinero.

COSTO SOCIAL

Existen costos y riesgos sociales considerables relacionados con el lavado de dinero. Esta actividad es un proceso vital para que el delito rinda beneficios. Permite a los narcotraficantes, los contrabandistas y otros delincuentes ampliar sus operaciones. Ello eleva el costo del gobierno debido a la necesidad de una mayor actividad de aplicación de la ley y a los gastos de cuidado de salud (por ejemplo, el tratamiento de la adicción a drogas) para combatir las graves consecuencias que ocurren.

Entre sus otros efectos socioeconómicos negativos, el lavado de dinero traslada el poder económico del mercado, el gobierno y los ciudadanos a los delincuentes. En resumen, vuelve del revés el viejo refrán de que el crimen no paga.

Además, la magnitud misma del poder económico que acumulan los que lavan dinero tiene un efecto corruptor sobre todos los elementos de la sociedad. En casos extremos, puede llevar a un apoderamiento virtual del gobierno legítimamente establecido.

En general, el lavado de dinero representa un problema complejo y dinámico para la comunidad mundial. Ciertamente, la naturaleza mundial de esta actividad requiere pautas mundiales y cooperación internacional con el fin de reducir la capacidad de los delincuentes para lavar sus ganancias y llevar a cabo sus actividades delictivas

 

El problema con las leyes anti-lavado de dinero

por Richard W. Rahn

Richard W. Rahn es Director general del Center for Economic Growth y académico asociado de Cato Institute Estados Unidos

Si uno quiere atrapar a criminales o terroristas, ¿tiene sentido rastrear el dinero? Probablemente sí, de poderse identificar al menos a uno de los individuos o instituciones conectados con el delito. Sin embargo, si se pretende seguirle el rastro a absolutamente todos los flujos de dinero, no solamente sería esa actividad improductiva, sino que implica violaciones masivas de los derechos civiles.

En los años setenta y ochenta, las fuerzas del orden público confrontaron problemas en atrapar y llevar a juicio a los capos del narcotráfico. Alguien pensó que la solución sería identificar los trámites monetarios de los narcotraficantes y hacer ilegal esconder o utilizar dinero proveniente de las drogas. El resultado fue la Ley de Control de Lavado de Dinero de 1986, que por primera vez penalizó el lavado de dinero. Otras leyes posteriores, incluyendo la Ley Patriota del año pasado, buscaron reforzar las regulaciones contra el lavado.

El lavado de dinero no es un delito fácil de definir o de detectar porque es casi infinito el número de bienes fungibles, es decir, los activos pueden fácilmente convertirse en dinero y viceversa.

Pongamos el ejemplo de José, un narcotraficante en Londres que cada día recibe 10 mil dólares en efectivo vendiendo drogas. Como cuartada utiliza una venta de comida rápida, donde las transacciones son en efectivo, por lo que puede mezclar el dinero de la droga con el del negocio legal en los depósitos que hace diariamente en su banco. Para el banco, José es el dueño de una exitosa venta de alimentos.

José necesita pagarle a su proveedor de cocaína, Pedro, quien es un exportador de juguetes de Hong Kong, por donde pasan las drogas de contrabando. Si José le hace una transferencia bancaria a Pedro en Hong Kong, la operación puede ser detectada por las autoridades al no existir una factura por productos o servicios. Entonces, José hace arreglos para comprarle una pintura de 100 mil dólares a un socio de Pedro en Hong Kong. La realidad es que el cuadro vale poco más de 100 dólares, pero siendo el valor del arte algo subjetivo, ¿quién puede asegurar que no vale 100 mil dólares para José?

Hay infinidad de variaciones de ese ardid que son muy difíciles, si no imposibles, de diferenciar de operaciones comerciales legítimas. Si la policía sospecha de José o de Pedro, es perfectamente lógico rastrear el dinero, pero rastrear todos los flujos de dinero sin saber quién puede estar envuelto en un delito es casi siempre una pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero. Cuando sumamos los costos para el sistema bancario de los innumerables reportes, regulaciones e informes requeridos por las autoridades, las medidas anti-lavado resultan imprácticas y poco efectivas.

El terrorismo es una preocupación legítima de los gobiernos. Una de las respuestas ha sido tratar de rastrear el dinero de los terroristas, por lo que se añaden nuevas regulaciones a los bancos. Muchas de éstas no tienen lógica. La mayor parte del dinero de los terroristas proviene de fuentes legales y ese dinero se utiliza en actos ilegales, lo cual es lo opuesto de lo que hacen los narcotraficantes, quienes obtienen dinero ilegalmente para utilizarlo en fines legales.

Osama bin Laden es un hombre muy rico debido a los negocios de construcción y petróleo de su familia. Por lo tanto, la proveniencia de su dinero es legal, pero el uso de ese dinero no lo es. Sabemos que muchas actividades terroristas son financiadas por fundaciones caritativas y el dinero proviene de gente que cree que sus aportes van a ayudar a niños árabes y a otras buenas causas. Aquí, de nuevo, el dinero es legal, pero no su utilización.

Los gobiernos tienen las herramientas legales para obtener información de los bancos sobre probables delincuentes y terroristas. Los gobiernos también intercambian mucha de esa información. Pero actualmente hay un concertado esfuerzo para examinar y filtrar toda esa información masiva de millones de individuos que no están bajo sospecha, para intercambiar toda esa información con otros gobiernos. Esto está siendo impulsado por europeos, quienes están mucho más preocupados por la competencia entre diferentes sistemas impositivos que en el terrorismo. Lamentablemente, esa generalizada pesquisa nos hará más inseguros a todos porque los gobiernos dejan filtrar información y esa información financiera sobre personas es de inmenso valor para ladrones, secuestradores y criminales.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que es responsable del intercambio de información financiera y de muchos de los programas contra el lavado, tiene que hacer un mejor trabajo en medir el costo de esas medidas (incluyendo el costo impuesto al sector privado) y la alta probabilidad que esa información llegue a manos de indeseables, para ser utilizada en contra de la misma gente que el gobierno trata de proteger. Este es un problema prioritario para las autoridades.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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Procesar los Delitos Corporativos - Departamento de Justicia de los Estados Unidos

Fuente U.S. Information Agency

Autor *  Christopher Wray U.S. Department of Justice

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está en vías de abordar decididamente el tema del comportamiento delictivo en las empresas comerciales, utilizando los instrumentos provistos por la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 para adoptar medidas enérgicas contra funcionarios de empresas y otros profesionales que abusan de sus posiciones para enriquecerse a expensas de las demás accionistas interesados.

Las estrategias y políticas para combatir los delitos coporativos las establece el Grupo de Trabajo sobre Fraude Empresarial, creado por el presidente Bush en 2002 después de una ola de escándalos empresariales en Estados Unidos. El mismo consiste en un grupo del Departamento de Justicia que se concentra en aumentar las medidas para aplicar las leyes antidelictivas en el departamento y un grupo interagencial dedicado a maximizar la cooperación y la aplicación de las leyes en la comunidad de las agencias federales de seguridad. Los enjuiciamientos recientes ilustran los nuevos y enérgicos métodos del departamento para combatir los delitos empresariales.

Los notorios escándalos financieros ocurridos en empresas de Estados Unidos y de otras partes del mundo han permitido poner sobre el tapete las consecuencias de un mal gobierno corporativo. A la misma vez, la creciente demanda de capital de inversión obliga a las empresas y países del mundo a considerar el buen gobierno corporativo como medio para atraer y dar más certidumbre a los inversionistas.

En términos generales, "gobernabilidad corporativa" se refiere a las normas que rigen la conducta de las corporaciones, accionistas, gerentes, y también a las medidas adoptadas por los gobiernos para difundir y aplicar esas normas. La gobernabilidad corporativa proporciona una base para un entorno empresarial estable y productivo. Su importancia puede ser trascendental en los mercados emergentes y en las empresas comerciales que quieren destacar en la economía mundial, opina Ira Millstein, asesor sobre gobierno corporativo que pasa revista al tema en la introducción a esta edición.

En Estados Unidos, los escándalos financieros dieron lugar a la revisión general de las leyes que rigen la conducta de las empresas públicas y a promulgar la Ley Sarbanes-Oxley de 2002. Ethiopis Tafara y Robert Strahota de la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos (SEC) describen la cooperación de este organismo con las entidades reguladoras del exterior para ayudar a las sociedades domiciliadas en otros países a cumplir las nuevas y estrictas normas que estipula esta ley. Por otra parte, Christopher Wray, funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, relata cómo la Ley Sarbanes-Oxley le ha proporcionado un arsenal considerable de instrumentos a los fiscales para enjuiciar a los villanos empresariales.

En otros países, particularmente en el mundo en desarrollo, el buen gobierno corporativo puede exigir la transformación del ejercicio de prácticas políticas y económicas basadas en sistemas de relaciones personales a sistemas basados en normas, dicen Charles Oman y Daniel Blume de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Por su parte, la Agencia de Estados Unidos para Desarrollo Internacional (USAID) explica que, para promover esta transformación, la agencia se ha asociado al Centro Internacional de la Empresa Privada (CIPE) a fin de apoyar los proyectos que persiguen establecer el gobierno corporativo en las empresas del extranjero, para lo que se combinarán los conocimientos locales con principios internacionales.

Los demás artículos incluidos en esta edición consideran la educación en administración comercial y la enseñanza de prácticas éticas en los negocios a través de las fronteras nacionales, el gobierno corporativo en el marco de las empresas de propiedad familiar, la función de los accionistas en el proceso decisorio corporativo y la adopción por una de las principales empresas farmacéuticas, Pfizer Inc., de la consigna: "La integridad en los negocios es buena para los negocios".

El propósito de este número de Perspectivas Económicas es dar a nuestros lectores una visión general de los principios de gobierno corporativo, de las tendencias actuales en la política internacional y en Estados Unidos que afectan las empresas y a los gerentes corporativos, de la labor que realizan los gobiernos y las empresas para establecer un entorno corporativo más transparente y responsable.

Los delitos corporativos perjudican a los inversionistas, los empleados de la empresa y los mercados de capital que financian las necesidades de las empresas vigentes y que promueven nuevas actividades comerciales. Las revelaciones recientes acerca de fraudes corporativos y otros delitos han hecho más perentoria la necesidad de investigar las actividades delictivas de los funcionarios corporativos —y de los profesionales asociados— que han abusado de sus posiciones para enriquecerse al defraudar la confianza de los inversionistas, empleados, instituciones financieras y mercados de capital.

Los enjuiciamientos por fraude corporativo y la conducta delictiva relacionada han demostrado que la actividad delictiva ha llegado a los niveles más altos de varias empresas, firmas bursátiles, compañías contables y auditoras y otras firmas mayores. Unas pocas personas deshonestas han perjudicado la reputación de muchas compañías y ejecutivos honestos. Estos malhechores perjudicaron a los trabajadores que han dedicado sus vidas a las empresas que los han empleado. Perjudicaron a los inversionistas y a los jubilados que han confiado su futuro financiero en ellos al depositar su fe en las promesas de crecimiento e integridad de las compañías.

Estas revelaciones acerca de la cultura y la conducta delictiva que hubo en varias empresas muy prominentes han amenazado con socavar la confianza que el público tiene en las empresas, en los mercados financieros y en la economía. Han hecho que aumentara también la necesidad de que se haga mayor hincapié en una gobernabilidad corporativa efectiva.

Medidas para aplicar la ley

Para enfrentar estos y otros abusos revelados por los recientes escándalos de fraude empresarial, como los relacionados con Enron, WorldCom, HealthSouth y Adelphia, el presidente George Bush creó en julio de 2002 el Grupo de Trabajo sobre Fraude Empresarial. Este grupo, presidido por el secretario adjunto de Justicia, incluye a funcionarios del departamento encargados de mejorar internamente las medidas para la aplicación de las leyes antidelictivas, y un grupo interinstitucional de agencias de investigación y reglamentación que se concentra en maximizar la cooperación y las medidas regulatorias, de investigación y ejecución en toda la comunidad de las agencias federales de seguridad en lo que se refiere a fraude empresarial a nivel federal.

La actual ola de enjuiciamientos por fraude empresarial se concentra en una variedad de conductas delictivas, incluso la falsificación de libros y registros contables, la distribución de estados financieros fraudulentos al público y a las autoridades fiscales, creación de cuentas y relaciones "al margen de los libros" para ocultar actividades fraudulentas, abuso de altos cargos empresariales en beneficio personal a expensas de la empresa, y especulación aprovechando información interna. Con frecuencia, se presentan acusaciones relacionadas por obstruir y comprometer las auditorías e investigaciones relacionadas con conductas fraudulantes, destrucción o alteración de registros empresariales, falso testimonio ante un jurado de acusación y ante las autoridades investigadoras, y actividades delictivas relacionadas.

En el frente legislativo, el Congreso de Estados Unidos aprobó en julio de 2002 la Ley Sarbanes-Oxley, que constituye la reforma más extensa de las prácticas empresariales estadounidenses hecha en los últimos sesenta años. La ley da a los fiscales y a las autoridades regulatorias nuevos instrumentos para fortalecer la dirección empresarial, mejorar la responsabilidad y divulgación empresariales y proteger a los empleados y accionistas de las empresas.

La ley exige, so pena de encarcelamiento, que los funcionarios de mayor jerarquía en una empresa certifiquen que las declaraciones financieras de la firma reflejan fielmente y con exactitud su estado financiero y el resultado de las operaciones; que los auditores cumplen con sus responsabilidades de proveer exámenes y certificaciones independientes de la exactitud y confiabilidad de los estados financieros de la empresa; que los empleados están protegidos contra represalias por divulgar actos deshonestos de parte de funcionarios de la empresa; y que la información sobre la empresa provista a los inversionistas es verídica y exacta y exenta de engaño.

Instrumentos novedosos

La investigación y el enjuiciamiento de los casos de fraude empresarial fueron recientemente acelerados con el empleo de algunos de los nuevos instrumentos provistos a los fiscales por la Ley Sarbanes-Oxley y por las estrategias y normas desarrolladas por el Grupo de Trabajo sobre Fraude Empresarial. Estas innovaciones incluyen:

  • Utilizar los recursos y la experiencia colectiva de las agencias federales más temprano en una investigación para acelerar la finalización de la misma e iniciar más rápidamente el enjuiciamiento. Esto significa con frecuencia emplear los recursos de las agencias regulatorias, como la Comisión de Valores y Cambio (SEC), para investigar conjuntamente la conducta delictiva desde el principio, en lugar de esperar a que la SEC termine sus procedimientos para empezar a investigar el delito.

     

  • La segmentación de las investigaciones complejas en partes más pequeñas y más controlables hace que la investigación y el enjuiciamento procedan rápidamente y que las mismas sean más comprensibles para los investigadores, los fiscales y los jurados. Una investigación penal mejor definida motiva con frecuencia a los funcionarios empresariales y a otras personas involucradas en conductas fraudulentas a entrar en un acuerdo de negociación de la acusación. La negociación de la acusación es un acuerdo formal sobre la disposición de la acusación penal entre el fiscal y el acusado, según la cual el acusado acepta declararse culpable de una o más acusaciones y el fiscal acepta hacer ciertas cosas, como no presentar o desechar otras acusaciones o recomendar al tribunal que conforme a las circunstancias una sentencia en particular es la apropiada. Por consiguente, en lugar de pasar años investigando un designio complejo de fraude empresarial—como era el caso hace solamente algunos años—los casos se investigan y procesan ahora frecuentemente en sólo meses.

     

  • Empleo de medios enérgicos y novedosos para obtener la cooperación de la empresa antes de instituirse las acusaciones penales. Normalmente, la cooperación empresarial está entrelazada con la responsabilidad penal de la empresa misma. A las empresas se las responsabiliza cada vez más por medio de enjuiciamientos a fondo o resoluciones negociadas. Una empresa o cualquier otra organización puede ser multada, puesta a prueba condicional u ordenada a hacer restituciones, y ordenada a notificar al público y a sus víctimas acerca de su conducta fraudulenta. Una condición de prueba condicional puede obligar a una empresa a adoptar medidas para remediar el perjuicio causado por el delito y a eliminar o reducir el riesgo de que el perjuicio ocurra en el futuro.

     

El Departamento de Justicia está utilizando también cada vez más los acuerdos de enjuiciamiento aplazado, una opción menos punitiva con un menor perjuicio colateral. Típicamente estos acuerdos permiten que se presenten las acusaciones penales con el acuerdo de que las mismas se anularán después de un cierto tiempo si la compañía cumple con sus obligaciones. Normalmente los acuerdos exigen que la compañía acepte su responsabilidad al reconocer los actos de sus empleados, hacer las restituciones del caso y hacer entrega de las ganancias mal habidas, poner en práctica programas de cumplimentación efectivos, emplear un auditor independiente para examinar las medidas futuras, y comprometerse a cooperar plenamente con el gobierno en su investigación de los individuos culpables. Un tribunal puede agregar a la multa cualquier ganancia que la empresa haya obtenido por medio de la infracción, la que no es ni será pagada como restitución ni como cualquier otra forma de indemnización. Toda contravención del acuerdo de parte de la compañía causaría que ésta estuviese sujeta a enjuiciamiento.

En otras ocasiones, el Departamento de Justicia ha entrado en acuerdos de cooperación con las compañías. Estos acuerdos pueden abarcar la mayoría de los atributos de un enjuiciamiento aplazado, pero no incluyen un proceso jurídico en el tribunal. Los acuerdos de cooperación permiten a la compañía evitar cualesquiera potenciales consecuencias colaterales relacionadas con el mero hecho de que la compañía haya sido acusada de un delito, pero exigen todavía la aceptación de responsabilidad, restitución y entrega de las ganancias mal habidas, cooperación plena y puesta en efecto de medidas de indemnización.

  • Enjuiciar a quienes facilitan el fraude y obstruyen las investigaciones, ya sea en procesos penales separados o en el proceso del fraude empresarial subyacente.

     

  • Aplicar enérgicamente las medidas de ejecución civil y regulatoria, frecuentemente en procesos paralelos a los enjuiciamientos e investigaciones penales. Esto asegura que las medidas de ejecución serán rápidamente iniciadas y activamente seguidas para proteger a los inversionistas y consumidores contra el fraude empresarial.

     

Restaurar la confianza del público

Mucho se ha logrado en la campaña progresiva del Departamento de Justicia contra el fraude empresarial; sin embargo, queda mucho por hacer. A los efectos de restaurar la confianza del público en los mercados financieros, se necesitará una aplicación enérgica y permanente de la ley para aumentar el nivel de transparencia en la conducta empresarial y en los informes financieros y aumentar la rendición de cuentas de parte de los funcionarios empresariales

Enjuiciamientos por fraude corporativo

Los recientes enjuiciamientos por fraude corporativo ilustran los nuevos métodos con que el Departamento de Justicia investiga y enjuicia los delitos empresariales.

 

Corporación ENRON

El grupo de trabajo del Departamento de Justicia que se encargó de la empresa Enron presentó acusaciones contra treinta y tres partes demandadas, entre ellas veinticuatro ex empleados de la compañía de recursos energéticos, incluso el presidente del directorio, dos presidentes ejecutivos, el principal funcionario financiero, un tesorero, tres presidentes ejecutivos de prominentes unidades empresariales dentro de Enron, el vicepresidente ejecutivo encargado de las relaciones con inversionistas de Enron, y un secretario empresarial. De estos acusados, veintidos se declararon culpables o fueron declarados culpables en el juicio, incluso el ex principal funcionario financiero, y se incautó más de 161 millones de dólares en ganancias mal habidas. Más recientemente, en noviembre de 2004, un jurado condenó a cinco ejecutivos de la Corporación Enron y de Merrill Lynch & Co, Inc., firma de administración financiera, por fraude, falso testimonio y obstrucción de justicia en una compleja conspiración de fraude financiero.

Igual que en todos los aspectos de la investigación de Enron, hubo una estrecha coordinación entre el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores y Cambio (SEC). Merrill Lynch llegó a un acuerdo con la SEC acerca de las acusaciones civiles y entró en un acuerdo de enjuiciamiento aplazado con el Departamento de Justicia que exige a Merrill Lynch a adoptar un número de reformas radicales y nombrar un auditor para asegurar al departamento y al tribunal que la firma está cumpliendo con su acuerdo de instituir y cumplir con las reformas acordadas.

Corporación HEALTHSOUTH

El ex jefe ejecutivo y presidente del directorio de HealthSouth, firma proveedora de servicios para el cuidado de la salud, fue encausado por numerosas acusaciones de fraude surgidas de un plan para aumentar artificialmente las ganancias y el valor de los activos públicamente anunciados por HealthSouth y de falsificar los informes sobre el estado financiero de la compañía. Los acusados presuntamente agregaron 2.700 millones de dólares de ingresos ficticios a los libros y registros de la compañía e indujeron a la compañía a pagarles salarios, bonificaciones, opciones de compra de acciones y otros beneficios basados en las cifras fraudulentamente infladas.

Diecisiete ex funcionarios de HealthSouth, incluso cinco ex principales funcionarios financieros se declararon culpables de delitos mayores en conexión con el plan y acordaron cooperar en la investigación y el juicio. Este caso se llevó a cabo en coordinación con las medidas de ejecución de la SEC.

Corporación ADELPHIA COMMUNICATIONS

El ex jefe ejecutivo y el principal funcionario financiero de Adelphia Communications, una compañía de televisión por cable, fueron condenados por un jurado acusados de conspiración, fraude de valores y fraude bancario resultantes de un complejo plan de fraude financiero y contable y de malversación de bienes empresariales en perjuicio de los accionistas y acreedores de Adelphia. La investigación y el enjuiciamiento de este caso fueron estrechamente coordinados con la SEC, la que instituyó también una medida paralela de ejecución.

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP/AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG)

Estos casos relacionados, que involucraron el uso fraudulento de entidades para propósitos especiales, ejemplifican el uso que el Departamento de Justicia hace de los acuerdos de enjuiciamiento aplazado para abordar actos delictivos empresariales. En estos casos, las firmas financieras utilizaron a las entidades para propósitos especiales para deshacerse de más de 750 millones de dólares en préstamos e inversiones problemáticas transfiriéndolos de los libros de PNC a las entidades para propósitos especiales. Conforme a los acuerdos de enjuiciamiento aplazado, el Departamento de Justicia difiere el enjuiciamiento, disponiendo esencialmente un período de prueba condicional para la empresa durante el que exige una cooperación total, posibles reformas internas, un repaso retrospectivo de transacciones financieras particulares y medidas punitivas, incluso multas y restituciones.

 

(*) Christopher Wray fue confirmado el 11 de septiembre de 2003 para el cargo de secretario adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ha estado con el departamento desde 2001, habiendo atendido una variedad de casos e investigaciones federales, incluso casos de fraude de valores, corrupción pública, crimen organizado, falsificación e inmigración.

 

Gobernabilidad Corporativa: el Desafío del Desarrollo

Fuente U.S. Information Agency

Autores:  * Charles Oman y  * Daniel Blume

Los países en vías de desarrollo encaran el reto de transformar sus arreglos para la gobernabilidad política y económica, para convertirlos de sistemas basados en relaciones personales a sistemas basados en reglamentaciones. Muchos deben mejorar su capacidad de resolver el uso abusivo de los esquemas para expropiarse o desviar los recursos de otros accionistas, que practican individuos con acceso a la información interna de la propia corporación. Dado que la aplicación de la ley es un elemento central del reto, el equilibrio apropiado entre las iniciativas reguladoras y las voluntarias sigue siendo una pregunta a la espera de una respuesta

Los recientes y espectaculares fracasos en la gobernabilidad corporativa en Estados Unidos y Europa nos recuerda que tales colapsos pueden afectar gravemente la vida de miles — empleados, jubilados, ahorristas, acreedores, clientes, proveedores — en países donde las economías de mercado están bien desarrolladas. Pero, ¿es el gobernabilidad corporativa importante en el mundo en desarrollo, incluso en las llamadas economías de mercado incipientes y en transición, donde las economías nacionales tienden a ser dominadas por grandes compañías propiedad de una familia, del estado, o de extranjeros, cuyas acciones no se negocian con amplitud en los mercados de valores locales y donde una multitud de formas de empresas no corporativas representan a menudo una proporción significativa del empleo y el producto? Hasta no hace mucho poca gente lo creía así.

Sólo después de que las crisis financieras de 1997-1998 en Asia, Rusia y Brasil acrecentaron la preocupación por la estabilidad financiera mundial, se prestó atención a los problemas que plantea el "capitalismo entre compinches" y la deficiente gobernabilidad corporativa en algunas economías de mercado incipiente. Desde entonces, la amenaza que se percibía en los mercados financieros mundiales y las presiones engendradas por esa percepción se han desvanecido. El peligro consiste en que, como resultado, pierdan impulso los esfuerzos locales para mejorar la gobernabilidad corporativa en el mundo en desarrollo.

En lugar de ello, es necesario que esos esfuerzos se vean fortalecidos. La investigación de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la importancia que tiene la gobernabilidad corporativa local en el crecimiento sostenido de la productividad en el mundo en desarrollo, al igual que las mesas redondas regionales de la OCDE sobre gobernabilidad corporativa en Asia, América Latina, Eurasia, Europa Sudoriental y Rusia, demuestran que la calidad de la gobernabilidad corporativa local es de importancia decisiva para el éxito de los esfuerzos de desarrollo a largo plazo en el mundo en desarrollo de hoy.

Reglamentos y relaciones

Un sistema de gobernabilidad corporativa de un país dado comprende reglas formales e informales, junto con prácticas y mecanismos de aplicación aceptados, privados y públicos. Tomados en conjunto, éstos gobiernan las relaciones entre la gente que controla efectivamente las corporaciones (dentro de las corporaciones) y los que invierten en ellas. Las compañías bien administradas, cuyas acciones se negocian activamente, deberían poder recaudar fondos de inversionistas carentes de poder de control, a un costo significativamente más bajo que las compañías deficientemente gobernadas, debido a la prima potencial que se espera reclamen los inversionistas por aceptar el riesgo de invertir en compañías no tan bien gobernadas.

En los países en vías de desarrollo la gobernabilidad corporativa sigue considerándose de menor importancia relativa, en gran parte debido a la pequeña cantidad de firmas cuyas acciones se negocian ampliamente.

La mala calidad de los sistemas locales de gobernabilidad corporativa está en la médula de uno de los mayores retos que encaran la mayoría de los países en vias de desarrollo: cómo transformar — a menudo frente a la resistencia encubierta o abierta de poderosos grupos de interesess, atrincherados a nivel local — los sistemas locales de gobierno económico y político, incluso los del gobernabilidad corporativa, convirtiéndolos de aquéllos que tienden a ser fuertemente personalizados y basados en relaciones, en otros basados más efectivamente en reglas.

En muchos países de la OCDE de hoy, la transformación de los sistemas de gobierno económico y político basados predominantemente en relaciones, para convertirlos en otros basados en reglas, tuvo lugar mucho antes del ascenso espectacular y la rápida proliferación mundial de las corporaciones manufactureras gigantescas y el desplazamiento del capitalismo propietario (empresas no incorporadas, de propiedad individual) por el capitalismo corporativo mundial, a fines del siglo XIX.

Por lo tanto, los países en vías de desarrollo de hoy encaran un reto desconocido en muchos países de la OCDE: cómo pasar de los sistemas de gobierno basados en relaciones a otros basados en reglas, en un momento en que las grandes corporaciones de propiedad privada y estatal desempeñan papeles significativos en las economías locales (no importa que sus acciones se negocien o no activamente en un mercado de valores local) y, por lo tanto, tienden a influir fuertemente en los sistemas de gobierno locales.

Rivalidad oligopólica y quienes tienen acceso a la información corporativa

La importancia y dificultad de este reto se reflejan en la naturaleza penetrante de dos fenómenos, que a menudo se refuerzan mutuamente, en el mundo en desarrollo. Uno es la extensión considerable en la que quienes tienen acceso a la información corporativa pueden manipular el ambiente económico para extraer un ingreso financiero que no ha sido pareado con trabajo o inversión. Esas personas presentan una renuencia considerable a divulgar la información necesaria para medir los valores de sus corporaciones. Sin embargo, la diferencia entre el precio pagado por el bloque de control de las acciones de una compañía y el precio que otros pagan por esas acciones en el mercado libre puede usarse como un indicador objetivo de esos valores. En la década de los 90, la diferencia promedió, por ejemplo, 33 ciento en América Latina y 35 por ciento en las economías centroeuropeas en transición, en contraste con el 2 por ciento en Sudáfrica, Estados Unidos y el Reino Unido, y 8 por ciento en la Europa que no es anglosajona.

El otro fenómeno es el impacto de la rivalidad oligopolística entre grupos de intereses poderosos antrincherados en estructuras locales de poder económico y político. (Un oligopolio es un mercado con tan pocos proveedores que el comportamiento de cualquiera de ellos afectará el precio y la competencia). Tales grupos son llamados, a veces, coaliciones distributivas debido a su tendencia de gastar recursos financieros, físicos y humanos significativos en intentos de defender y/o expandir sus bases de extracción de valores, en lugar de invertir recursos en la creación de nueva riqueza para sus economías nacionales y ellos mismos. Generalmente incluyen a aquellos que tienen acceso a la información corporativa en corporaciones privadas y públicas importantes.

Estrategias de propiedad

En el mundo en desarrollo, quienes tienen acceso a la información corporativa usan ampliamente tres técnicas para expropiar o desviar recursos corporativos de maneras que privan a los inversionistas carentes de poderes de control y otros accionistas de la riqueza que, en países con gobiernos corporativos sanos, se consideraría su justa porción. La más importante es el uso de las estructuras piramidales de propiedad corporativa, en las cuales una firma controla una porción de los valores de una o más de otras firmas (la "segunda capa"), cada una de las cuales, a su vez, tiene una porción controladora de una o más de otras firmas (la "tercera capa"). Tales pirámides les permiten a los que disponen de información corporativa y controlan la compañía que ocupa el nivel superior controlar efectivamente todas las firmas que forman la pirámide, aun cuando su propiedad nominal en todas esas otras firmas, especialmente las de los niveles inferiores, puede ser bastante pequeña.

También son importantes las firmas que poseen recíprocamente las acciones de otras y las múltiples clases de acciones (acciones de la misma compañía que tienen diferentes derechos de voto, y en las que aquellos que tienen acceso a la información corporativa poseen derechos de voto desproporcionadamente altos). Utilizadas en combinación, estas técnicas hacen posible que quienes disponen de acceso a la información corporativa controlen activos corporativos de valor considerablemente mayor que los que podrían justificar sus derechos de propiedad nominales o, en el caso de los gerentes, su remuneración nominal.

El uso de técnicas para defender o aumentar su porción de poder, por parte de quienes tienen acceso a la información corporativa y en relación con sus rivales, tiende también a reducir o eliminar la necesidad de buscar medios alternativos de tener acceso al financiamiento externo, notablemente mediante un mejor gobernabilidad corporativa. Estas técnicas ofrecen a los principales accionistas gerentes, que prevalecen en gran parte del mundo en desarrollo, una ventaja adicional desde su propia perspectiva. En lugar de tener que diluir su control, como ocurriría con la venta de participaciones de capital para recaudar fondos entre inversionistas externos, en realidad lo aumentan, a menudo considerablemente, más allá de sus derechos de propiedad nominales.

Desafortunadamente, estas técnicas crean también fuertes incentivos para que quienes disponen de acceso a la información corporativa emprendan en beneficio personal actividades abusivas utilizando los apreciables recursos corporativos que controlan. Tales actividades no sólo constituyen distorsiones graves del mercado, sino que llevan a las corporaciones a actuar de maneras que aumentan significativamente la rigidez y la inestabilidad de la economía local. En economías que carecen de capital abundante, crean fuertes incentivos para que las corporaciones inviertan copiosamente en instalaciones de uso intensivo de capital, que, con frecuencia, permanece subutilizado. Ofrecen a los que tienen acceso a la información corporativa incentivos para que desplieguen rivalidad estratégica entre ellos, lo que a la sociedad le resulta muy costoso en términos de recursos despilfarrados y oportunidades perdidas de llevar a cabo el cambio que se necesita.

El uso difundido, por parte de quienes tiene acceso a la información corporativa, de las estructuras de propiedad piramidal, la propiedad de acciones cruzada o recíproca, y las múltiples clases de acciones hacen mucho para explicar la tendencia de muchos países en vías de desarrollo de resistir las presiones para mejorar la gobernabilidad corporativa. También hacen mucho para explicar el grave despilfarro, las distorsiones del mercado y la con frecuencia masiva asignación inapropiada de recursos humanos y materiales asociada, en demasiados de esos países, con la corrupción y el "capitalismo de compinches".

¿Qué hacer?

Para muchos países en vías de desarrollo el reto consiste en romper este círculo vicioso. Hacerlo requiere una mejor comprensión de la importancia de la gobernabilidad corporativa en los países en vías de desarrollo de hoy.

La OCDE ha venido trabajando para mejorar esta comprensión, con la investigación y el diálogo informal sobre gobernabilidad corporativa en su Centro de Desarrollo, y mediante sus programas de diálogo regional sobre políticas en Asia, América Latina, Europa Sudoriental, Eurasia, Medio Oriente y Africa del Norte, Rusia y China. Al reunir a quienes toman decisiones en el sector público con reguladores, compañías, inversionistas y otros interesados de cada región, estas mesas redondas ayudan a crear coaliciones favorables a la reforma. Las discusiones sobre políticas han girado en torno a los Principios de Gobernabilidad Corporativa de la OCDE, en tanto que cada región desarrolla recomendaciones adaptadas a las condiciones locales, emitidas en forma de informes oficiales regionales.

En uno de los primeros lugares de la lista de prioridades de la reforma en muchos países en vías de desarrollo debería estar el mejoramiento de la capacidad de atender el problema del uso abusivo, por parte de los que actúan dentro de la corporación, de las múltiples clases de acciones, la propiedad de acciones cruzada o recíproca y las estructuras de control corporativo piramidales. En muchos países, esto requerirá una exposición pública mucho mayor de la propiedad de las acciones y medidas más vigorosas para asegurar los derechos de propiedad básicos de los accionistas minoritarios, nacionales y extranjeros.

En muchos países, el reto clave es hoy no tanto cómo diseñar mejores leyes y regulaciones de gobernabilidad corporativa — muchos tienen ahora en sus códigos algunas buenas — sino cómo aplicarlas efectivamente. Muchos países en vías de desarrollo tienen regulación excesiva y, en ocasiones, contradictoria que demuestra ser demasiado difícil de aplicar.

La adecuada aplicación de la ley, que es el punto central del reto de pasar de los sistemas de gobernabilidad corporativa basados en relaciones a otros basados en reglas, plantea los problemas de las estrategias voluntarias en oposición a las obligatorias, y de la necesidad de instituciones reguladoras y judiciales fortalecidas para que las apliquen.

Recomendaciones para aplicarse

Muchos países de la OCDE favorecen una estrategia de regulación y aplicación que combina normas de exposición pública relativamente altas con una dependencia considerable de los mecanismos de gobierno voluntarios. El debate en los países de la OCDE, en cuanto a un equilibrio apropiado entre iniciativas regulatorias y voluntarias, no ha terminado. Para los países en vías de desarrollo, se pueden plantear preguntas adicionales acerca de la efectividad de los mecanismos voluntarios, dadas sus relativamente débiles instituciones de gobierno basadas en reglas y la débil capacidad de vigilancia a cargo de terceros. La gran brecha de información de la que se benefician, a expensas de los accionistas públicos, aquellos que tienen acceso a la información interna de las corporaciones, especialmente en países con estructuras de propiedad concentradas y deficiente protección de los derechos de los accionistas minoritarios, significa que los gobiernos han de continuar ejerciendo un papel central.

La función de las instituciones reguladoras y judiciales para la aplicación pública de la ley es particularmente importante para los países en vías de desarrollo. La experiencia reciente destaca el valor potencial de que estos países cuenten con una comisión reguladora de valores fuerte y políticamente independiente, pero totalmente responsable, bien financiada y dotada de poderes investigativos y reguladores adecuados. Esta experiencia, que es verdadera para todos los países, es especialmente relevante para los países con sistemas judiciales débiles, debido en no menor grado al tiempo considerable que puede llevar fortalecer el sistema judicial de un país.

Sin embargo, los responsables del trazado de políticas no deben percibir que la opción entre medios de aplicación regulatorios y judiciales es excluyente; deben considerar estos medios como complementarios y que se refuerzan mutuamente. Desde una perspectiva de desarrollo a largo plazo, pocas instituciones son más importantes, para el gobierno sano basado en reglas y el crecimiento a largo plazo de un país, que un poder judicial que funcione bien. Esto es cierto no sólo porque el sistema de gobernabilidad corporativa de un país comprende mucho más que sus reglas sobre valores y la aplicación de las mismas, inclusive la aplicación confiable de los contratos, sino también debido al peligro de que los que tienen la responsabilidad de regular, tales como las comisiones de valores, puedan ser corrompidos o influidos indebidamente por aquellos cuyos actos se suponen que deben vigilar y regular. Es en los países más afectados por la conducta de poderosas coaliciones distributivas, cuyo atrincheramiento se refleja a menudo en una falta de independencia y responsabilidad del poder judicial, donde tiende a ser mayor el peligro de la corrupción o la influencia excesiva.

Desarrollar un poder judicial competente, políticamente independiente y bien financiado es de importancia vital para mejorar la contribución de la gobernabilidad corporativa al desempeño corporativo y el desarrollo nacional a largo plazo.

La fuerte resistencia a muchos de los cambios necesarios para mejorar la gobernabilidad corporativa, a menudo se reafirma a sí misma mediante los sistemas de gobierno público basados en las relaciones. La debilidad relativa o el colapso de esos sistemas en muchos países, en años recientes, pueden representar una oportunidad transitoria para que los países superen la resistencia a los cambios que son necesarios tanto en sus sistemas de gobierno público como en los de la gobernabilidad corporativa.

El punto más general es que no solamente la gobernabilidad corporativa sana requiere un gobierno público sano, sino que también el gobierno sano de hoy requiere un gobernabilidad corporativa sana. Dado el poder de los individuos con acceso a la información interna de las propias corporaciones, y sus estrechas relaciones con quienes ejercen el poder político en los niveles más altos, el desarrollo requiere, en las instituciones de gobernabilidad corporativa y público, el desplazamiento simultáneo del imperio de los individuos al imperio de la ley.

* Charles Oman es responsable de investigaciones sobre gobierno, inversión y desarrollo en el Centro de Desarrollo de la OCDE.

* Daniel Blume es responsable del trabajo sobre gobernabilidad corporativa con países que no son miembros, en la División de Asuntos Corporativos del Directorio de la OCDE para Asuntos Financieros y Empresariales. Los autores son responsables exclusivos de las opiniones expresadas en este artículo.

Las opiniones expresadas en este artículo no necesariamente reflejan los puntos de vista o las políticas del gobierno de Estados Unidos.

 

Entrenar a los Administradores del Futuro

Fuente: U.S. Information Agency

Autor:  * Mary C. Gentile

 

Se puede educar a los gerentes para que conciban prácticas empresariales que equilibren las realidades éticas y económicas. Pero los programas de capacitación sólo lograrán influir en la conducta si abordan el propósito, el contexto social y el impacto completo de un determinado plan empresarial. Si bien en todas partes del mundo los educadores empresariales formulan en varias formas la cuestión de los valores y de la responsabilidad empresarial, existe amplio acuerdo de enseñar ética en la gestión gerencial allende las fronteras nacionales.

Luego de la serie de escándalos empresariales que involucran a Enron, Tyco International Ltd., WorldCom Inc., Arthur Andersen LLP y a otras compañías, los educadores en gestión empresarial en Estados Unidos encaran una vez más dudas acerca de su habilidad para preparar a los gerentes que dirijan a las organizaciones en forma responsable y ética. Antes los educadores ya estuvieron. En la década de 1980 hubo escándalos por especuladores que aprovecharon información interna y antes de ello hubo escándalos en la industria de la defensa nacional. De hecho, la cuestión de la ética y los valores ha sido tema fundamental en el propósito adoptado por los colegios de gestión empresarial en los Estados Unidos desde sus orígenes a principios del siglo XX.

Un asunto mundial

El reto que representa para los dirigentes de empresas ampliar su percepción acerca de la responsabilidad empresarial no se limita, sin embargo, a Estados Unidos ni al tema apenas formulado de la ética empresarial. En 2004, la Asociación de Fomento de Escuelas Empresariales Universitarias, el organismo internacional que acredita las escuelas de gestión empresarial, emitió pautas nuevas para integrar la ética y la gobernabilidad en la educación gerencial en el mundo. Las pautas se concentran en cuatro áreas: responsabilidad de la empresa en la sociedad, liderazgo ético, ética en la toma de decisiones y gobernabilidad empresarial.

De igual manera, el documento de trabajo de la Unión Europea titulado "Promover un marco para la responsabilidad social en la empresa" (2001) ayudó a poner en movimiento un examen multinacional del estado de la investigación y la enseñanza empresarial, así como el desarrollo de iniciativas sobre la investigación y los programas de enseñanza organizadas bajo auspicios de la Academia Europea de Empresa y Sociedad.

El Compacto Mundial de la ONU — iniciativa que ha reunido a más de 2.000 empresas de todas partes del mundo con agencias de las Naciones Unidas, laborales y de la sociedad civil para promover una ciudadanía empresarial responsable — ha actuado a través de su Foro de Aprendizaje para crear redes de educadores empresariales en el mundo. El foro ha permitido a los educadores compartir la investigación y redactar monografías para ilustrar las prácticas de las compañías que procuran cumplir los principios del pacto en lo que se refiere al trabajo, medio ambiente, derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

El Programa de Empresa y Sociedad del Instituto Aspen, con sede en Estados Unidos, ha establecido un consorcio mundial de once escuelas de gestión empresarial en India, Sudáfrica, España, México, Canadá y Estados Unidos, que operan en formas diferentes para abordar los temas de la ética, responsabilidad social de las empresas, ciudadanía empresarial, sustentabilidad y gobernabilidad.

Lograr el equilibrio

Con toda la atención que se le presta a la ética y la responsabilidad empresarial, ¿por qué se les pide cada pocos años a los educadores empresariales una mayor concentración en los valores y la responsabilidad? ¿Se trata solamente de un tema cíclico destinado que surge cada vez que la mala conducta alcanza un nivel inaceptable, para luego desaparecer una vez pasada la crisis? ¿O el problema está en que los esfuerzos de los educadores no han tenido éxito hasta el momento?

Siempre habrá quienes empujan demasiado los límites del comportamiento. Pero el problema pasa a ser crítico cuando las infracciones son la norma y no la excepción y se separa la conducta empresarial de las necesidades y expectativas de la sociedad. Ese desalineamiento hace que sea especialmente difícil para las escuelas de gestión empresarial adiestrar a sus estudiantes para que ejerzan la gestión empresarial en forma ética y al mismo tiempo compitan eficazmente en el mundo real.

En el pasado, con demasiada frecuencia la enseñanza de la ética empresarial se ha concentrado más en las tradiciones de una filosofía moral que en los instrumentos prácticos del análisis empresarial. Los programas de estudios enfrentan los objetivos de la empresa con los objetivos morales en lugar de revelar la interdependencia de ambos. Mucho se ha discutido si debía adoptarse un curso de acción en particular que podría ser poco ético en lugar de aplicar a las decisiones empresariales nuestros propios valores. Esto, a su vez, plantea otra pregunta: en un mundo de normas poco satisfactorias, ¿cómo prepararemos a los gerentes para que conciban alternativas que equilibren las realidades éticas y económicas?

Medidas basadas en valores

Para que una discusión sobre la ética y la responsabilidad empresarial tenga alguna influencia sobre la conducta, la misma debe abordar cuestiones tangibles y pragmáticas como el propósito, el contexto y la métrica de la empresa. Estas cuestiones incluyen:

  • Propósito: ¿Cuál es el propósito—en términos societales y empresariales—de una empresa o actividad empresarial? El experto en gestión empresarial Charles Handy arguyó en la revista Harvard Business Review (diciembre de 2002) que "el propósito de una empresa no es producir ganancias, punto. Es producir ganancias de modo que la empresa pueda hacer algo más o mejor". Una pregunta relacionada es si este concepto puede reconciliar las normas, las realidades económicas y los niveles de desarrollo de un país con otro.

     

  • Contexto social: ¿Se consideran los derechos y las responsabilidades legítimas de las partes interesadas? ¿Se evalúa una estrategia propuesta no solamente en términos de los resultados empresariales previstos, pero también en términos de sus impactos más amplios, como por ejemplo en la calidad de vida, la economía más extendida de una región y la seguridad? ¿Se tiene en cuenta en la ecuación del logro de utilidades el impacto sobre los empleados, los jubilados, las poblaciones locales y los recursos naturales?

     

  • Métrica: ¿Cómo se mide el desempeño y la rentabilidad? ¿Qué se cuenta? De mayor importancia, ¿qué no se cuenta? ¿Se mide el impacto y los resultados tanto a plazo corto como a plazo largo? ¿Cómo calculamos el impacto que tiene en las comunidades lo que tendemos a llamar efectos externos, como el agotamiento de los recursos naturales no renovables o los trastornos sociales causados por la reubicación empresarial en gran escala?

     

Todas estas cuestiones se deben examinar en el contexto de facultar al gerente para que adopte medidas basadas en valores.

Frecuentemente, en un mundo de empresas globales, oímos que no es posible enseñar valores y responsabilidad empresarial porque estos tienen determinantes culturales que excluyen un planteamiento efectivo y compartido. Pero la experiencia es distinta. Cada vez más, cuando los educadores enfrentan los retos empresariales concientes de las cuestiones del propósito, el contexto y la métrica arriba descritos, descubren que existe un interés compartido en la enseñanza allende las fronteras nacionales. Las ilustraciones y los mecanismos de implementación pueden variar — por ejemplo, en India las monografías pueden referirse a un mayor número de empresas familiares, y en China pueden referirse a un mayor número de empresas estatales — pero los objetivos que giran alrededor de la calidad de vida, la seguridad y las oportunidades económicas son los mismos.

Enfoques diferentes

Actualmente, los educadores empresariales del mundo plantean las cuestiones de los valores, la ética y la responsabilidad empresarial en formas variadas. Por ejemplo, la preocupación acerca de los recursos naturales finitos y el daño medioambiental causado por la actividad industrial estimula las iniciativas de investigación y educación en materia de sustentabilidad.

El Compacto Global de las Naciones Unidas, en sociedad con la Sabanci Universitesi (Estambul) y el Colegio Wharton de la Universidad de Pensilvania, presentó en 2004 una conferencia de dos partes titulada "Llenar el vacío: medio ambiente sostenible", y atrajo a profesores y empresarios de todo el mundo.

EGADE-ITESM, el colegio de posgrado para la gestión empresarial de la Universidad Monterrey Tech, en México, está concibiendo una nueva maestría en administración empresarial (MBA) que se concentra en el desarrollo sostenible y la gestión tecnológica para sostener la creación de nuevas empresas sostenibles. El programa se organizará alrededor de las experiencias obtenidas en los proyectos y utilizará las investigaciones de una red de centros de investigación en todo México.

El Colegio Johnson de posgrado en administración de la Universidad Cornell ha creado un centro con cátedra en empresa global sostenible que sirve como centro de investigación multidisciplinaria, desarrollo de programas de estudio y alianzas empresariales y sin fines de lucro.

Muchos colegios de administración de empresas en el mundo aprovechan también sus tradiciones e intereses regionales específicos para preparar a los futuros dirigentes empresariales para una gestión eficaz y ética.

Por ejemplo, el Instituto S.P. Jain de Administración e Investigación, en Mumbai, India, ha desarrollado varias iniciativas, entre ellas el Centro para el Desarrollo de Ciudadanía Empresarial, que provee experiencias fuera del salón de clase para que los estudiantes adquieran conciencia sobre los impactos sociales de la gestión. En la década pasada, este centro ha iniciado más de 800 proyectos que incluyeron a más de cincuenta firmas y cien organizaciones no gubernamentales (ONG). Su Gita Shibhir es un taller residencial de dos días, sostenido en un ashram (institución dedicada al estudio espiritual), que expone a los estudiantes a los aspectos espirituales de la vida y a la autogestión basada en las tradiciones de las escrituras indias.

El Instituto Asiático de Gestión Empresarial, en Manila, ha sido el primero en ofrecer un título de Maestro en Gestión del Desarrollo específicamente concebido para preparar a los directivos que trabajarán en las economías nacientes a abordar los retos y las oportunidades particulares que existen allí.

El Colegio de Gestión Empresarial de la Universidad de Stellenbosch, en Sudáfrica, está desarrollando un programa de doctorado en liderazgo, gobernabilidad y ética concebido para concordar con las metas de la Nueva Asociación Económica para el Desarrollo de Africa.

Existen también numerosas redes, como la Red Europea de Etica Empresarial, que incluye miembros de treinta y tres países que se ocupan de forjar conexiones entre académicos y empresarios y de promover ética en materia de educación, capacitación y prácticas institucionales.

El compromiso acentuado hacia los valores y la responsabilidad en la capacitación de dirigentes empresariales no se limita a un solo país o una sola tradición teórica. Se puede organizar los temas que necesitan ser enseñados alrededor de las cuestiones del propósito, el contexto social y la métrica; los instrumentos y planteamientos requeridos para abordar estos temas incluyen sicología social, antropología, tradiciones espirituales globales, historia política, negociación, política pública, etc.

Se reconoce cada vez más que los retos que existen en una región se convierten rápidamente en retos mundiales, y que las normas empresariales no pueden estar por mucho tiempo en desacuerdo con las necesidades y expectativas de una sociedad más amplia.

El papel de los educadores

Los educadores pueden suministrar el contexto y la perspectiva para ayudar a los gerentes a reformular los conflictos como retos comunes en vez de valores opuestos. Pueden proveer ejemplos de conflictos similares que fueron resueltos en el pasado. Pueden enseñar a los gerentes a mantener la comunicación a pesar de las aparentes diferencias para descubrir problemas y soluciones comunes. Tal vez lo más importante, pueden reforzar el hecho de que las normas empresariales no tienen que estar en conflicto con las expectativas más amplias de la sociedad y que, en efecto, no pueden estarlo por mucho tiempo.

Si los impactos sociales de la empresa se formulan solamente como cuestiones éticas, puede argüirse en forma persuasiva de que la educación empresarial ha llegado demasiado tarde para cambiar la conducta de los estudiantes. De igual manera, los catedráticos capacitados en economía o sicología o gestión administrativa pueden objetar alegando que carecen de una base formal en filosofía y por lo tanto no pueden hablar acerca de valores en el salón de clase. Es más, en los Estados Unidos el debate muchas veces termina estancado debido a la cuestión de si se debe enseñar la ética como un curso independiente o si se lo debe integrar a otras áreas empresariales, como el mercadeo, las finanzas y la contabilidad.

Por el otro lado, cuando se formula las cuestiones de la ética como un asunto de resolución ingeniosa de los problemas, el papel de la educación es visiblemente esencial. Se puede ofrecer entonces a los estudiantes instrumentos, métodos analíticos, contexto y ejercicios para el desarrollo de pericias, en lugar de prédicas.

La concepción de los programas de estudio refleja cada vez más la realidad de que existe una necesidad de que se dedique los cursos exclusivamente a temas como los valores y la toma de decisiones, la gestión sostenible y el papel que la empresa desempeña en la sociedad, y que se integre discusiones basadas en los valores en aquellas áreas funcionales en que existe la probabilidad de que surjan cuestiones difíciles.

Los cursos de mercadeo son los más apropiados para abordar, por ejemplo, los impactos sociales del mercadeo especializado o del mercadeo relacionado con causas. Los cursos de contabilidad son los lugares más apropiados para considerar los probables efectos que los diferentes métodos contables tienen sobre la calidad de la información que producen y los incentivos gerenciales que tienden a producir.

Cuando se los formula como cuestiones de propósito empresarial, contexto social y métrica, la ética y la gobernabilidad figuran en efecto entre las lecciones más importantes que los futuros gerentes necesitan aprender.

* Mary C. Gentile es consultora empresarial independiente y ex catedrática, investigadora y administradora del Colegio de Administración de Empresas de la Universidad Harvard.

Las opiniones expresadas en este artículo no necesariamente reflejan los puntos de vista o las políticas del gobierno de Estados Unidos.

 

El caso de los Accionistas Poderosos

Fuente U.S. Information Agency

Autor:  * Robert A.G. Monks

Los gobiernos deben insistir en que la presencia eficaz de los accionistas en todas las compañías redunda en el interés nacional y que la norma en el país es contribuir a la participación efectiva de los accionistas en la gobernabilidad de las corporaciones de propiedad pública

Durante cerca de 80 años, en Estados Unidos, abogados y juristas, en particular el ex magistrado de la Corte Suprema Louis D. Brandeis, han expresado su inquietud por la creciente brecha que separa a los accionistas de la administración de las corporaciones y el consiguiente abuso de poder corporaciónrial. La misma inquietud fue expresada por Adolph Berle y Gardiner Means en 1932 en su obra The Modern Corporation and Private Property. El jurisconsulto James Willard Hurst resumió los temores prescientes de todos estos adelantados en 1970:

La vigilancia por parte de los accionistas es el principal factor interno en el que se ha dependido tradicionalmente para dar legitimidad al poder corporativo. La permanente buena voluntad de nuestros ciudadanos de permitir a directivos corporativos, escogidos en privado, a tomar decisiones que afectan la producción, el empleo y la calidad de vida, depende de la rendición de cuentas de estos directivos ante los propietarios de la corporación. A nuestro juicio, la erosión práctica del poder de voto de los accionistas socava la estructura misma de la empersa privada, que es la base de nuestra vida política y economía nacional.

Ceder el poder a las compañías de inversiones

Los accionistas han cedido involuntariamente, de hecho, en gran parte inconscientemente, sus atribuciones a la dirección de las corporaciones. Esta tendencia se deriva del marcado aumento de la inversión institucional con incentivos tributarios y ha dejado un vacío de propiedad en el meollo del capitalismo accionario. De aquí el consiguiente abuso de poderes en las corporaciones e inevitablemente, una reacción contra las empresas.

Las instituciones inversionistas, sin medios de controlar la dirección de la corporación, recurren a la tenencia de una amplia gama de acciones junto con un gran movimiento de acciones. Las acciones se consideran como boletos de apuesta en carreras con resultados imprevisibles. Así pues, los accionistas han sido durante largo tiempo jugadores más que propietarios.

La esencia de todo sistema de gobernabilidad radica en que aquellos a quienes se confían los mayores poderes deben rendir cuentas a quienes sirven; de otro modo, se impone el interés propio en mayor o menor grado. El capitalismo accionario estadounidense no pasa esta prueba. La rendición de cuentas que existe es generalmente limitada y se hace con retraso. La dirección no rinde cuentas de su gobernabilidad realmente a los accionistas individuales ni a las compañías inversionistas y a los gestores de fondos, que son los agentes intermediarios de los accionistas. Ni tampoco estos intermediarios rinden cuentas, a su vez, a los accionistas últimos, es decir, a los miembros del fondo de pensiones y los tenedores de pólizas de seguros. Por tanto existe un doble déficit de rendición de cuentas, que inevitablemente se debe a unos propietarios ausentes y pasivos. Este es el fallo fundamental del capitalismo accionario y se debe solucionar de manera eficaz para poder poner remedio a todos los demás puntos débiles.

Un principio básico del capitalismo de mercado es que el sistema se basa en el control efectivo de la propiedad privada, es decir, que los propietarios deciden la manera en que sus activos se usan para obtener el mayor rendimiento. Por tanto, es especialmente insatisfactorio que la principal categoría de propiedad personal, las acciones (incluidos los intereses en acciones de tenencia colectiva a través de compañías de inversiones, sobre todo para proporcionar ingresos para la jubilación) carezca de control efectivo. Los tenedores directos de acciones, en Estados Unidos 50 por ciento de todas las acciones pertenecen a tenedores directos, son individualmente tan insignificantes que son prácticamente impotentes. Los usufructuarios de acciones son aun más impotentes. (Usufructuario es quien disfruta de los beneficios de un valor o propiedad, independientemente de quién sea el titular). Sólo si los accionistas pueden unirse eficazmente, y en la práctica esto se aplica sólo a los accionistas institucionales, la dirección de la corporación rendirá cuentas. Esto sólo suele suceder en raras crisis corporacionales, cuando el daño ya esta hecho.

Fondos de clases pasivas

En Estados Unidos, sigue existiendo una fuerte tradición de inversión individual y la mitad de todas las acciones son de propiedad personal. El resto es, en su mayor parte, propiedad de compañías de seguros, fondos mutuos y fondos de prestaciones directas de jubilación en los que las compañías invierten para ofrecer pensiones a su personal. Con los importantes incentivos tributarios ofrecidos en 1970 —el plan 401 (k) de ahorro para la jubilación, financiado por cuotas de los empleados y, con frecuencia, contribuciones de contrapartida del patrono—, los patronos están cambiando a planes de contribución directa. La contribución de un patron estadounidense puede pagarse, y con frecuencia se paga, en sus propias acciones. Por ejemplo, muchos empleados de Enron tenían más de 50 por ciento de sus fondos de jubilación en acciones de su propia corporación. En muchas corporacións gigantes, como General Electric y Coca-Cola, la proporción es 75 por ciento, y en Proctor & Gamble, más de 90 por ciento. Mientras una corporación es estable y crece, esto parece aceptable, pero que el trabajo y la pensión de los empleados dependan del alza de las acciones es peligrosamente arriesgado.

Cada vez es más frecuente que la mayoría de las cuotas de los empleados, y a veces también la contribución del patron, a los planes 401 (k) vayan a una amplia gama de acciones. Las compañías de fondos mutuos compiten enconadamente por este ingente negocio. Sus actividades de gobernabilidad corporativa, de haberlas, tendrán así un efecto vital en la cantidad de la pensión y la gobernabilidad corporativa estadounidense.

Hasta la fecha, no existe una tradición de actividad de gobernabilidad corporativa de fondos de pensiones o fondos mutuos. Las únicas excepciones son algunos de los mayores fondos del sector público, que no están obligados de ningún modo a las direcciones corporativas. (Un ejemplo honroso es el College Retirement Equity Fund -CREF). Así, en Estados Unidos, la oposición a las astronómicas remuneraciones de los ejecutivos o el procedimiento ordinario de reapreciación de las opciones a la compra de acciones es casi desconocida, como también lo es la presión directa regular sobre un director gerente con una gobernabilidad desafortunada. Existe resentimiento, pero se reconoce con criterio realista que los accionistas carecen del poder para influir de alguna forma. En Estados Unidos, un director gerente con frecuencia pierde su empleo por un mal desempeño a corto plazo, pero esto se debe a presiones del mercado, no por la determinación de los accionistas. Todavía está por ver si los recientes escándalos corporativos darán por resultado cambios duraderos.

Los fondos de pensiones de las sociedades, controlados por las direcciones de esas corporaciones, casi nunca han sido activistas. Existe un reconocimiento implícito de que el fondo de pensiones de cada compañía se abstendrá de adoptar una postura militante a cambio de una actitud recíproca de todos los demás fondos de pensión, porque las direcciones corporatias prefieren desalentar cualquier forma de intervención en la gobernabilidad corporativa para su beneficio mutuo. En cuanto a las compañías de seguros de vida, bancos y fondos mutuos, están, respectivamente, en competencia con sus colegas, de aquí que la cooperación sea comparativamente rara. Muchas forman parte de grupos más amplios, que también buscan negocios de banca o de seguros. Muchas son propietarias de gestores de fondos y por tanto son también reacias a enemistarse con las direcciones de las corporaciones.

Todas estas instituciones tienen un deber implícito de actuar con iniciativa como inversionistas en nombre de los usufructuarios de las acciones -de hecho, es derecho fiduciario en Estados Unidos, aunque rara vez se aplica. Pero la acción colectiva, que por sí sola podría tener influencia, es rara, y está en gran parte limitada a casos de gobernabilidad patentemente desastrosa, en general a lo largo de muchos años, o a serios casos de mala conducta de la dirección de la corporación, cuando ya es demasiado tarde.

Gestores de fondos: conflictos y expectativas a corto plazo

Las limitaciones que hacen de las instituciones de inversiones, prácticamente, propietarias pasivas se aplican de igual modo a los individuos conocidos como gestores de fondos. Estos especialistas en inversiones administran los fondos de los intermediarios en las inversiones, en particular fondos de pensión, algunos de los cuales se gestionan internamente. La mayor parte de los fondos mutuos gestionan sus propios fondos. Más del 75 por ciento de los gestores de fondos son propiedad, aproximadamente a partes iguales, de bancos de inversión y compañías de seguros. La mayor parte de las compañías de seguros suele invertir no sólo sus propios e ingentes fondos (sobre todo de tenedores de pólizas), sino también de fondos de pensión de los sectores público y privado, lo que los convierte en inversionistas institucionales directos y gestores de fondos.

Las condiciones de la inversión siempre se acuerdan con los clientes, pero los gestores de fondos son los principales responsables de decidir la estrategia más apropiada a las necesidades de sus clientes. Tienen amplios poderes para decidir en cuanto a inversiones. Los más prominentes especialistas y gestores de fondos están entre las personas mejor remuneradas de Estados Unidos, con salarios al menos iguales a los de los más altos directivos de corporaciones. La gobernabilidad de los principales fondos de pensión de las 500 principales compañías de Estados Unidos (más de 75 por ciento de la bolsa de valores) está muy concentrada en los 10 principales gestores de fondos. Así pues, compiten encarnizadamente para atraer y retener a importantes corporaciones, lo que inevitablemente reduce su capacidad de exigir cuentas a las direcciones corporativas.

La incapacidad de los gestores de fondos de exigir cuentas a las direcciones corporacionales, que son sus principales pagadores directos o indirectos, los lleva inevitablemente a la diversificación de fondos mediante la tenencia de una amplia gama de carteras de acciones, reacción típica de un jugador más que de un propietario. Este proceso, como se ha señalado anteriormente, se agrava por el hecho de que los clientes de los gestores esperan que los fondos tengan un buen desempeño en plazos relativamente cortos. Esto pone de relieve uno de los principales puntos débiles del capitalismo accionario: el grave desfase entre los períodos por los que se juzga a los gestores de fondos y los períodos bastante más largos, digamos, cinco o seis años, que serían más idóneos para la mayoría de los beneficiarios. La presión de los clientes inevitablemente lleva a los gestores de fondos a dar preferencia a las acciones de las que se espera un buen desempeño a corto plazo, fenómeno que ha hecho que muchos comentaristas culpen a los gestores de fondos de la formación de burbujas y el colapso de acciones en los últimos cuatro años.

Romper el ciclo

Aquí está en juego un proceso perjudicial y crecientemente destructivo que daña el óptimo desempeño corporacional a largo plazo y con él el interés de la mayoría de los inversionistas. Por consiguiente, hay pocos incentivos para que los gestores de fondos consideren un plazo tan largo como sus aptitudes de inversionistas lo justifiquen, o los directivos de corporaciones como lo justifiquen sus aptitudes de dirección estratégica. Al mismo tiempo, las gestores de fondos acusan a los directivos de corporaciones colectivamente de someterlos a presiones indeseables a corto plazo y viceversa. Romper este círculo vicioso es una de las tareas más importantes de la reforma de la gobernabilidad corporacional.

Los gobiernos deben insistir, en apoyo del principio fundamental de que no debe haber poder sin rendición de cuentas, que la presencia efectiva de los accionistas en todas las compañías redunda en el interés nacional y que es la norma del país contribuir a la participación efectiva de los accionistas en la gobernabilidad de corporaciones de propiedad pública. Se debería establecer un consejo nacional para asegurar que esta norma se aplique por todos los organismos de los poderes ejecutivo y judicial, autoridades en materia de competencia, bolsas de valores y otras entidades igualmente interesadas.

* Robert A.G. Monks es editor de http://www.ragm.com -, que recoge y difunde información y opiniones sobre la gobernabilidad en las corporaciones. Fue fundador de Institutional Shareholder Services, Inc, del que fue presidente de 1985 a 1990. También es fundador de Lens Governance Advisors y presidente adjunto de Hermes Focus Asset Management, en el Reino Unido.

Las opiniones expresadas en este artículo no necesariamente reflejan los puntos de vista o las políticas del gobierno de Estados Unidos.

 

El riesgo del Ejecutivo y  Profesional frente al Delito Financiero  “oculto en los negocios y con apariencia licita”

Autor: Danilo Lugo C.  U.S. InterAmerican Affairs

Un abogado en la rama comercial que presta sus servicios profesionales como asesor jurídico en la elaboración de un contrato, un administrador de empresas, que es contratado para dirigir una sucursal de un exitoso negocio de importación y exportación, un analista de mercado y experto en publicidad, que elabora un plan de mercadeo de un producto novedoso a precios super-competitivos, un contador público que lleva los registros contables de una empresa, una decoradora de interiores, que diseña una nueva imagen para las oficinas, un medico especializado en  cirugía plástica que “rejuvenece” a pacientes de estratos altos, un auditor que presenta un informe de control interno, un gerente de banco que autoriza sobregiros y abre cuentas a clientes en su sucursal, un notario público que registra documentos, un político que hace su campaña y acepta donaciones de sus seguidores, un vendedor de bienes raíces que asesora a sus clientes en inversiones, un ingeniero o contratista que licita con el estado, Etc. todos ellos sin excepción están en la lista de profesiones de “alto riesgo” según las nuevas regulaciones de organismos internacionales que miden el “riesgo país” y la “transparencia” en la administración del gobierno corporativo.

 Todos estos profesionales y ejecutivos y hasta políticos, hacen su trabajo normalmente sin pensar que podrían estar bajo la lupa de agencias internacionales de investigación criminal por delitos relacionados con el “lavado de dinero y activos” o incluso más grave; “financiamiento  al terrorismo”, pasando por otras modalidades, como “crimen de cuello blanco”, “fraude corporativo”, “cohecho,” “colusión”, “concusión”, “soborno”, “testaferrato” y para cerrar con broche de oro, “crimen organizado”, una tipificación delictiva  para justificar el crimen “transnacional”.

 En un mundo globalizado con una economía  dependiente de un pequeño grupo de países elite ricos y  desarrollados, llamados el G-8, el dólar norteamericano sigue siendo la moneda universal por excelencia de comercio mundial, ni siquiera el Euro, que inauguró la época del nuevo milenio en los países europeos y con una diferencia de unos cuantos centavos por  encima, ha podido desplazar la divisa estadounidense, es por esto que los países dolarizados, como es el caso de Panamá, Ecuador, el Salvador, Puerto Rico, la mayoría de islas del caribe y países asiáticos, y latinoamericanos giran su economía en base a la tasa de cambio del dólar, que tiene un respaldo por su fuerte crecimiento económico y poder de consumo de los norteamericanos.

 Esto precisamente, es lo que hace atractivo a países con legislaciones y controles vulnerables en ser utilizados por lo cerebros de las organizaciones para el negocio de “lavado de dinero y activos”.  Según un informe del Fondo Monetario Internacional FMI el lavado de dinero oscila entre el 2% y el 5% del producto bruto interno mundial, que es de por lo menos US $600.000.000.000 anuales…! Por supuesto que se refiere a transacciones en todas las monedas del mundo. Esta fantástica suma de dinero es el resultado de la tipificación y el nuevo concepto que se le da a las diferentes modalidades para “dar apariencia legal al producto o ganancias de actividades ilícitas”. Anteriormente, el lavado de dinero se refería únicamente a las ganancias derivadas del narcotráfico y delitos relacionados con la producción y comercialización de substancias controladas. Después de los atentados del 11 de Septiembre,  la resolución 1373 de las Naciones Unidas en Nueva York, que fue la respuesta de la comunidad internacional  a estos dramáticos hechos, establece claramente que los “Estados” en referencia a los países miembros de la ONU, están obligados a crear leyes en contra del financiamiento al terrorismo y determina que todo acto criminal que derive en ganancias ilícitas como el lavado dinero podría considerarse como delito conexo con el financiamiento al terrorismo. Esta resolución del Consejo de Seguridad, fue la base para que el congreso norteamericano aprobara en tiempo record la famosa “Ley Patriótica” que entró en vigor el 24 de Octubre del 2001, esta ley en el titulo III tiene los artículos referentes a delitos financieros y la extraterritorialidad de la ley ya que penaliza a norteamericanos y extranjeros que violen la ley. Esta ley no solo se aplica a individuos, sino a bancos, entidades financieras y “empresas fachada” en la legitimación de capitales y otorga poderes especiales al ejecutivo para autorizar a agencias federales como el FBI, DEA, y hasta la CIA, para intervenir comunicaciones, confiscar bienes, e investigar transacciones sospechosas dentro y fuera de los Estados Unidos, incluso extraditar a los implicados para ser juzgados en tribunales  norteamericanos.

 Los escándalos de fraudes corporativos, como Worldcom, Enron, Tyco, y de empresas multinacionales como Parmalat, generaron nuevas leyes como la segunda parte de la ley patriótica, conocida como el Acta de la victoria “Victory Act”, que es en resumen, las “garras y los colmillos” de la justicia. En Julio 30 2002 entró en vigor la Ley Sarbanes-Oxley, conocida también como SarOx ó SOA (por sus siglas en inglés Sarbanes Oxley Act), es la ley que regula las funciones financieras contables y de auditoria y penaliza en una forma severa, el crimen corporativo y de cuello blanco. Debido a los múltiples fraudes, la corrupción administrativa, los conflictos de interés, la negligencia y la mala práctica de algunos profesionales y ejecutivos que conociendo los códigos de ética, sucumbieron ante el atractivo de ganar dinero fácil y a través de empresas y corporaciones engañando a socios, empleados y grupos de interés, entre ellos sus clientes y proveedores.

La aplicación e interpretación de esta ley, ha generado múltiples controversias, una de ellas es la extraterritorialidad y jurisdicción internacional, que ha creado pánico en el sistema financiero mundial, especialmente en bancos con corresponsalía en Estados Unidos y empresas multinacionales que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York.

 Organizaciones, como Transparencia Internacional, el Grupo de Acción Financiera conocido por sus siglas en ingles como FATF (financial action task force) y en español como GAFI, la Comisión Interamericana para el control del abuso de sustancias controladas y el lavado de dinero de la OEA, el Grupo Egmont (grupo de paises que se reunieron en el palacio Egmont-Arenberg de Bruselas para la formación de unidades de inteligencia financiera), y la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Eliminación del Financiamiento del Terrorismo, han lanzado una campaña mundial para prevenir la corrupción administrativa, los delitos económicos y financieros, y con mayor énfasis en la lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo. La más activa es GAFI, que ha creado grupos por regiones hemisféricas, como GAFIC, (grupo de acción financiera para Centro América y Caribe. GAFISUD, para países suramericanos etc. y que los países miembros se comprometen a cumplir las recomendaciones so pena de ser declarados “países no cooperantes” (Guatemala estuvo en esta lista hasta Julio del 2004) lo que significa un bloqueo de sus actividades financieras y ser declarado de alto riesgo en la región, igualmente Panamá fue catalogado como “paraíso fiscal” junto con Uruguay y las Bahamas, afortunadamente y debido a su gestión han podido reivindicar sus nombres.  En las 48 recomendaciones se establece el marco legal, la aplicación de la justicia, el sistema financiero y sus regulaciones y la cooperación internacional. Dentro de cada uno de los puntos, los países se comprometen a crear las leyes, a reforzar el sistema de justicia criminal y regular todo el sistema bancario y corporativo en sus países, y además a compartir información vital en investigaciones.

 En un informe de actividades sobre  lavado de dinero en 2005 para el departamento de Estado, la embajada norteamericana en el Salvador, dice textualmente:

“…El Salvador tiene uno de los sistemas bancarios más grandes y desarrollados de América Central. Sus contactos financieros más importantes se realizan con los países centroamericanos vecinos, así como con Estados Unidos, México y República Dominicana. La adopción del dólar como moneda de curso legal en enero de 2001, junto al tamaño y crecimiento del sector financiero, convierten a este país en terreno fértil para el lavado de dinero…”.

 Mas adelante continúa el informe,

 “…El decreto 498 de 1998, la“Ley contra el lavado de dinero y activos” penaliza el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico y otros crímenes graves que incluyen la trata de personas , secuestro, extorsión, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y contrabando…”

y luego recalca….

“…Incluso si los recursos fueran abundantes, queda por ver si estas agencias gubernamentales pueden cooperar para lograr sus objetivos anti lavado de dinero. Por ejemplo, en 2005 se logró un solo arresto por lavado de dinero. El detenido fue acusado de abrir cuentas para transferencias de dinero bajo nombres falsos para recibir envíos de dinero desde Estados Unidos disfrazados como remesas. Desafortunadamente, la FGR decline el seguir la investigación de varias pistas generadas tras el arresto de esta persona. En consecuencia, cualquier evidencia que relacione a otras personas con este esquema ya debe de haber sido destruida.

 Este Informe podría ser un golpe contundente a la credibilidad del sistema judicial de este país centroamericano y lo pondría al borde del abismo de figurar en la lista de países “No Cooperantes” del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, igualmente aplica para todos los países. Sin embargo estoy seguro que esa no es la intención, sino la de “un campanazo de alerta” para que los organismos de control y el sistema financiero, apliquen con mayor cuidado todas las recomendaciones de cumplimiento obligado, para evitar este delito transnacional. Por ejemplo: El perfil para vinculación de clientes en el sistema financiero de acuerdo con PeP’s (politically exposed persons), o personas públicamente expuestas, la aplicación de la “debida diligencia reforzada” en el sistema financiero, el diseño de controles internos de prevención detección y corrección, capacitación y actualización periódica para todo el personal de entidades bancarias, financieras y las consideradas como “susceptibles para ser utilizadas por el crimen internacional” como empresas de inversión, corredores de bolsa, turismo, casas de cambio, comercializadores. aseguradores etc. Entre las nuevas recomendaciones se hace mucho énfasis en los “sujetos obligados” y se refiere a personas jurídicas y naturales que están obligadas s reportar transacciones sospechosas o inusuales y entre ellos se destacan, los abogados, notarios, contadores, auditores, miembros de juntas de directores, empresarios, ejecutivos bancarios, y empleados de manejo y confianza. Se hace énfasis en los Contadores y Auditores, puesto que por su propia preparación están en la capacidad de determinar movimientos financieros y controles vulnerados.

Esta última parte en referencia a los “sujetos obligados” convierte automáticamente a profesionales y ejecutivos en personas vulnerables y de alto riesgo ante un delito transnacional, por estar al frente de las entidades y empresas o prestar servicios profesionales en oficinas que podrían eventualmente ser utilizadas o penetradas por organizaciones criminales, como  medios para el lavado de dinero.

Esto realmente va muy en serio…!

Estados Unidos desde hace varios años tiene acceso a información de millones de personas en el mundo, desde sus datos personales, hasta sus negocios, propiedades, socios, y actividades que podrían catalogarse como privadas. Estos datos son recopilados por empresas que luego “venden información” y son utilizadas para datos estadísticos, alianzas estratégicas, mercadeo, etc.

También desde 1999 existe la famosa “lista Clinton”  conocida mas bien como la “lista negra” del departamento del tesoro de los Estados Unidos, OFAC (por sus siglas en ingles, Office of Foreign Assets Control). En esta lista aparecen los nombres de las personas empresas y organizaciones que el gobierno de los Estados Unidos considera que tienen vínculos con el narcotráfico o terrorismo internacional que por ende están bloqueadas, para negocios con cualquier norteamericano o empresa norteamericana. Lo más dramático de esta lista es que también están incluidas personas inocentes y empresas de bien, que por razones circunstanciales, han tenido algún tipo de relación profesional o comercial con quienes realmente si han tenido que ver con negocios ilícitos y este solo hecho es base y fundamento para ser “sospechosos” y figurar en la lista OFAC.

Por otro lado también reconocidos bancos y entidades financieras de la talla del banco de Nueva York,  el prestigioso y más antiguo banco de los Estados Unidos el Riggs Bank y el Citigroup  se han visto envueltos en escándalos financieros por cuenta de haber sido utilizados para transacciones sospechosas y han tenido que pagar cuantiosas multas. El caso más reciente es el del banco Bankatlantic con sede en el sur de la Florida, Abril del 2006, que ha tenido que pagar una multa de U.S.$10’000.000, después de haber sido declarado responsable en una investigación de varias agencias federales, de no aplicar los controles de prevención y haber sido negligente en mantener programas antilavado en su institución, la investigación continua y se espera que hayan acusaciones criminales para algunos ejecutivos del banco que tenian relaciones con mafias organizadas.

 Es un hecho, que para el futuro  hayan mas controles y penalizaciones, en un mundo globalizado, ya no es excusa el no estar informado de los riesgos de hacer negocios sin la “debida diligencia” y de acuerdo a las nuevas leyes y estándares internacionales de cumplimiento obligado.

 Danilo Lugo C.

Es un experto en temas de prevención y educación sobre la violación de la ley y el crimen internacional organizado, dicta conferencias y seminarios de actualización profesional, miembro de la división internacional de United States InterAmerican Affairs, y de la Asociación latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros.

+info www.interamericanusa.com  

 

Responsabilidad del Ejecutivo y Profesional En el Ejercicio de sus Funciones de Acuerdo con las Nuevas Leyes y Estándares Internacionales de Cumplimiento Obligado

Autor: Danilo Lugo C. U.S. InterAmerican Affairs

Introducción

La responsabilidad del profesional o el ejecutivo moderno en el ejercicio de sus funciones se ha incrementado dramáticamente en los últimos tiempos, y no me refiero simplemente a la “responsabilidad” como persona que cumple con una función para la que le ha sido asignado un cargo y por la cual se ha preparado. Me refiero a la “responsabilidad legal” o “responsabilidad penal”, estas responsabilidades podría calificarlas como de “riesgo” en la década de los 90’s y  últimamente como de “altísimo riesgo”, debido a las nuevas leyes, normas, regulaciones y estándares internacionales de cumplimiento obligado, en un mundo globalizado a nivel comercial, en que las fronteras prácticamente se han derrumbado con la firma de tratados comerciales por bloques geopolíticos, en la continua búsqueda de nuevos mercados para productos y servicios.

 En este nuevo siglo XXI, desde el primer año, el mundo quedo consternado con las tragedias de los atentados terroristas en Nueva York Washington y Pennsylvania, aunque en otros países era cosa de todos los días, pero el hecho significativo de tener un ataque de estas proporciones directamente en el corazón financiero del mundo desestabilizó la economía mundial creando un pánico en las bolsas de valores de Nueva York, hasta Londres, pasando por Paris, Tokio y ni que hablar de las economías paupérrimas de países africanos y emergentes como el caso de los latinoamericanos. Pero tenia que suceder en el país mas poderoso del planeta y motor de la economía global, para que la palabra “terrorismo” se tomara realmente en serio, ni siquiera las tragedias de Uganda en África y sus millones de muertos en férreas y fratricidas guerras tribales, las masacres y hambruna de Somalia, o mas cerca aun la critica situación de Haití que aun con la vigilancia de las tropas de buena voluntad de las Naciones Unidas han podido superar la devastadora situación de hambre y miseria de sus habitantes. El “terrorismo” se puso de moda, la palabra y sinónimos se pronuncia en todo el mundo, y en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York estuvo en estado de alerta y convocó su Consejo de Seguridad, que a los pocos días, el 28 de Septiembre del 2001 emitió la resolución No. 1373 sobre el terrorismo y sus connotaciones mundiales.

 I-  Justificación de las Leyes y Estándares Internacionales

Ley Patriótica de los Estados Unidos

La primera ley Post-11 de septiembre 2001 fue la “USA Patriot Act, conocida como la ley Patriótica de los Estados Unidos. Esta ley es muy extensa y se compone de 10 Títulos (o secciones) cada uno de ellos con diferentes connotaciones y articulados, que abarcan desde la protección de las fronteras, hasta la regulación del sistema financiero para prevenir la financiación del terrorismo. Titulo III, Este Titulo de la ley se conoce como la Ley Anti-terrorista “Title III Uniting and strengthening  America  by providing aprópiate tools require to intercept and obstruct terrorism…”  -Uniendo y fortaleciendo a los Estados Unidos de América, proveyendo las herramientas adecuadas que se requieren para el control y la prevención del Terrorismo-   Esta ley  fue efectiva casi de inmediato, el 24 de Octubre del 2001 y en esta sección otorga poderes especiales al ejecutivo para implementar severas medidas en contra del financiamiento al terrorismo, creando una tenebrosa conexión entre el narcotráfico-terrorismo-crimen organizado. Lo que antes eran delitos separados, ahora con esta ley se convierten en delitos conexos y autónomos, entre ellos están el “lavado de dinero” el “lavado de activos”, el “enriquecimiento ilícito” el “blanqueo y legitimación de capitales”.

La Ley Patriótica ha sido impugnada 27 veces en diferentes Estados de la Unión Americana, ha sido incluso cuestionada y llevada a los estrados mas altos de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo ha sobrevivido todos los intentos de derogación, por cuenta de que viola los derechos civiles de los ciudadanos, uno de ellos y el mas fundamental de todos es la privacidad de la información,  ya que las agencias federales de investigación criminal tienen acceso por autorización de esta ley, de interceptar comunicación y conocer también las transacciones financieras de cualquier sospechoso. Los defensores de la ley alegan que vale la pena sacrificar la privacidad por cuenta de la seguridad nacional y los detractores de la ley, aseguran que el costo es muy alto y que los estadounidenses jamás volverán a tener privacidad en la información. El blanco directo de esta ley, muy difundida por cierto, pero poco comprendida por los países extranjeros es la extraterritorialidad y extra-jurisdiccionalidad, que abarca territorios y países extranjeros que tienen comercio directo o indirecto con los Estados Unidos.

En mi continua tarea de expositor de temas de prevención y educación sobre la violación de la ley, siempre tengo interrupciones por parte de los participantes a los cursos y seminarios… la pregunta es la misma…   ¿Por qué si es una ley Americana, nos afecta a nosotros…?  ¿Por qué tenemos que cumplir con esa ley si es solo para los gringos…?   Por supuesto que implica una confrontación de criterios entre los asistentes y una expectativa por mi punto de vista, algunos hablan de –intromisión-   otros hablan de –imperialismo yanqui- en fin, la respuesta es la misma: Toda persona, empresa, gobierno, que tenga negocios con Estados Unidos esta sujeto a esta ley, debido a que para poder negociar se necesita la intervención de dos factores, uno en el extranjero y otro con base en los Estados Unidos, por lo tanto cualquier movimiento en dólares o documentos de valor, mercancías, servicios, etc. están sujetos a las normas regulaciones y la aplicación esta ley norteamericana.

 Ley Sarbanes Oxley Julio 30, 2002

 La Ley Sarbanes-Oxley, conocida también como SarOx ó SOA (por sus siglas en inglés Sarbanes Oxley Act), es la ley que regula las funciones financieras contables y de auditoria y penaliza en una forma severa, el crimen corporativo y de cuello blanco. Debido a los múltiples fraudes, la corrupción administrativa, los conflictos de interés, la negligencia y la mala práctica de algunos profesionales y ejecutivos que conociendo los códigos de ética, sucumbieron ante el atractivo de ganar dinero fácil y a través de empresas y corporaciones engañando a socios, empleados y grupos de interés, entre ellos sus clientes y proveedores.

La aplicación e interpretación de esta ley, ha generado múltiples controversias, una de ellas es la extraterritorialidad y jurisdicción internacional, que ha creado pánico en el sistema financiero mundial, especialmente en bancos con corresponsalía en Estados Unidos y empresas multinacionales que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York.

El Congreso de los EE.UU. está enterado del efecto hacia abajo que tiene la ley. La ley específicamente establece que:

”Las apropiadas autoridades regulatorias del Estado deben hacer una determinación independiente de los estándares apropiados aplicables, particularmente tomando en consideración el tamaño y la naturaleza del negocio de las firmas de contabilidad que ellos supervisan y el tamaño y la naturaleza del negocio de los clientes de esas firmas."

Supervisión más independiente.

El comité de auditoria, como un comité de la Junta Directiva, será directamente responsable del nombramiento, de la compensación, y de la supervisión de cualquier firma de contabilidad que prepara o publica un reporte de auditoria o haciendo un trabajo relacionado. La firma informará directamente al comité de auditoria.  

Cada miembro del comité de auditoria debe ser un miembro de la Junta Directiva del emisor, y debe ser independiente. Ellos tienen específicamente prohibido, así como los miembros del comité de auditoria, de la Junta Directiva, o de cualquier otro comité de la Junta, de aceptar honorarios por consultoría, asesoría, u otro honorario compensatorio del emisor, y no puede ser una persona afiliada o una sucursal del emisor. La SEC puede establecer las excepciones.

Para llevar a cabo sus deberes, el comité de auditoria tiene la autoridad para comprometer el consejo independiente y a otros asesores, y le deben dar la financiación apropiada. Al comité de auditoria se le requiere para que establezca los procedimientos para el recibo, para la retención, y para el tratamiento de quejas recibidas por el emisor por asuntos contables, por controles internos de la contabilidad o por asuntos de auditoria, y para la sumisión confidencial y anónima de las inquietudes de los empleados del emisor.

Existe una pena severa por no cumplir con las nuevas reglas. Después de 270 días después de la promulgación, la SEC publicará las reglas que pueden dirigir las bolsas nacionales de valores y las asociaciones para prohibir el listar cualquier acción de un emisor que no cumpla con los nuevos requerimientos.

 Las certificaciones de los ejecutivos.

Bajo esta ley, la SEC debe establecer una norma (que será efectiva 30 días después de la promulgación de la ley) que requiere de cada compañía los informes periódicos que envíen bajo la Ley de Valores, que el ejecutivo principal o los oficiales financieros principales, o las personas que desarrollen funciones semejantes, elaboren un número de certificaciones y representaciones con respecto a la revisión de estados financieros y a los informes anuales o trimestrales enviados bajo cualquier sección de la Ley. Las representaciones se deben hacer también en cuanto a los controles internos y en cuanto a las revelaciones para el auditor y para el comité de auditoria. 

Interferencia de la auditoria.

Impedir una auditoria se considera una ofensa criminal. Un oficial o el director de un emisor (o cualquier otra persona que actúa bajo su dirección) no puede tomar cualquier acción para influir fraudulentamente, para obligar, manipular, o para engañar a cualquier contador público independiente o a un contador público certificado comprometidos en el desempeño de una auditoria con el propósito de la interpretación de los estados financieros materialmente engañosos. La SEC propondrá las regulaciones dentro de los 90 días después de la promulgación de la Ley y publicará la regulación dentro de los 270 días después de la promulgación.  

Las caducidades.

Si a un emisor se le requiere que prepare una reexpresión contable debido al incumplimiento material del emisor, como resultado de una mala conducta, con alguno de los requerimientos de los reportes financieros bajo las leyes del mercado de valores, el presidente ejecutivo y el gerente financiero del emisor deben rembolsar al emisor todas las primas y ganancias. A menos que la SEC diga otra cosa, las primas o cualquier otro incentivo o la compensación basada en el capital de la compañía recibida durante el período de 12 meses que sigue a la primera emisión pública o al envío del reporte a la SEC (el que ocurra primero) del documento financiero que incluya los requerimientos del reporte financiero y cualquier utilidad realizada de la venta de los valores del emisor durante ese período deben ser reintegradas a la compañía.  

Corredores y períodos muertos.

Sujeto a las excepciones hechas por la SEC, un director ejecutivo o un presidente de un emisor de cualquier mercado de capital (diferente de los exceptuados), no puede comprar, vender, o adquirir o transferir cualquier título valor del emisor durante cualquier período muerto para un título valor adquirido en conexión con sus servicios o su empleo como director ejecutivo o presidente. Esta provisión surte efecto 180 días después de la promulgación y tiene que ver con corredores durante los períodos muertos de los fondos de pensiones.

Las revelaciones más grandes.

Los reportes que contienen estados financieros que requieren que sean preparadas de acuerdo con (o reconciliados) con los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) reportados a la SEC tendrán que mostrar todos los ajustes materiales corregidos identificados por una firma de contabilidad registrada de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) y las reglas y regulaciones de la SEC.

 Los abogados en la mira.

La ley requiere que la SEC, no dentro de los 180 días después de la promulgación, emita las reglas sobre las normas de conducta profesional para los abogados inscritos y para los practicantes. Específicamente, ellos requerirán a un abogado para informar la evidencia de una infracción material de la ley de valores o de las operaciones fiduciarias o una infracción semejante por la compañía o por cualquier agente de la misma, al asesor legal principal o al presidente de la compañía. Si no hay la respuesta apropiada, el abogado debe informar la evidencia al comité de auditoria, o a otro comité de la Junta Directiva compuesto únicamente de directores no empleados directamente o indirectamente por el emisor, o por la Junta Directiva.

 La evaluación de los controles internos.

Cada reporte anual debe contener un reporte que evalúe la eficacia en la adecuación de la estructura del control interno y de los procedimientos para el reporte financiero. La firma de contabilidad que prepara o emite el reporte de auditoria atestiguará y reportará esta evaluación. Todas las reglas de revelación anteriormente descritas no aplican a cualquier compañía inversionista registrada bajo la Sección 8 de las Compañías de Inversión de la ley de 1940.

Tiempo real y otras revelaciones.

La SEC estará emitiendo las reglas que requieren cada emisor, junto con reportes periódicos requeridos según la Sección 13 (a) o 15 (d) de la ley de títulos de valores de 1934, para revelar si ese emisor ha adoptado un código de ética para los ejecutivos financieros. La revelación pronta se requerirá de cualquier cambio en el código de ética. La SEC propondrá las reglas dentro de los 90 días después de la promulgación y emitirá las reglas finales dentro de los 180 días después de la promulgación. Así mismo, la SEC emitirá las reglas que revelen o no, si por lo menos un miembro del comité de auditoria es un experto financiero. La revelación se requiere también sobre una base de cambios materiales en las condiciones u operaciones financieras en ciertos emisores.  

La SEC revisará en una forma regular las revelaciones hechas por emisores que informan bajo la ley de Mercado de Valores (inclusive informes en la Forma 10-K), y que tiene una clase de valores listados en una bolsa nacional de valores o transadas en una cotización automatizada de una asociación nacional de valores. Para planificar, la SEC considerará si los emisores han publicado las nuevas reexpresiones materiales de los resultados financieros; la inestabilidad significativa experimentada en el precio de sus acciones; las que tienen una gran capitalización de mercado; las compañías con disparidades en el precio de los indicadores de utilidades; y aquellas operaciones que afecten significativamente algún sector material de la economía. En ningún caso, deben ser hechas con una frecuencia menor a una vez cada tres años.  

Otros Cambios

Se incrementarán las penas criminales incluyendo una por la destrucción de registros de auditoria. Los contadores que conduzcan auditorias de un emisor para los cuales se aplique la Sección 10A(a) de la ley de Mercado de Valores de 1934, deben mantener todos los papeles de trabajo o de auditoria por un período de cinco años desde el final del período fiscal en el cual la auditoria o la revisión se concluyeron.

La SEC estará emitiendo las reglas dentro de los 180 días de la promulgación sobre la retención de registros pertinentes tales como papeles de trabajo, los documentos que forman la base de una auditoria o revisión, de los memorandos, de la correspondencia, de comunicaciones, de otros documentos, y de los registros que son creados, enviados, o son recibidos con respecto a una auditoria o revisión y contienen las conclusiones, las opiniones, los análisis, o la información financiera relacionada con la auditoria o revisión, la cual es conducida por cualquier contador. Los que violen esas reglas pueden ser multados y/o encarcelados hasta por 10 años.

Hay otras numerosas provisiones incluyendo unas que tienen que ver con los posibles conflictos de interés de los analistas y recursos adicionales y de autoridad para la SEC. También, la Oficina de la Contabilidad General ( GAO por sus siglas en inglés) preparará un reporte en la consolidación de firmas de contabilidad y hará un estudio de los bancos de inversión y de asesores financieros que ayudan o asesoran a las compañías públicas a esconder su verdadera condición financiera. Se dará protección a los informantes y a empleados de las compañías que suministren la evidencia del fraude.  

Consecuencias de esta ley

Esta legislación es una declaración de Washington de que las cosas tienen que cambiar rápidamente. Es evidente en el alcance de la legislación y de las reglas que saldrán de la SEC. El impacto será sentido inmediatamente y es obvio que el Congreso está preparado para legislar una reforma adicional, si es necesaria.

 Sección 108: Normas de Contabilidad.

El "SEC" está autorizado a “reconocer, como ‘generalmente aceptado’ cualquier principio de contabilidad” que sea establecido por cuerpo regulador que cumple con los criterios establecidos por esta Ley, que incluye los siguientes requisitos:

(1) ente privado Gobernado por una Junta de fiduciarios (o cuerpo equivalente), los cuales la mayoría no son o no han estado asociados a una firma de contabilidad pública durante los últimos dos años;
(3) cuyos fondos provienen de manera similar a la Junta;
(4) han adoptados procedimientos para asegurar la pronta atención a cambios a los principios de contabilidad por una mayoría de votos;
(5) considerar, en la adopción de las normas, la necesidad de mantenerlas corriente y su aplicabilidad a nivel internacional si fuera necesario o apropiado.

Análisis de las Normas Internacionales de auditoria 200 y 700 y aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC 32, 38 Y 39 sobre valuación de activos. 

Es indudable la importancia que reviste el resaltar y hacer conocer los mecanismos, medios y procedimientos que pueden ser empleados en la ejecución de hechos irregulares, porque hoy en día no se puede desconocer que los negocios están rodeados de una cantidad de riesgos y factores de orígenes diversos que se constituyen en elementos de presión para la ocurrencia de toda una gama de figuras delictivas, como fraudes, desfalcos, estafas, falsedades, prácticas contables inapropiadas o inadecuadas, situaciones de interés o beneficio propio, entre otras, llegando en ocasiones a acabar con grandes empresas, en detrimento de todo un contexto económico e inmensos perjuicios a un conglomerado social.

Las Normas Internacionales de Auditoria no han alcanzado el nivel de madurez y rigor apropiado para su uso en la preparación y presentación de los estados financieros de muchas compañías de dimensión mundial. El no reconocer las NIA’s trae como consecuencias que los costos pueden verse afectados y vulnerabiliza los mercados internacionales de capital por la poca confiabilidad y seguridad para los inversionistas.

Normas internacionales de auditoria 200 – 209 responsabilidades

Las Normas Internacionales de Auditoria (NIA’S) deben ser aplicadas en la auditoria de los estados financieros. Las NIA’S contienen los principios básicos y los procedimientos esenciales junto con lineamientos relativos para los contadores públicos en el desempeño de trabajos dirigidos a proporcionar un alto nivel de seguridad. 

Sección II

Conflicto de intereses y responsabilidades de los órganos de control y supervisión.

 Sección 206: Conflictos de Interés.

El "CEO", Contralor, "CFO", Oficial de Contabilidad o persona en posición equivalente no podrá haber sido empleada por la firma de auditoria durante el último año previo a la auditoria.

Gobierno corporativo ante la crisis de confianza

La pérdida de confianza pública, generada por los manejos fraudulentos de directivos y administradores ubicados en la cúpula de organizaciones de clase mundial en los Estados Unidos y Europa, sumadas al crecimiento de la corrupción en el mundo por parte de funcionarios de alto nivel en el estado, es la gran preocupación en el presente siglo, especialmente cuando ya es un hecho la globalización de la economía y en consecuencia la internacionalización de las organizaciones que quieran subsistir en el mercado.

Si nos preguntamos cual será el futuro de las corporaciones gobernadas y controladas por personas de baja autoestima, permisivas ante la falta de valores sociales, pero fortalecidas por el conocimiento de la información, el tráfico de influencias y su codicia ante el afán de enriquecimiento personal, encontraremos la importancia de fortalecer el buen Gobierno Corporativo en las instituciones, para recuperar la confianza.

Boeing Co. afectada por una serie de problemas antiéticos y potencialmente ilegales, en razón al conflicto de intereses, mala conducta y uso de información privilegiada, originada en el comportamiento del director general de finanzas y otro alto ejecutivo, Parmalat declarada en bancarrota por el escándalo contable de más de 10.000 millones de euros, ocultos en la llamada contabilidad impropia, también de moda en Europa y con bastante semejanza al caso Enron, son apenas tres casos de los múltiples ocurridos en el 2003

El buen gobierno corporativo no debe considerarse como el tema de moda, sino como la solución a la crisis de confianza que se percibe alrededor de las empresas del sector público y privado, las cuales reflejan los resultados de sus operaciones y gestión en estados financieros e informes bastante cuestionados.

El buen gobierno corporativo busca, asegurar el buen manejo y administración de las sociedades, especialmente en aquellas que cotizan en bolsa, para proteger los derechos de inversionistas y otros grupos de interés, promoviendo la transparencia, la productividad, la competitividad y la integridad de las instituciones.

El buen gobierno corporativo se basa en principios lógicos como la equidad, la honestidad, la solidaridad y la justicia, tanto para con los grupos de interés como para la sociedad en general, que no puede verse afectada por las inescrupulosas actuaciones de delincuentes de cuello blanco asentados en el poder de las corporaciones y de las empresas públicas.

No se trata de identificar el buen gobierno corporativo con un simple código de ética o código de conducta, que de acuerdo con lo observado queda plasmado solo en la teoría y no en el sentir de quien lo lee.

De acuerdo a estándares internacionales emitidos en el nuevo acuerdo de Basilea II y el pronunciamiento de la organización para la cooperación y el desarrollo económico, OCDE, el código de buen gobierno corporativo debe contener procedimientos claros que comprometan a los integrantes de una organización, respecto a:

Estructura organizacional de la compañía; un análisis al organigrama, permitirá determinar concentración de poder, líneas staff, comités de decisión y eficiencia en la comunicación intradepartamental.

Políticas y división de funciones; las políticas escritas en manuales de funciones, de procedimientos y códigos de conducta permiten determinar las responsabilidades, el empoderamiento, el camino a seguir ante conflicto de intereses y las reglas de conducta de los directores, administradores y principales ejecutivos integrantes de la organización, para asegurar decisiones tomadas con objetividad

Directrices estratégicas; El gobierno de las sociedades debe aterrizar y comunicar a todos los interesados, la visión de la empresa, metas y estrategias éticas, para alcanzar objetivos viables, haciendo coincidir los valores corporativos con los valores de sus integrantes

Administración de riesgos; la creación de un comité de análisis y control de riesgos, facilitará una cultura preventiva, apoyada por comités de auditoría, comités de gestión de activos, pasivos y tesorería, los cuales evaluarán y medirán el impacto de los riegos operacionales, de mercado y de reputación, para determinar controles internos efectivos y puntuales que aseguren el cumplimiento del objeto social, la confiabilidad de los procesos, la razonabilidad de la información y la no movilización de dineros ilícitos.

Manejo de información y reportes; El marco del gobierno de las sociedades debe asegurar la calidad, confiabilidad, transparencia y oportunidad de la información financiera y no financiera, incluidos los resultados basados en métodos contables apropiados, el futuro financiero a corto, mediano y largo plazo de la organización originados en datos reales, la protección de los activos, la propiedad y la gestión de quien gobierna la compañía.

Infraestructura tecnológica; el marco del buen gobierno corporativo debe tener en cuenta que los cambios generados especialmente por la tecnología en comunicaciones facilita la dispersión de la propiedad de la empresa y por ello su control tiende a ser virtual, esta nueva realidad demanda nuevas prácticas ajustadas a canales de información sistémicos y en tiempo real, apoyados por software para detección de fraudes, cuyos reportes sean válidos en auditorías forenses cuando la justicia así lo solicite.

El no cumplimento de estos compromisos inciden directamente en la calificación de riesgo país o en el desmejoramiento de la confianza empresarial para quienes incumplen, este hecho se reflejará en mayores costos financieros por el riesgo y en sanciones civiles o penales de acuerdo a la nueva ley Sarbanes-Oxley la cual se convierte en una verdadera revolución de gobernancia corporativa al requerir a cualquier ejecutivo para que explique con evidencia convincente el registro de información contable y financiera.

Norma Internacional de Contabilidad NIC. 32 Instrumentos Financieros

La norma prescribe ciertos requisitos a seguir para la contabilización de los instrumentos financieros dentro del balance general. La normativa sobre contabilización se refiere: a la clasificación como pasivo o como patrimonio neto, a intereses, dividendos, pérdidas y ganancias relacionados con ellos, así como a las circunstancias bajo las cuales los activos y los pasivos deben ser objeto de compensación.

Además la norma aconseja a las empresas revelar información acerca de la naturaleza e importancia del uso de instrumentos financieros, los propósitos para los que se usan, los riesgos asociados con ellos y las políticas que la empresa utiliza para controlar tales riesgos.

Norma Internacional de Contabilidad NIC. 38 Activos Intangibles

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles, que no estén contemplados específicamente en otra norma internacional de contabilidad. Esta norma exige que las empresas procedan a reconocer un activo intangible, si y sólo si, se cumplan ciertos criterios. La norma también especifica cómo determinar el importe en libros de los activos intangibles, y exige que se revelen ciertas informaciones complementarias, en las notas a los estados financieros, que hagan referencia a estos elementos.


Norma Internacional de Contabilidad NIC. 39 Instrumentos Financieros: reconocimiento y medición

El objetivo de esta norma consiste en establecer los principios contables para el reconocimiento, la medición y revelación de información referente a los instrumentos financieros de las empresas de negocios.

Las únicas tres clases de activos financieros que, según esta norma, pueden seguir contabilizándose al costo son los préstamos y partidas por cobrar originadas por la propia empresa, otras inversiones con fecha fija de vencimiento y, por último, los instrumentos de capital no cotizados, cuyo valor razonable no pueda ser medido de forma fiable(entre los que se incluyen los derivados que, estando ligados a tales instrumentos no cotizados de capital, deban ser liquidados mediante entrega de los mismos). 

Sección III

Transacciones fuera del balance

En la ley Sarbanes-Oxley se ordenó la promulgación de ciertas nuevas normas respecto de la divulgación de transacciones que no aparecen en el balance, dictadas por Securities and Exchange Commision(SEC), normas: { 303 (a)(4) y 303 (a)(5)} de regulación (S-K), que establecen, en parte, la información que tiene que estar incluida en los documentos que son presentados ante la SEC. Estas obligan a las empresas a incluir mayor información en documentos que son presentados ante la SEC (el formulario 10-K si son empresas estadounidenses y el formulario 20-F si no lo son.)

La norma 303(a)(4) exige que el formulario, presentado ante la SEC, incluya una sección especial en que se debe describir todas las transacciones que no aparecen en el balance y que puedan tener, en el presente o en el futuro un impacto en el declarante respecto de su condición financiera, en sus ingresos o gastos, en los resultados de operaciones, en su liquidez o en sus fuentes de capital.

Una transacción “que no aparece en el balance” es un acuerdo o arreglo contractual con una entidad no consolidada, por lo cual la empresa declarante puede tener:

I Una obligación bajo una garantía o semejante;

II Un interés retenido o contingente en bienes transferidos a la entidad no consolidada;

III Un instrumento derivativo si su valor verdadero no está reflejado como una responsabilidad o como un bien en el balance;

IV Y cualquier obligación o responsabilidad relacionada con un interés variable en una entidad que provee financiamiento, liquidez, apoyo de mercado o crédito al declarante, o está involucrada con actividades de “leasing”, o servicios de búsqueda y desarrollo con la empresa.

Esta norma también requiere la divulgación de la siguiente información necesaria para entender los efectos de una transacción que no aparece en el balance:

 · La naturaleza y el propósito comercial del acuerdo;
· La importancia de una transacción que no aparece en el balance respecto de su liquidez, fuentes de capital, apoyo de riesgo de mercado o crédito;
· Los ingresos, gastos y flujos de caja de la empresa respecto del acuerdo;
· La naturaleza y cantidad de los intereses retenidos por la empresa, de cualesquiera valores emitidos o deudas asumidas por la empresa, y de cualquier otra responsabilidad u obligación material (incluyendo obligaciones o responsabilidades contingentes) que pudiera surgir del acuerdo, y de las circunstancias que podrían causar que esto ocurriere; y un análisis de los efectos de la terminación de los acuerdos que no aparecen en el balance y la respuesta preparada por la empresa declarante en el caso que esto ocurriere. 

La norma 303(a)(5) exige que en el formulario se incluya una tabla que especifique los diferente tipos de obligaciones contractuales de la empresa, distinguiendo entre aquellas que son pagaderas en menos de un año, entre uno y tres años, entre tres y cinco años y en más de cinco años.

 A quienes se aplican las disposiciones de la ley

La Ley se aplica a todas las empresa públicas, norteamericanas o extranjeras, incluyendo a los emisores American Depositary Receipts (ADR) cuyos valores se transan en bolsas de valores de los Estados Unidos, es decir, emisores de “Nivel II” y emisores de “Nivel III” cuyos valores están registrados según la Sección 12 de la Securities Exchange Act of 1934 y que adecuen sus contabilidades a la normas contables generalmente aceptadas en los Estados Unidos, o bien, presenten su informe anual según dicha normas.

Las provisiones de la Ley Sarbanes-Oxley Act de 2002 relacionadas a las operaciones que no aparecen en los balances producirán un impacto importante, puesto que las empresas o los inversionistas sujetos a sus normas, deberán conocer la información que debe ser divulgada respecto de estas operaciones y posiblemente modificar la forma de preparar sus balances, de manera tal de poder cumplir con sus exigencias.

Ley de la Victoria de los Estados Unidos –Victory Act 2003-

La segunda parte de la ley patriótica, es lo que yo denomino en un idioma colonial como “las garras y los colmillos” del tigre (ley USA Patriot ACT) que se constituye en defensor en contra de los que atenten contra la  “seguridad nacional” de los Estados Unidos, como es una ley que ataca directamente el corazón financiero y por ende establece la conexión entre el crimen organizado y la financiación del terrorismo, cualquier delito relacionado tiene implicaciones bajo jurisdicción de esta ley.

Uno de los casos más sonados en los últimos tiempos que tiene que ver con la infracción de esta norma, está dado en República Dominicana  con el banco Baninter demandado por supuesto artífice de fraude bancario relacionado con lavado de dinero y publicado el 30 de Marzo de 2004 en el diario “The Wall Street Journal Américas”. 

“...La demanda que abarca acusaciones de asociación para delinquir, fraude cablegráfico y lavado de dinero pide US$102 millones por concepto de daños a  Álvarez Renta ex - embajador dominicano en Francia y alto asesor en República Dominicana.

 De ciudadanía dominicana y estadounidense, Álvarez Renta tiene una residencia en Coral Gables, Florida.  Acusado de varios cargos de fraude bancario y delitos afines al lavado de dinero en República Dominicana, Álvarez Renta fue detenido allí el año pasado pero luego puesto en libertad por razones médicas mientras espera juicio y continúa viajando entre ambos países”.

“Se trata del paso inicial en una búsqueda mundial”, dice C. Thomas Tew , abogado que representa a la comisión de liquidación.  La demanda también acusa a Álvarez Renta de “comprometer” tres bancos en Miami en su plan de cometer fraude en Baninter y esconder fondos robados en Estados Unidos.

Según la demanda internacional Bank of Miami NA, Hamilton Bank NA y BankAtlantic NA prestaron millones de dólares a empresas controladas por Álvarez Renta .  Los préstamos fueron garantizados por letras de crédito emitidas por Baninter a favor de los bancos de Miami.

 Álvarez Renta utilizó los fondos de Baninter para pagar cada uno de los préstamos otorgados por los bancos de Miami a sus empresas y así ayudar a robar millones de dólares al banco.  

La demanda describe “un patrón de conducta tradicional de fraude y lavado de dinero”  y agrega que. Desde el Congreso de EE.UU. aprobó la ley Patriot en octubre de 2001, los bancos han tenido que practicar una diligencia debida mejorada al gestionar cuentas de extranjeros influyentes y los bancos extranjeros corresponsales.

Las entidades mencionadas en la demanda deben poseer documentación detallada para explicar los préstamos y podrían estar expuestas a las leyes de lavado de dinero de EE.UU. 

Baninter, el tercer banco de República Dominicana, se derrumbó como consecuencia de lo que los investigadores del Banco Central consideraron fraude de US42.200 millones.  La caída del banco asestó un fuerte golpe a la economía dominicana, que en la década de los 90 había logrado excelentes resultados en América Latina. 

Comentario

Las pruebas en la investigación forense realizadas al caso del banco Baninter lo relaciona con blanqueo de capitales y lavado de dinero en razón a la creación de un banco paralelo mediante el cual se ocultan múltiples transacciones y a su vez se reportan estados financieros con omisión y falsedad lo cual constituye mala práctica, negligencia ceguera intencional  y responsabilidad del gobierno corporativo y la persona jurídica.

La comprobación del fraude se resume así.

El agujero comenzó a generarse en 1989, cuando se pone en marcha un banco paralelo donde de mantenían activos y pasivos fuera de los estados financieros que se entregaban a la Superintendencia de Bancos. 

Otro de los elementos que conforman el agujero son los intereses pagados sobre los depósitos que Baninter mantenía fuera de libros, lo que se estima en cerca de RD$ 22,000 millones. 

Cancelación fraudulenta de los sobregiros, es decir, fueron borrados totalmente de los libros. 

Aprobación de préstamos especiales y confidenciales a vinculados sin documentación de soporte ni garantías. 

Durante el período enero - marzo del 2003, funcionarios de Baninter instruyeron a subalternos para que borraran de los libros sobregiros, adelantos de cartas de crédito, préstamos especiales y confidenciales, por un monto aproximado de RD$16,766 millones. 

Caso Cheques sin fondos de BankInvest certificados por Baninter para comprar dólares   utilizados supuestamente para pagar deudas Baninter en el exterior 

1.4 Sección 231 Autoridad para intervención telefónica o de cualquier tipo de comunicación, para delitos de tipo financiero y lavado de dinero. 

Este hecho ha generado en todos nuestros países modificaciones a las leyes penales, a través de estatutos antiterroristas bastante cuestionados por el temor a infringir derechos civiles de los ciudadanos  

La Ley de la Victoria parece ser un intento por combinar la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el narcotráfico en una misma campaña. Comprende una larga lista de cláusulas destinadas a ampliar las facultades del gobierno para investigar, intervenir las comunicaciones, y procesar y encarcelar a los fugitivos, los que se dedican al lavado de dinero, los "narcoterroristas" y los narcotraficantes no violentos. 

Entre otras cosas:

Permitiría al FBI la obtención de una orden para intervenir las comunicaciones de los dispositivos inalámbricos, como ser un teléfono celular, a través de cualquier tribunal de distrito de ese país

Obliga a los demandados que están tratando de lograr la invalidación de pruebas obtenidas a través de escuchas ilegales a demostrar que la policía violó dicha reglamentación en forma intencional

Reduciría las restricciones al acceso gubernamental a registros financieros confidenciales

Brindaría al gobierno mayores facilidades para incautar o inhibir los bienes de aquellas personas acusadas de lavado de dinero

Aumentaría el poder del FBI para enviar citaciones por cuenta propia en casos de investigaciones relacionadas con el terrorismo sin necesidad de dar intervención a un juez 

Jurisdicción Extraterritorial. 

La ley antilavado de Estados Unidos establece que tiene “jurisdicción extraterritorial” si la “conducta prohibida... es por un ciudadano estadounidense, o en caso que no fuere ciudadano estadounidense, la conducta ocurre parcialmente en Estados Unidos” e involucra más de US$ 10.000. Esto puede incluir la colocación de una orden de pago en un país extranjero vía transferencia de fondos que pasa “por, a través o hacia una institución financiera en Estados Unidos”. 

1.5 Análisis de casos de entidades financieras que han sido intervenidas mediante la congelación de fondos a través de su corresponsal. 

A un reconocido banco en Colombia le fueron congelados US$ 2 millones  a través de su corresponsal, por hacer operaciones  con un cliente que está incluido en la lista OFAC. 

Es de anotar que la extensión de la ley Patriota da poder extraterritorial, es decir un alcance más allá del territorio norteamericano y recordemos que cuando se diligenciaron los formularios que garantizaban la presencia física de nuestros bancos  estábamos firmando la aceptación de congelamiento en el caso de presentarse operaciones relacionadas con lavado de dinero y activos. 

1.6  Sección 232 Investigación y confiscación de propiedades y garantías. 

Reconocimiento y autoridad para los casos de investigación y confiscación de propiedades producto de delitos específicos catalogados como “delitos mayores”. (Explicación verbal por parte de los expositores). 

Análisis de casos ocurridos en América Latina, relacionados con pérdidas de garantías de bancos que desconocían el origen de fondos con las cuales fueron adquiridas. 

1.   Teniendo en cuenta que el lavado de dinero y activos no solo proviene de actividades de narcotráfico,  sino también de corrupción administrativa y  evasión fiscal entre otros, la nueva ley, se extiende a cubrir la impunidad reinante observada en funcionarios públicos que gozan de sus fortunas inclusive en el mismo Estados Unidos. 

Expropiarán bienes de latinos corruptos.  Fuente: El Nuevo Herald, 16 de septiembre de 2002. 

El gobierno de Bush no sólo les está cancelando las visas a funcionarios públicos corruptos de Latinoamérica sino también las de empresarios y banqueros privados que roban a sus gobiernos o a ciudadanos. Se les han cancelado ya visas a funcionarios nicaragüenses y ecuatorianos vinculados con casos de corrupción en sus países. “Están destruyendo vidas, quitándoles la comida de la boca a los niños y pobres. Los fondos públicos deben dedicarse a la salubridad, educación, nutrición y vivienda”. 

Otto Reich, Subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos dijo que el gobierno de Bush “ha cancelado un buen número de visas” de funcionarios latinoamericanos, pero quiere ampliar su campaña contra la corrupción. Agregó que se está estudiando la posibilidad de confiscar propiedades que funcionarios latinoamericanos corruptos compren en Estados Unidos; “estamos colaborando con el Departamento de Justicia para ver cómo lo podemos hacer”. 

Cualquier intento de confiscar bienes de funcionarios o exfuncionarios públicos latinoamericanos presuntamente corruptos sería una estrategia nueva que probablemente impactaría al sur de la Florida, destino predilecto de los nuevos ricos de América Latina. Reich indicó que una campaña de ese tipo podría llevarse a cabo en cualquier parte de Estados Unidos. 

Según informes de prensa, en el 2002, el gobierno de E. U. ha cancelado la visa a más de 20 prominentes guatemaltecos, entre ellos un general retirado del ejército, y a varios ex - funcionarios que trabajaban con el ex - presidente Portillo. 

El alto riesgo que viven las entidades financieras  respecto a las garantías que reciben por los créditos que otorgan, se presenta cuando proceden de fondos ilícitos ya que con esta nueva ley pueden ser confiscadas por autoridades de cada país. 

Un caso ocurrido en Febrero de 2004 en Colombia nos permite reflexionar sobre este riesgo: 

A criterio de un juez especializado, un banco debió conocer primero la actividad económica desplegada por su cliente y no suscribirse a verificar sólo la capacidad de pago.  Para ello, tuvo que haber realizado todas las diligencias necesarias para conocer quien era en realidad el titular del crédito hipotecario para evitar ser utilizada para el ocultamiento o distracción de recursos provenientes de actividades ilícitas. 

“El hecho que el banco se haya atenido religiosamente a la regulación en materia civil y de comercio no lo exoneraba del deber objetivo de prevención que tiene toda sociedad  controlada por la Superintendencia Bancaria”, aseguró el juez en su providencia. 

En su fallo establece que las actividades delictivas de la mujer y sus hermanos no se suscribieron solo a la época de su captura.  Con base en las pruebas obtenidas por las autoridades estadounidenses, los Lara Nausa operaban desde 1995 y un informe de inmigración del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estableció que los viajes a Estados Unidos de María Margarita fueron constantes desde 1990.  además, la mujer adquirió  el inmueble el mismo día que constituyó la hipoteca. 

Concluyó en la sentencia que no se podían aceptar los postulados de buena fe o exención de culpa esgrimidos por el banco.  Por el contrario, consideró que no aplicó los mecanismos de control contemplados en la ley. 

Los recientes fallos y sentencias jurídicas de las autoridades colombianas en Diciembre del 2003, en la cuales se ordena la extinción de dominio a bienes inmuebles que en su momento pertenecieron a reconocidos narcotraficantes, pone nuevamente en el tapete reclamaciones de personas naturales y jurídicas que los adquirieron de buena fe. 

Lo cierto es que las acciones jurídicas se soportan en investigaciones que arrojan pruebas convincentes (Auditoría Forense) mediante las cuales se determinó que la mayoría de bienes estuvieron en cabeza de empresas de fachada o personas incluidas en la lista del tesoro de los Estados Unidos, OFAC.  

Por su parte, algunos de los propietarios afectados demostraron la legitimidad y el origen lícito de los fondos con los que adquirieron los inmuebles y la justicia ordenó el reintegro del dinero invertido. 

Los indicios iniciales que permitieron la consecución de evidencias, que posteriormente se convirtieron en pruebas, sirvieron para que la justicia comprobara el juego de transacciones irreales, ante la ausencia de documentos que acreditaran el valor de los inmuebles, así como las inconsistencias en las escrituras registradas en las diferentes notarías. 

Los análisis contables a las sociedades investigadas reflejan el vertiginoso ascenso de sus capitales, sin precisar el origen de los fondos y respaldados en comprobantes y estados financieros no válidos. 

Reflexión 

El caso anterior debe colocar en alerta especialmente a bancos que reciben garantías reales sin los debidos estudios de su tradición, entidades que aseguran bienes sin conocer su procedencia, fiduciarias que administran bienes y que pueden ser usadas como testaferros, entidades financieras captadoras de recursos que pueden ser ilícitos, empresas en general  que se financian con capitales desconocidos y personas naturales que manejan preferiblemente efectivo, desconociendo su origen. 

En la publicación del diario la República del 14 de marzo de 2004 se observa como un juez al fallar un proceso de extinción de dominio, solicita la investigación a un importante banco por su negligencia al no aplicar en forma debida los mecanismos de control para establecer las actividades económicas desplegadas por sus clientes.  

Se suma a estos riesgos el hecho de la creación en Colombia a partir de marzo de 2004  de las llamadas unidades “Falcone” en honor al juez italiano Giovanny Falcone símbolo de la lucha contra la mafia asesinado en la década pasada, las cuales serán integradas por profesionales expertos en investigación legal, quienes detectarán establecimientos comerciales y propiedades producto del narcotráfico, secuestro, extorsión o actos de corrupción; para aplicarles extinción de dominio si sus propietarios no justifican la procedencia lícita de los recursos con los cuales fueron adquiridas. 

Recomendaciones 

Abstenerse de mantener cualquier vínculo laboral o comercial con personas naturales o jurídicas incluidas en la lista OFAC.

Solicitar estudios jurídicos de la tradición de bienes inmuebles analizando antecedentes de sus tenedores.

Conocer el cliente y su mercado mediante el análisis de estados financieros y no financieros razonables y avalados por profesionales debidamente autorizados.

El permanente riesgo reputacional y de pérdida de activos por extinción de dominio que contempla  la ley universal Usa Patriot y Victory Act, deben ser un tema de continuo análisis por parte de la gerencia y el gobierno corporativo a través de sus comités de evaluación de riesgo y auditoría.

 “….El -Paquete Congresional-  como he denominado a estas tres leyes,  envía un claro mensaje al pueblo de los Estados Unidos y a la Comunidad Internacional, en los tratados de libre comercio firmados  por los Estados Unidos individualmente con países y en bloques hemisféricos, está presente la aplicación de este paquete de leyes, en lo referente, a productos, servicios profesionales, licencias operacionales, capital y derechos intelectuales….” 

Danilo Lugo C. /  U.S. InterAmerican Community Affairs                                                   

Danilo Lugo C. Es un experto en temas de prevención y educación sobre la violación de la ley y el crimen internacional organizado, dicta conferencias y seminarios de actualización profesional, miembro de la división internacional de United States InterAmerican Affairs, y de la Asociación latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros.

+info www.interamericanusa.com  

 

 O.E.A. Convención InterAmericana contra la Corrupción, el Abuso de Substancias y el Lavado de Dinero

Fuente : OEA Washington

I. ANTECEDENTES 

En mayo de 1999, durante el vigésimo quinto período ordinario de sesiones de la CICAD la Comisión decidió que los Grupos de Expertos deberían presentarle un plan de trabajo que, aprobado por la misma, sería la base del trabajo de dichos grupos. En diciembre de 2002, durante el trigésimo tercer período ordinario de sesiones de la CICAD realizado en México D.F el pleno aprobó un plan de trabajo para los años 2003 y 2004. De acuerdo con lo resuelto por la Comisión en el precitado período de sesiones, la presidencia para las dos reuniones del año 2004 recayó en Bolivia.  

En la trigésimo quinta sesión ordinaria de la CICAD, llevada a cabo en abril de 2004,  la Comisión, consideró el informe del representante de México, Embajador Miguel Ángel González Félix, Presidente del grupo ad hoc de la CICAD sobre delincuencia organizada transnacional, formulado en la primera reunión del grupo ad hoc, que tuvo lugar en Washington, D.C., del 15 al 17 de marzo de 2004 (documento CICAD/doc.1299/04), y tras un debate ulterior decidió remitir el plan de trabajo sobre delincuencia transnacional organizada al Grupo de Expertos en el Control del Lavado de Activos, para que éste lo considerase, como un tema adicional a los previstos para su próxima reunión. Dicha decisión se adoptó “con la solicitud de que dicho Grupo de Expertos se ocupase de algunas de las tareas más inmediatas e informe sobre sus logros a la CICAD en su trigésimo sexto período ordinario de sesiones que se llevará a cabo en Republica Dominicana”. (CICAD/doc.1313/04) 

Conforme a lo resuelto por la Comisión, el Grupo de Expertos para el control de Lavado de Activos fue convocado para reunirse en Washington D.C., entre el 13 y  el 15 de Julio de 2004 y asistieron como miembros del mismo los siguientes países: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Republica Dominicana, Saint Kitts & Nevis, Uruguay y Venezuela. 

REUNION PREVIA DE LOS SUBGRUPOS DE TRABAJO 

En la Reunión del Grupo de Expertos llevada a cabo en Noviembre de 2003, el pleno acordó crear 2 subgrupos de trabajo que tratarían los temas del Decomiso y la Autonomía del Delito de Lavado de Activos. Cada subgrupo debería presentar las conclusiones del estudio realizado en la siguiente Reunión del Grupo de Expertos. 

            El día previo a la reunión del Grupo de Expertos, se reunieron los dos subgrupos de trabajo con la finalidad de coordinar sus presentaciones ante el pleno. Asistieron los representantes de Estados Unidos (coordinador), Colombia, Guatemala, Republica Dominicana, Chile, Belice, Argentina, Bolivia para el subgrupo de Decomiso y, los representantes de Uruguay (coordinador), Bolivia, Estados Unidos y Brasil para el subgrupo de Autonomía del Delito. 

II. SESION DE APERTURA, SESIONES DE TRABAJO Y SESION DE CLAUSURA   

SESIÓN INAUGURAL 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Bolivia, Sr. Víctor Hugo de la Barra, en su calidad de Presidente del Grupo de Expertos, quien resaltó la labor que realiza la CICAD para encontrar mejores elementos para la lucha contra el lavado de activos y exhortó a las delegaciones a poner su mejor esfuerzo en los temas que se encuentran en la agenda de la reunión.  

Se celebraron seis sesiones plenarias, en las que se trataron los asuntos contenidos en la agenda:

 

1.         Aprobación de la Agenda y Revisión de Temas

2.         Consideración del mandato del Grupo Ad Hoc en Delincuencia Organizada

3.         Consideración de las Técnicas Especiales de Investigación

4.         Presentación de las conclusiones del subgrupo de autonomía del delito.

5.         Presentación de las conclusiones del subgrupo de decomiso

6.         Presentación de Tipología: Casas de cambio y Remitentes de dinero.

7.         Presentación de Técnicas Especiales de Investigación.

 SESIONES DE TRABAJO 

1.- Temario, Orden del Día y Consideración general de asuntos 

El proyecto de Temario fue aprobado con las modificaciones propuestas por el señor presidente, que se refirieron a que no se presentaría la exposición de Colombia sobre extinción de dominio, dado que la delegada de dicho país no pudo viajar por razones de fuerza mayor. 

2.- Consideración del mandato del Grupo Ad Hoc sobre Delincuencia Organizada 

            Teniendo como base el documento de Antecedentes sobre Crimen Organizado,  la Secretaria realizó una presentación sobre el tema, y a consecuencia del debate surgido en el pleno, el Grupo de Expertos aprobó lo siguiente: 

            No tratar ningún aspecto relativo a la creación de un grupo de expertos sobre crimen organizado, porque quien debe decidir este aspecto es la Comisión y su Secretaria. 

            En caso que la CICAD, de acuerdo al plan de acción presentado por el Grupo Ad Hoc sobre Delincuencia Organizada, decidiera el desarrollo de un Reglamento Modelo sobre Delincuencia Organizada, el Grupo de Expertos informará a la Secretaria sobre aquellos puntos referidos al lavado de activos que deberían ser incluidos en el mencionado Reglamento Modelo. Si así lo decidiera, la CICAD podrá convocar a expertos de diferentes grupos ya constituidos en su interior a efectos de analizar la temática del crimen organizado. A pesar que se propuso que el grupo de expertos se encargue del estudio de posibles reformas al Reglamento Modelo, incluyendo determinadas disposiciones que reflejen los avances de  la Convención de Palermo y que puedan ser aplicables a casos de lavado de activos, no fue alcanzado acuerdo alguno 

            Con referencia a este último punto, fue la Secretaria, a solicitud de la Delegación de México y  Colombia, presentó una lista sobre aquellos temas desarrollados en el marco de la Convención de Palermo y que podrían ser incluidos en el Reglamento Modelo. En este punto, el Grupo de Expertos agradeció a la Secretaria la presentación de la lista, que sería tomada en consideración para el estudio posterior de los temas vinculados a la criminalidad organizada. La lista contenía los siguientes temas: 

  • Definiciones

 

    1. Grupo Delictivo Organizado
    2. Grupo Estructurado
    3. Entrega Vigilada

 

  • Agravamiento del delito por pertenecer a un Grupo Delictivo Organizado (Modificación del Artículo 2)
  • Responsabilidad de Personas Jurídicas (tener en cuenta que las definiciones del RM incluye persona tanto física como jurídica)
  • Reparto de Bienes decomisados
  • Uso de Bienes decomisados
  • Investigaciones Conjuntas
  • Técnicas Especiales de Investigación
  • Protección de testigos
  • Cooperación eficaz (reducción de sentencia; “plea barganing”, etc.)

 

3.- Consideración de las Técnicas Especiales de Investigación   

            La Secretaría presentó el tema referido a las Técnicas Especiales de Investigación dentro del marco de la Convención de Palermo. La presentación tuvo como objetivo hacer referencia a técnicas tales como las operaciones encubiertas, entrega vigilada y la escucha telefónica, e informar a las delegaciones cómo fue tratado dicho tema en la Ley Modelo de las Naciones Unidas.   

            Así mismo, Michael Motta, Larry Schneider and Jim Alsup, Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos realizaron una presentación sobre el uso que en Estados Unidos se hace de las Técnicas Especiales de Investigación. 

            El Sr. Motta señaló que las técnicas especiales están conformadas por tres grupos: uso de informantes, entregas controladas y la vigilancia electrónica. La presentación abarcó en detalle cada una de las técnicas, explicándose el funcionamiento y el efecto  de cada una de ellas aplicadas a las investigaciones de casos de lavado de activos. 

4.- Consideración del Decomiso  

El subgrupo de Decomiso presentó los resultados del trabajo realizado, determinando que se deberían desarrollar cuatro temas: 

·         Cooperación Internacional, incluyendo el secuestro de bienes y el cumplimiento de sentencias extranjeras.

·         Elemento Probatorio y presunciones legales en procedimientos de decomiso.

·         Decomiso que no se basa en una condena penal (Extinción de Dominio)

·         Mantenimiento y Administración de los bienes decomisados 

            El subgrupo propuso la continuidad del mismo, haciendo una subdivisión en 4 equipos de trabajo según los temas mencionados. Estos equipos presentarían un proyecto, el mismo que seria circulado a todos los países con la finalidad de obtener sus comentarios u observaciones previamente a la próxima reunión del Grupo de Expertos a realizarse en Bolivia en el año 2004. Los expertos resolvieron que el subgrupo se reuniría en Bolivia, un día o dos antes que lo hiciera el Pleno de Expertos, para elaborar el proyecto final que seria presentado al Grupo.  

5.- Consideración del nexo entre el delito de lavados de activo y el delito precedente 

            La delegación de Uruguay, en calidad de coordinador del subgrupo de trabajo, presentó sus propuestas de modificación del articulo 2 del Reglamento Modelo, “(DELITOS DE LAVADO”) considerando los estudios realizados por la CICAD e indicadores del MEM, así como instrumentos internacionales, específicamente la Convención de Palermo. 

            La delegación de Uruguay enfatizó que el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos es diferente al bien jurídico protegido del delito precedente, con lo cual la autonomía del delito es indiscutible. 

 6.- Consideración de Tipologías 

La Delegación de Bolivia realizó la presentación de un caso regional sobre las empresas remitentes de dinero y casas de cambio. 

 

III.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

1.- Del mandato del Grupo Ad hoc sobre Delincuencia Organizada

 

            l El Grupo de Expertos redactó un documento de acuerdo con la siguiente cláusula:

 

“El Grupo de Expertos solicita que la Secretaria prepare un informe acerca de los elementos que, en el marco de la Convención de Palermo, son relevantes para el combate al crimen organizado en el Reglamento Modelo,  para que el mismo sea sometido a consideración del Grupo antes de su próxima reunión para elevarlo, a su turno, al plenario de la CICAD. Con este objetivo el grupo de expertos solicita a la Secretaria que acepte de parte de las delegaciones la información relativa al crimen organizado que este dentro de la competencia especifica del Grupo de Expertos, de modo que cumpla con el mandato otorgado por la Resolución 2026 de la Asamblea General y evaluar la relevancia de incorporar nuevos aspectos en el Reglamento Modelo.

 

       El informe a partir de los datos aportados por los países debe ser presentado antes de la próxima reunión del Grupo, a realizarse en Bolivia en 2004 para que el Grupo lo considere y eleve sus conclusiones a la Comisión en su trigésimo sexto período de sesiones que se llevará a cabo en noviembre de 2004.

 

2.- De las Técnicas Especiales de Investigación. 

       El Grupo llegó al siguiente acuerdo que fue presentado por escrito a la Secretaría:

 

  • “Reafirmando el Plan de Trabajo vigente,  el Grupo identificó el área de técnicas especiales de investigación como una que es importante tanto para la obtención de prueba en casos de lavado de activos, así como para combatir otros aspectos del Crimen Organizado

 

  • “Reconociendo que la consideración en general para el establecimiento de técnicas especiales de investigación requiere un estudio meticuloso, la coordinación estrecha con otras áreas de la CICAD y de la OEA así como una mejor organización del trabajo, el Grupo recomienda que se realice una reunión extraordinaria del Grupo con otras áreas de la CICAD y de la OEA para examinar en su totalidad los aspectos de las técnicas especiales de investigación y determinar las prioridades y un plan para el desarrollo de este tipo de técnicas

 

·         “Con este objetivo El Grupo de Expertos también solicita que la Secretaria requiera a las delegaciones la información necesaria para preparar un informe acerca del uso de técnicas especiales de investigación en el Hemisferio, como medida previa a la reunión extraordinaria del Grupo, todo ello teniendo en cuenta la información disponible que brinde el MEM”

 

Dado el acuerdo trascrito la Comisión deberá resolver en su próxima reunión de noviembre de 2004 si se convoca la reunión extraordinaria sugerida por el Grupo de Expertos, y, si así fuera, la Secretaría deberá presentar en esa ocasión el informe solicitado.

 

 

El Grupo de Expertos  recomienda a la Comisión que en su próxima sesión de noviembre de 2004 apruebe la inclusión del siguiente artículo en el Reglamento Modelo sobre lavado de activos:

Nuevo Artículo

 

Artículo 3bis      TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

 

            Para seguir una investigación eficaz contra el lavado de dinero, actividades delictivas graves y para fines de decomiso, se debe desarrollar y utilizar técnicas especiales de investigación, tales como la escucha telefónica, agentes encubiertos, informantes, entrega vigilada y cualquier otra técnica regulada en la ley interna, en aplicación de las convenciones internacionales relacionadas con la materia

4.-  De la Autonomía del Delito.

 

El Grupo de Expertos  recomienda a la Comisión que en su próxima sesión de noviembre de 2004 apruebe la inclusión del siguiente artículo en el Reglamento Modelo sobre lavado de activos:

Reforma al Artículo 2

 

Articulo 2 DELITOS DE LAVADO

 “6. Los delitos mencionados en este artículo, serán tipificados, investigados, enjuiciados y sentenciados por el tribunal o la autoridad competente como delitos autónomos de cualquier otro crimen, no siendo necesario que se sustancie un proceso penal respecto a una posible actividad delictiva grave.” (se agrega la frase en itálicas)

“7.  La persona que cometa un delito de lavado de activos y una actividad delictiva grave vinculada al mismo, podrá ser condenada por ambos.”

Traducción del articulado original de la OEA Washington.

 

 

 

 

 

 

 

 

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