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VICTORY ACT

 

Acta de la victoria  (*)

 

 

Diapositiva del curso: Logística e Inteligencia de negocios en la Globalización (Ver)

 

(*) Segunda parte de la ley del Acta Patriótica de los EE.UU.

 

 Esta Ley, conocida como "Victory Act" es muy poco conocida a nivel mundial, por tratarse de una recopilación de los artículos contenidos en el "Acta Patriótica" y su reglamentación,  esta ley hace revisiones y sirve como guía para aplicación del paquete Congresional como se denominan las leyes referentes al lavado de dinero y activos, el crimen de cuello blanco, y el fraude corporativo. Para mi propia interpretación es como si se tratase de "las garras y los colmillos" del tigre, que provee de herramientas disuasivas y sentencias ejemplarizantes a quienes violen cualquiera de estas leyes. Por ejemplo; establece claramente el mecanismo para la confiscación de bienes, (extinción de dominio), procedimientos de investigación, como interceptación de comunicaciones, extrajurisdiccionalidad y extraterritorialidad, es el interlace, entre la ley Patriótica y la ley Sarbanex-Oxley en el combate frontal contra el narcotráfico, y el financiamiento al terrorismo. 

 

Danilo Lugo C. Ph.D. 

U.S. InterAmerican Affairs

                

 

 

PROCEDIMIENTO ANTI-LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS Y APLICACION DE LA LEY EXTRATERRITORIAL

 

Tomado del libro Auditoria Forense (click en la portada)

 

 

 

 

1.2  Sección 229 Omisión o falsedad en reporte de transacciones, mala práctica, negligencia, ceguera intencional y responsabilidad de la persona jurídica.

 

“Confiscación de valores o dinero en efectivo, incluso propiedades por el delito de encubrimiento o falsedad en el reporte de transacciones financieras”.

 

En el Capitulo VII, denominado Delitos Financieros, al Título XII del Libro segundo del Código Penal en Panamá,  comprende:

 

Artículo 393 B Quien destruya, oculte o falsifique los libros de contabilidad, otros registros contables, estados financieros u otra información financiera de una persona natural o jurídica, con el propósito de obtener, mantener o extender una facilidad crediticia o de capital de una entidad bancaria, empresa financiera u otra que capte o intermedie con recursos financieros del público o que la hayan sido confiscados a ésta, de modo que resulte perjuicio, será sancionado con prisión  de 4 a 7 años.

 

Con respecto a este punto entrevistamos al abogado penalista de nacionalidad colombiana, experto en temas jurídicos sobre lavado de activos, Doctor  Juan Pablo Rodríguez Cárdenas  (*) quien nos comenta lo siguiente:

 

“...Con ocasión de los fatales hechos sucedidos el pasado 11 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos, y concretamente su parlamento, expidió el 3 de enero de 2001 la ley de patriotismo H. R. 3162 como una norma “para disuadir y castigar actos del terrorismo en los Estados Unidos y alrededor del mundo” tal y como su propio texto lo indica.

 

Es así como en el mundo de hoy la globalización ha tocado todos los espacios de relación como la economía, el derecho, las instituciones públicas y privadas, etc., por el lado de lo positivo, pero no es menos cierto que también ha influenciado la delincuencia, la corrupción, el terrorismo y todas aquellas formas de causar daño en la sociedad por el lado de lo negativo.

 

En el primer caso, las relaciones comerciales han rebasado las fronteras para empezar a gestar negocios que incluyen diversidad de bienes y servicios que son ofrecidos de manera global por las llamadas multinacionales, de la misma forma en lo jurídico la internacionalización de los estatutos también se ha hecho patente como ocurrió con la creación de la Corte Penal Internacional, y lo mismo sucede con las instituciones del sector público y privado. Para el segundo caso, tenemos que la delincuencia, la corrupción y el terrorismo dejaron de ser problemas individuales y asilados para convertirse en un flagelo denominado “Crimen Organizado” o “Empresas Criminales” que se valen de aparatos organizados de poder con distribución de funciones y jerarquías que les permite funcionar y diseminarse por todo el mundo. En uno y otro caso existe un denominador común: la Internet.

 

Con este medio de comunicación, cualquier persona u organización pública o privada, legal o ilegal, que tenga acceso a una computadora tiene el mundo a sus pies, es decir, que se trata de un vehículo que tiene la capacidad de poner en contacto información y personas en un abrir y cerrar de ojos.

 

Por lo anterior, la Ley Patriótica es la manifestación normativa y económica más clara del proceso de globalización y al mismo tiempo es producto de la crisis de la políticas de seguridad que sólo estaban preparadas para contrarrestar ataques con medios convencionales. En ese sentido, debe destacarse que el espíritu del legislador estadounidense es atacar el terrorismo y el lavado de dinero, a través del sentimiento patriótico.

 

En consecuencia, la ley de patriotismo se caracteriza por ser una forma de control social institucionalizada que se manifiesta en una tendencia evolutiva y de semejanza respecto de los estatutos jurídicos que regulan esta materia haciendo uso de mecanismos de represión y control. Así las cosas, la ley patriótica pretende controlar desde todos los puntos de vista conductas ilícitas como el terrorismo y el lavado de dinero acudiendo a la restricción de libertades individuales y mecanismos de decisión eficaces que sean capaces de enfrentar situaciones de extrema urgencia. De la misma forma, se quiere llegar a un estado de convergencia entre los sistemas normativos del mundo que asegure la cooperación internacional desde la óptica jurisdiccional, económica y de autoridad a fin de prevenir, controlar y reprimir estos flagelos a través del uso de los recursos tecnológicos.

 

En ese orden de ideas y siguiendo el derrotero de la ley patriótica, la Ciberdelincuencia debe ser contrarrestada con acciones específicas que  materialicen las características propias de este instrumento jurídico por medio de  la  Cooperación Internacional a la que ya hicimos referencia, el establecimiento de Centrales de Inteligencia, de tribunales de Juzgamiento, la creación de un Fondo contra el Terrorismo y el Lavado de Dinero, todo esto bajo la supervisión de principios y reglas de universal aceptación como las de Basilea. No obstante lo anterior, también deben dirigirse todos los esfuerzos para combatir  la corrupción, el delito informático y el contrabando a través de la creación de nuevos estándares internacionales.

 

Con todo, la ley patriótica se preocupó por regular los instrumentos necesarios para atacar al terrorismo y el lavado de dinero. En el caso del terrorismo desde la Sección 201 hasta la 225, regula la materia estableciendo facultades a las autoridades para interceptar comunicaciones orales, escritas o electrónicas, conocer de investigaciones criminales, vigilar a presuntos sospechosos a través de seguimientos, realizar la búsqueda y respectiva captura de los mismos fuera de los Estados Unidos, obtener información de organismos de inteligencia extranjera y realizar allanamientos. Por el lado del lavado de dinero desde las Secciones 312 hasta la 365, se dispuso el incremento de las políticas de debida diligencia para la banca privada y cuentas corresponsales y el conocimiento del cliente y de las otras instituciones financieras a través del FINCEN poniendo en marcha estándares mínimos en sus procedimientos, la prohibición para las instituciones financieras de tomar cuentas corresponsales con Bancos Pantalla en el exterior, la creación de procedimientos para que estas instituciones compartan entre sí información sobre clientes, lavado de dinero y terrorismo, se autorizó al Departamento del Tesoro para prevenir el uso de “Cuentas de Concentración” por parte de los clientes y así mismo se prohibió informarles de su existencia; la necesidad de la creación de “programas antilavado” para los corredores bursátiles, negocios de servicios monetarios, tarjetas de crédito y fondos, y para los negocios no financieros se obliga a sus administradores a registrar informes de transacciones en efectivo bajo la Ley de Secreto Bancario.

 

Como se puede ver resulta imprescindible el tratamiento jurídico del terrorismo y el lavado de dinero, ya que por medio de la legalización de los dineros provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico principalmente, se están financiando los actos terroristas más atroces, poniendo al servicio de la Ciberdelincuencia las instituciones financieras en el manejo de ese dinero sucio y la inversión del mismo en negocios lícitos que les reporte mayor ganancia, convirtiéndose esto en un problema cíclico al que debe ponérsele freno.

 

Por tanto, estos dos delitos que tienen consagración normativa en el mundo entero encuentran sus caminos al tratar el tema de la Reserva Bancaria, en el que como se vio y de acuerdo con la ley patriótica, es dable hacer interceptaciones y allanamientos aún fuera de los límites del estado en el que se presente cada una de estas conductas ilícitas, para traspasar las fronteras de toda la Unión Americana. Sin embargo la ley va mas allá con su “longa manus”, al establecer en el Subtítulo C que regula el tema de Crímenes y Protección, en la Sección 377, la Jurisdicción de Extraterritorialidad que supone la facultad de las autoridades norteamericanas para perseguir cualquier extranjero en cualquier lugar del mundo que ejecute cualquier acción constitutiva de terrorismo o de lavado de dinero que vaya en desmedro de los Estados Unidos.   

 

Así las cosas, se tiene a la Ley patriótica como un ejemplo normativo y económico de la globalización que se levanta como una excepción al principio de territorialidad de la ley en cada Estado, y al contrario propende por la colaboración internacional en la lucha contra delitos trasnacionales como el terrorismo y el lavado de dinero sacrificando las libertades individuales para restringirlas en virtud de una defensa a ultranza de la seguridad mundial. En ese sentido, debe destacarse cómo esta excepción no se compadece con los principios más caros de un Estado de Derecho que es el que reina en la mayoría de países del orbe. Con lo anterior, queremos resaltar una de las posturas que sobre la materia se ha discutido; pero sin embargo surge otra según la cual si no fuera por esa restricción de libertades ¿cuál sería la forma de perseguir a estos delincuentes y poner freno a estos delito?, la respuesta no se hace esperar y proviene de otro principio general del Derecho conforme al cual debe primar el interés general sobre el particular, y en ese sentido se justifica la restricción de libertades individuales en pro del bienestar colectivo por un lado, la política mundial de seguridad por el otro, como si lo anterior no fuera poco para el caso de la Cyberdelincuencia se argumenta que la forma de contrarrestarla es utilizando los mismos instrumentos y recursos tecnológicos de los delincuentes para lograr controlar y reprimir esas conductas. 

 

Sea que se acoja una postura u otra, lo cierto es que la ley patriótica tiene aplicación y vigencia en todo el mundo, y de la misma forma vincula los delitos de terrorismo y lavado de dinero bajo mecanismos de prevención y control que deben ejecutar las instituciones financieras, evitando de esta manera el arbitraje normativo, ya que para los delincuentes encontrar puerto seguro para efectuar sus actividades ilícitas será bastante difícil...”

 

 

 

1.3  Análisis de operaciones de blanqueo de capitales que infringen esta norma.

 

Uno de los casos más sonados en los últimos tiempos que tiene que ver con la infracción de esta norma, está dado en República Dominicana  con el banco Baninter demandado por supuesto artífice de fraude bancario relacionado con lavado de dinero y publicado el 30 de Marzo de 2004 en el diario “The Wall Street Journal Américas”.

 

“...La demanda que abarca acusaciones de asociación para delinquir, fraude cablegráfico y lavado de dinero pide US$102 millones por concepto de daños a  Álvarez Renta ex - embajador dominicano en Francia y alto asesor en República Dominicana.

 

De ciudadanía dominicana y estadounidense, Álvarez Renta tiene una residencia en Coral Gables, Florida.  Acusado de varios cargos de fraude bancario y delitos afines al lavado de dinero en República Dominicana, Álvarez Renta fue detenido allí el año pasado pero luego puesto en libertad por razones médicas mientras espera juicio y continúa viajando entre ambos países”.

 

“Se trata del paso inicial en una búsqueda mundial”, dice C. Thomas Tew , abogado que representa a la comisión de liquidación.  La demanda también acusa a Álvarez Renta de “comprometer” tres bancos en Miami en su plan de cometer fraude en Baninter y esconder fondos robados en Estados Unidos.

 

Según la demanda internacional Bank of Miami NA, Hamilton Bank NA y BankAtlantic NA prestaron millones de dólares a empresas controladas por Álvarez Renta .  Los préstamos fueron garantizados por letras de crédito emitidas por Baninter a favor de los bancos de Miami.

 

Álvarez Renta utilizó los fondos de Baninter para pagar cada uno de los préstamos otorgados por los bancos de Miami a sus empresas y así ayudar a robar millones de dólares al banco.

 

La demanda describe “un patrón de conducta tradicional de fraude y lavado de dinero”  y agrega que. Desde el Congreso de EE.UU. aprobó la ley Patriot en octubre de 2001, los bancos han tenido que practicar una diligencia debida mejorada al gestionar cuentas de extranjeros influyentes y los bancos extranjeros corresponsales.

 

Las entidades mencionadas en la demanda deben poseer documentación detallada para explicar los préstamos y podrían estar expuestas a las leyes de lavado de dinero de EE.UU.

 

Baninter, el tercer banco de República Dominicana, se derrumbó el año pasado como consecuencia de lo que los investigadores del Banco Central consideraron fraude de US42.200 millones.  La caída del banco asestó un fuerte golpe a la economía dominicana, que en la década de los 90 había logrado excelentes resultados en América Latina.

 

Comentario

 

Las pruebas en la investigación forense realizadas al caso del banco Baninter lo relaciona con blanqueo de capitales y lavado de dinero en razón a la creación de un banco paralelo mediante el cual se ocultan múltiples transacciones y a su vez se reportan estados financieros con omisión y falsedad lo cual constituye mala práctica, negligencia ceguera intencional  y responsabilidad del gobierno corporativo y la persona jurídica.

 

La comprobación del fraude se resume así.

 

 

El agujero comenzó a generarse en 1989, cuando se pone en marcha un banco paralelo donde de mantenían activos y pasivos fuera de los estados financieros que se entregaban a la Superintendencia de Bancos.

 

Otro de los elementos que conforman el agujero son los intereses pagados sobre los depósitos que Baninter mantenía fuera de libros, lo que se estima en cerca de RD$22,000 millones.

 

Cancelación fraudulenta de los sobregiros, es decir, fueron borrados totalmente de los libros.

 

Aprobación de préstamos especiales y confidenciales a vinculados sin documentación de soporte ni garantías.

 

 

Durante el período enero - marzo del 2003, funcionarios de Baninter instruyeron a subalternos para que borraran de los libros sobregiros, adelantos de cartas de crédito, préstamos especiales y confidenciales, por un monto aproximado de RD$16,766 millones.

 

Caso Cheques sin fondos de BankInvest certificados por Baninter para comprar dólares   utilizados supuestamente para pagar deudas Baninter en el exterior

 

 

 

1.4 Sección 231 Autoridad para intervención telefónica o de cualquier tipo de comunicación, para delitos de tipo financiero y lavado de dinero.

 

Este hecho ha generado en todos nuestros países modificaciones a las leyes penales, a través de estatutos antiterroristas bastante cuestionados por el temor a infringir derechos civiles de los ciudadanos

 

La Ley de la Victoria parece ser un intento por combinar la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el narcotráfico en una misma campaña. Comprende una larga lista de cláusulas destinadas a ampliar las facultades del gobierno para investigar, intervenir las comunicaciones, y procesar y encarcelar a los fugitivos, los que se dedican al lavado de dinero, los "narcoterroristas" y los narcotraficantes no violentos.

 

Entre otras cosas:

Permitiría al FBI la obtención de una orden para intervenir las comunicaciones de los dispositivos inalámbricos, como ser un teléfono celular, a través de cualquier tribunal de distrito de ese país

Obliga a los demandados que están tratando de lograr la invalidación de pruebas obtenidas a través de escuchas ilegales a demostrar que la policía violó dicha reglamentación en forma intencional

Reduciría las restricciones al acceso gubernamental a registros financieros confidenciales

Brindaría al gobierno mayores facilidades para incautar o inhibir los bienes de aquellas personas acusadas de lavado de dinero

Aumentaría el poder del FBI para enviar citaciones por cuenta propia en casos de investigaciones relacionadas con el terrorismo sin necesidad de dar intervención a un juez

 

Jurisdicción Extraterritorial.

 

La ley antilavado de Estados Unidos establece que tiene “jurisdicción extraterritorial” si la “conducta prohibida... es por un ciudadano estadounidense, o en caso que no fuere ciudadano estadounidense, la conducta ocurre parcialmente en Estados Unidos” e involucra más de US$10.000. Esto puede incluir la colocación de una orden de pago en un país extranjero vía transferencia de fondos que pasa “por, a través o hacia una institución financiera en Estados Unidos”.

 

1.5 Análisis de casos de entidades financieras que han sido intervenidas mediante la congelación de fondos a través de su corresponsal.

 

A un reconocido banco en Colombia le fueron congelados US$2 millones  a través de su corresponsal, por hacer operaciones  con un cliente que está incluido en la lista OFAC.

 

Es de anotar que la extensión de la ley Patriota da poder extraterritorial, es decir un alcance más allá del territorio norteamericano y recordemos que cuando se diligenciaron los formularios que garantizaban la presencia física de nuestros bancos  estábamos firmando la aceptación de congelamiento en el caso de presentarse operaciones relacionadas con lavado de dinero y activos.

 

1.6  Sección 232 Investigación y confiscación de propiedades y garantías.

 

Reconocimiento y autoridad para los casos de investigación y confiscación de propiedades producto de delitos específicos catalogados como “delitos mayores”. (Explicación verbal por parte de los expositores).

 

Análisis de casos ocurridos en América Latina, relacionados con pérdidas de garantías de bancos que desconocían el origen de fondos con las cuales fueron adquiridas.

 

1.   Teniendo en cuenta que el lavado de dinero y activos no solo proviene de actividades de narcotráfico,  sino también de corrupción administrativa y  evasión fiscal entre otros, la nueva ley, se extiende a cubrir la impunidad reinante observada en funcionarios públicos que gozan de sus fortunas inclusive en el mismo Estados Unidos.

 

Expropiarán bienes de latinos corruptos.  Fuente: El Nuevo Herald, 16 de septiembre de 2002.

 

El gobierno de Bush no sólo les está cancelando las visas a funcionarios públicos corruptos de Latinoamérica sino también las de empresarios y banqueros privados que roban a sus gobiernos o a ciudadanos. Se les han cancelado ya visas a funcionarios nicaragüenses y ecuatorianos vinculados con casos de corrupción en sus países. “Están destruyendo vidas, quitándoles la comida de la boca a los niños y pobres. Los fondos públicos deben dedicarse a la salubridad, educación, nutrición y vivienda”.

 

Otto Reich, Subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos dijo que el gobierno de Bush “ha cancelado un buen número de visas” de funcionarios latinoamericanos, pero quiere ampliar su campaña contra la corrupción. Agregó que se está estudiando la posibilidad de confiscar propiedades que funcionarios latinoamericanos corruptos compren en Estados Unidos; “estamos colaborando con el Departamento de Justicia para ver cómo lo podemos hacer”.

 

Cualquier intento de confiscar bienes de funcionarios o exfuncionarios públicos latinoamericanos presuntamente corruptos sería una estrategia nueva que probablemente impactaría al sur de la Florida, destino predilecto de los nuevos ricos de América Latina. Reich indicó que una campaña de ese tipo podría llevarse a cabo en cualquier parte de Estados Unidos.

 

Según informes de prensa, en el 2002, el gobierno de E. U. ha cancelado la visa a más de 20 prominentes guatemaltecos, entre ellos un general retirado del ejército, y a varios ex - funcionarios que trabajaban con el ex - presidente Portillo.

 

El alto riesgo que viven las entidades financieras  respecto a las garantías que reciben por los créditos que otorgan, se presenta cuando proceden de fondos ilícitos ya que con esta nueva ley pueden ser confiscadas por autoridades de cada país.

 

Un caso ocurrido en Febrero de 2004 en Colombia nos permite reflexionar sobre este riesgo:

 

A criterio de un juez especializado, un banco debió conocer primero la actividad económica desplegada por su cliente y no suscribirse a verificar sólo la capacidad de pago.  Para ello, tuvo que haber realizado todas las diligencias necesarias para conocer quien era en realidad el titular del crédito hipotecario para evitar ser utilizada para el ocultamiento o distracción de recursos provenientes de actividades ilícitas.

 

“El hecho que el banco se haya atenido religiosamente a la regulación en materia civil y de comercio no lo exoneraba del deber objetivo de prevención que tiene toda sociedad  controlada por la Superintendencia Bancaria”, aseguró el juez en su providencia.

 

En su fallo establece que las actividades delictivas de la mujer y sus hermanos no se suscribieron solo a la época de su captura.  Con base en las pruebas obtenidas por las autoridades estadounidenses, los Lara Nausa operaban desde 1995 y un informe de inmigración del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estableció que los viajes a Estados Unidos de María Margarita fueron constantes desde 1990.  además, la mujer adquirió  el inmueble el mismo día que constituyó la hipoteca.

 

Concluyó en la sentencia que no se podían aceptar los postulados de buena fe o exención de culpa esgrimidos por el banco.  Por el contrario, consideró que no aplicó los mecanismos de control contemplados en la ley.

 

 

Los recientes fallos y sentencias jurídicas de las autoridades colombianas en Diciembre del 2003, en la cuales se ordena la extinción de dominio a bienes inmuebles que en su momento pertenecieron a reconocidos narcotraficantes, pone nuevamente en el tapete reclamaciones de personas naturales y jurídicas que los adquirieron de buena fe.

 

Lo cierto es que las acciones jurídicas se soportan en investigaciones que arrojan pruebas convincentes (Auditoría Forense) mediante las cuales se determinó que la mayoría de bienes estuvieron en cabeza de empresas de fachada o personas incluidas en la lista del tesoro de los Estados Unidos, OFAC.

 

Por su parte, algunos de los propietarios afectados demostraron la legitimidad y el origen lícito de los fondos con los que adquirieron los inmuebles y la justicia ordenó el reintegro del dinero invertido.

 

Los indicios iniciales que permitieron la consecución de evidencias, que posteriormente se convirtieron en pruebas, sirvieron para que la justicia comprobara el juego de transacciones irreales, ante la ausencia de documentos que acreditaran el valor de los inmuebles, así como las inconsistencias en las escrituras registradas en las diferentes notarías.

 

Los análisis contables a las sociedades investigadas reflejan el vertiginoso ascenso de sus capitales, sin precisar el origen de los fondos y respaldados en comprobantes y estados financieros no válidos.

 

Reflexión

 

El caso anterior debe colocar en alerta especialmente a bancos que reciben garantías reales sin los debidos estudios de su tradición, entidades que aseguran bienes sin conocer su procedencia, fiduciarias que administran bienes y que pueden ser usadas como testaferros, entidades financieras captadoras de recursos que pueden ser ilícitos, empresas en general  que se financian con capitales desconocidos y personas naturales que manejan preferiblemente efectivo, desconociendo su origen.

 

En la publicación del diario la República del 14 de marzo de 2004 se observa como un juez al fallar un proceso de extinción de dominio, solicita la investigación a un importante banco por su negligencia al no aplicar en forma debida los mecanismos de control para establecer las actividades económicas desplegadas por sus clientes.

 

Se suma a estos riesgos el hecho de la creación en Colombia a partir de marzo de 2004  de las llamadas unidades “Falcone” en honor al juez italiano Giovanny Falcone símbolo de la lucha contra la mafia asesinado en la década pasada, las cuales serán integradas por profesionales expertos en investigación legal, quienes detectarán establecimientos comerciales y propiedades producto del narcotráfico, secuestro, extorsión o actos de corrupción; para aplicarles extinción de dominio si sus propietarios no justifican la procedencia lícita de los recursos con los cuales fueron adquiridas.

 

Recomendaciones

 

Abstenerse de mantener cualquier vínculo laboral o comercial con personas naturales o jurídicas incluidas en la lista OFAC.

Solicitar estudios jurídicos de la tradición de bienes inmuebles analizando antecedentes de sus tenedores.

Conocer el cliente y su mercado mediante el análisis de estados financieros y no financieros razonables y avalados por profesionales debidamente autorizados.

El permanente riesgo reputacional y de pérdida de activos por extinción de dominio que contempla  la ley universal Usa Patriot y Victory Act, deben ser un tema de continuo análisis por parte de la gerencia y el gobierno corporativo a través de sus comités de evaluación de riesgo y auditoría.

 

 

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Diapositiva del curso: Logística e Inteligencia de negocios en la Globalización (Ver)

 

1.8 Procedimientos técnicos legales para localizar el producto de delitos económicos sección 233 al 246.

 

Sección 233 Autoridad para desarrollar procedimientos y técnicas para localizar dinero producto de  “delitos económicos” y “lavado de dinero”.

 

Sección 234  Autoridad para compartir propiedad confiscada, con gobiernos y países cooperantes en investigaciones.

 

Sección 235 Autoridad para la confiscación de propiedades o  dinero productos de delitos económicos y financieros en custodia de un gobierno.

 

Sección 236 Autoridad para continuar con un caso de confiscación de propiedades y dinero de un acusado, aunque este muera durante el proceso, se continuará con la confiscación a sus sucesores.

 

Sección 238 Autoridad para confiscación de bienes y propiedades de prisioneros en custodia de las autoridades.

 

Sección 240 Admisibilidad de testimonio ante la Corte de los propietarios de bienes (o de terceros) durante el proceso de confiscación.

 

Sección 241 Autoridad de ampliación de la jurisdicción de las decisiones de los jueces y magistrados en  los casos de delitos mayores

 

Sección 242 Procedimientos técnico - legales para efectos de investigaciones y confiscación de valores y propiedades producto de actividades criminales.

 

Sección 245 Autoridad para actuar en casos juzgados por la Corte, y para continuar con la confiscación de acuerdo a investigaciones posteriores.

 

Sección 246 Detener y confiscar valores (documentos títulos valores) y dineros, en todas las fronteras de los EE.UU.

 

1.9 Estudio sobre la creación de unidades élites para rastrear dineros ilícitos

 

Las autoridades colombianas integrarán unidades élites para detectar en establecimientos comerciales y propiedades dineros producto del narcotráfico, el secuestro, la extorsión o de actos de corrupción, anunció el Ministro del Interior y Justicia.

 

Las llamadas unidades “Falcone” , llamadas así en honor del juez italiano Giovanny Falcone, símbolo de la lucha contra la mafia asesinado en la década pasada, estarán integradas por efectivos de la Policía Nacional, el servicio secreto y funcionarios de la Fiscalía.

 

Esos grupos visitarán haciendas, fincas, centros comerciales, edificios, restaurantes, discotecas y otras propiedades para establecer la posible presencia de dineros ilícitos.

 

Las unidades Falcone van a llegar a cualquier propiedad de la cual se presuma que proviene enriquecimiento ilícito.  Se preguntará la procedencia de los recursos.  Si los propietarios no pueden demostrar su origen lícito, se iniciará el proceso de extinción de dominio ( expropiación).

 

Según la iniciativa, los bienes que se compruebe fueron adquiridos con dinero ilícito pasarán a ser administrados por un fondo especial, a fin de que sean reutilizados en la lucha contra el crimen organizado.

 

“la posición del gobierno es muy clara en materia lucha contra el narcotráfico” , estos grupos élites serán ubicados en áreas estratégicas donde se sospeche la existencia de los bienes ilícitos.

 

El Ministro señaló que para llevar a cabo la iniciativa es necesario agilizar los procesos de expropiación de bienes ilícitos, para lo cual se deben reducir trámites burocráticos y aumentar la cantidad de jueces especializados en esos casos.      

 

1.10        Sección 307 Aumento y ajuste de las sentencias en casos de   conspiración y confabulación para casos de crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico, fraude, falsedad, delitos económicos y financieros.

 

1.11        Responsabilidad del oficial de cumplimiento, los integrantes del Gobierno Corporativo y los funcionarios institucionales según la ley Victory Act

 

Sobre el delito y su implicación legal:

 

“…Cualquier persona, en cualquier circunstancia, que manipule, importe, exporte, distribuya o intente cualquier tipo de sustancia controlada, o químico que sea utilizado en substancias controladas…”

 

 

“Que conspire o confabule o ayude, directa o indirectamente, o que de alguna forma se lucre pecuniariamente de este tipo de delito, que de alguna forma contribuya a la economía de organizaciones terroristas, o grupos que preparan actos terroristas, o grupos organizados de delincuentes armados…

 

 

“…Serán penalizados, de acuerdo a lo provisto en la sección B. No menos de 20 años a Vida en Prisión…”

 

“  Si hay una muerte o lesiones relacionada con la actividad criminal… No menos de 30 años a Vida. Y una multa que no exceda los 4 Millones…”

 

 

 

“Si es en contra de una persona ciudadana, o entidad de los EE.UU o bajo las leyes de los EE.UU. Y cualquier intento o acto cometido incluso fuera del territorio o jurisdiccion de los EE.UU..”

 

 

 

“En estos casos,  el gobierno No tendrá que probar que el acusado sabia o no, que una organización criminal había sido designada como (FOT) “Foreign Terrorist Organization” de acuerdo con las leyes del acta de nacionalidad de los Estados Unidos…”

 

 

“Anything of pecuniary value”. Este término implica  o significa el valor comercial o en dinero de un articulo o posesión, bien o titulo valor, confiscado, de acuerdo al titulo 18 Articulo 1 del código penal de la ley Federal de los Estados Unidos….”

 

National of the United States” …  “Este término legal significa de acuerdo a la sección 101 (a) (22) del Acta de Nacionalidad. Ciudadano de los Estados Unidos  … Art. 8 U.S.C. …” 

“…El término de “Offense within the scope o a treaty”  (Delito dentro del Alcance de un tratado) esta sujeto y amparado bajo la sección 2339 (e) (7) del titulo 18 U.S.C…”

 

 

 Danilo Lugo C.,  Ph.D.  Psicólogo Criminalista, experto en Logística e Inteligencia, desarrolla programas  prevención del crimen y la violación de la Ley. Autor de diferentes publicaciones: Auditoria Forense e Investigación legal, Delitos Económicos y Financieros, Fundamentos de la Etica y la Ley en el ejercicio profesional, Logística e Inteligencia de Negocios en la Globalización Etc.

 

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